Hoy es el Día de la Lucha por el Derecho al Aborto de las Mujeres en América Latina y el Caribe, motivo suficiente para que referentes civiles y legislativos critiquen que en la provincia este tema no sólo se soslaya, sino que además no se cumple con lo que el Código Penal dice respecto del aborto terapéutico ni de la ley nacional que impone como obligatoria la educación sexual en las escuelas.
La jornada fue instituida en 1990 para sensibilizar a los gobiernos en cuanto al avance en materia legislativa del acceso al aborto libre y seguro. Esto supone que el Estado debe ofrecer el aborto legal como un servicio de salud, y que las mujeres que se someten a uno ya no pueden ser penalizadas.
En Mendoza el aborto es un conflicto latente y que genera discusiones cuando surgen hechos como el ocurrido en 2006, cuando Ana Rosa Gazzoli logró la interrupción quirúrgica del embarazo de su hija Claudia Araujo (27), una discapacitada que había sido violada. La madre se amparó en un fallo basado en el artículo 86 del Código Penal que contempla el aborto no punible. En otro caso, a mediados de este mes el juez de Familia Germán Ferrer no autorizó el aborto a una niña de 12 años violada por su padrastro en Maipú.
Al decir de Karina Ferraris, delegada en Mendoza del Instituto Nacional Contra la Discriminación (Inadi), este tema “vuelve al tapete cuando salen a la luz hechos aberrantes, pero se sigue solapando. Pero lo más grave es que aquí no se cumple la ley y se violan los derechos humanos”.
Leer todo el artículoAseguró que a nivel nacional hay un millón de abortos por año, pero como son clandestinos no hay registro de los casos. “Más que la cifra hay que rescatar que penalizar no ha resuelto el que las mujeres cuando decidan interrumpir un embarazo no deseado no lo hagan. Esto acarrea un problema de salud pública, ya que en el país la principal causa de muerte en mujeres en edad reproductiva son los abortos inseguros”, señaló.
Además, consideró que en la provincia se suma un grave problema: “No se cumple la ley que permite el aborto no punible, lo cual también pone en riesgo al Estado de ser denunciado ante organismos internacionales de derechos humanos. Segundo: nos debemos un debate como sociedad en todos los ámbitos, y no hay que esperar a que un caso salga a la luz para tratar el tema”.
Desde lo legislativo, la senadora provincial por el ARI Alejandra Naman, quien trabaja en leyes referidas a la minoridad y adolescencia, se presentó como “una defensora de la vida, pero también de la libertad de conciencia. Quienes tenemos responsabilidad en política debemos trabajar en tareas de prevención, sobre todo en sectores más vulnerables. Hay mucha hipocresía en la sociedad, que mira hacia un costado mientras los embazaros adolescentes crecen en cantidad. Hay que buscar que la familia sea la responsable y el Estado esté presente a través de la prevención e información. Pero habiendo una ley nacional que impone la educación sexual en las escuelas en la provincia no se está cumpliendo, lo cual es muy grave”.
Diario Uno, 28 – 09 – 08
La Quinta Pata
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