Trabajadores de la educación pública iniciaron ayer un paro de 72 horas en demanda de mejores salarios. También se suman los maestros de la educación privada. El martes se movilizaron hacia Casa de Gobierno y hubo caos en el tránsito. Hoy realizarán una radio abierta en el microcentro.
Los docentes locales piden aumento salarial, la aplicación del 82 por ciento móvil, mayor presupuesto, asignación universal por hijo de 170 pesos, pago de zona a celadores y la cancelación del juicio por la antigüedad. Se concentraron este martes a las 11 en San Martín y Las Heras para marchar a Casa de Gobierno donde realizaron un acto desde las 13. Volvieron a criticar al Poder Ejecutivo y pidieron una mejora salarial.
Los celadores nucleados en SUCEND también realizan un paro de actividades.
Para el gremio el acatamiento durante la medida de martes llegó al 80 por ciento mientras que para el gobierno llegó al 49 por ciento.
"No es el salario justo pero es el que podemos pagar. Quiero actuar con responsabilidad mejorándoles las condiciones de trabajo a los maestros y tenemos que hacer un esfuerzo para no perjudicar a los chicos", dijo esta mañana Jaque.
También harán paro por tres días desde mañana los docentes privados. Piden aumento de sueldos y discutir en paritarias.
Mientras tanto, después de la polémica que se dio a partir del paro del 30 de julio en el que, según el gobierno escolar había planillas adulteradas por las directoras de algunos colegios con respecto a las cifras de acatamiento de la medida de fuerza, desde la Dirección General de Escuelas reiteraron que supervisores de ese organismo auditan escuelas al azar.
La idea es controlar quiénes se adhieren al paro y cómo se llenan las planillas en las escuelas, ya que las cifras de acatamiento son muy diferentes según la prensa, el sindicato y los escritos reales.
Además, ya se está realizando la investigación que pidió el gobernador Jaque y se supo que 19 escuelas ya mandaron rectificaciones a las planillas anteriores, mientras que serían 15 las que van a ser investigadas por la Dirección de Recursos Humanos y Asuntos Jurídicos, quienes luego informarán a la Junta de Disciplina para que aplique las sanciones correspondientes en caso de que fuese necesario, Además, desde la DGE no se descarta la posibilidad de que intervenga la Fiscalía de Estado si se comprueba que algunos delitos pueden quedar dentro de su órbita.
Diario Jornada Mendoza, 24 – 09 – 08
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