El bolsillo de los jubilados

Miguel Bonasso

Más allá de la clásica (y hartante) pulseada entre Gobierno y oposición, el debate parlamentario sobre el fin de las AFJP expresa una discusión, más profunda y abarcadora, sobre el papel del Estado. Mientras algunos sectores conservadores pretenden reinstalar los paradigmas de los 90 (todo lo público es malo, todo lo privado es bueno), un amplio consenso entre oficialistas y opositores progresistas se unificó circunstancialmente en la voluntad común de reconstruir el poder regulador del Estado.

Esto explica por qué el proyecto de ley para reinstaurar el sistema de reparto de las jubilaciones y pensiones contó en la Cámara de Diputados con 162 votos a favor y apenas 75 en contra, con una poblada asistencia que registró solamente 19 ausencias. Es decir, más de dos tercios de los votos. Lo que se llama una mayoría calificada.

Además, la casi totalidad de los discursos, incluso los pronunciados por representantes de fuerzas opositoras, coincidió en que la previsión social era una obligación estatal, según lo establece claramente el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Diputados y diputadas del radicalismo y de la Coalición Cívica defendieron el principio, aunque lo contradijeran después con su voto. Hasta Federico Pinedo (PRO) dijo que a él no le preocupaba quién administraría “la plata”, “ya sea un privado o el Estado”, sino que hubiera “mecanismos de control” para evitar que se la roben.

No se escucharon grandes argumentos en defensa de las AFJP.

Es que resulta difícil defenderlas. Fueron un engendro de Menem y Cavallo, procreado en el momento de auge nacional y global del neoliberalismo, a miles de años-luz de la crisis mundial del sistema financiero y la elección de un presidente negro en los Estados Unidos.
Leer todo el artículo

Su proceder perverso, que contribuyó al endeudamiento del país y al pago de jubilaciones miserables al sector pasivo, sólo benefició a los dueños de las administradoras. Su fracaso como sistema de previsión social se puede medir con datos contundentes, que muestran la distancia sideral entre lo que se prometió y lo que finalmente ocurrió en la realidad.

Se dijo que sería un sistema más barato que el público. Falso. Las AFJP han cobrado, en promedio, entre 1994 y 2006, un 33 por ciento del total aportado por los afiliados. Considerando el período 1999-2005, los gastos administrativos de la ANSES alcanzaron tan sólo el 1,6 por ciento de los aportes. O sea que las administradoras privadas resultaron veinte veces más caras que el Estado. Ese costo les permitió embolsar 21 mil millones de pesos hasta 2006. Lo que se llama una caja suntuosa.

El bueno de Cavallo dijo que el llamado sistema de capitalización les otorgaría a nuestros trabajadores enormes rentabilidades. En realidad, descontando las comisiones, la rentabilidad resultante fue realmente magra y, en el último año, en septiembre de 2008, llegó a ser negativa. Exactamente de menos 10,07 por ciento. Si a esto le sumamos la inflación, podemos decir que cada trabajador activo perdió en el último año un 30 por ciento de los aportes acumulados.

Por eso, el fondo total de las cuentas de capitalización descendió de 97 mil millones de pesos en marzo a los 79 mil millones de pesos registrados en octubre último.

También se dijo en los rugientes 90 que con las AFJP se reduciría la cantidad de trabajadores sin aportes. Ocurrió todo lo contrario: sólo un tercio de los trabajadores afiliados a una AFJP aporta de manera regular.

En aquella época se logró instalar el prejuicio de que los aportes previsionales registrados en una AFJP son más seguros que los registrados en el Estado. Un prejuicio que algunos siguen sustentando por ignorancia o mala fe. Dos datos precisos demuestran lo contrario. El primero ya lo expusimos antes: en el último año las cuentas individuales de capitalización perdieron un 30 por ciento de su valor de compra real. El segundo nos remite al decreto 1.495 emitido por el gobierno de la Alianza y promovido por los dueños de las administradoras. Establecía que a todo afiliado que no realizara aportes adicionales, igual se le cobraría una comisión a descontar de su fondo acumulado. Un dato que han olvidado algunos antiguos funcionarios y legisladores de la Alianza, que ahora defienden a capa y espada la intangibilidad de esos fondos.

Pero el sistema de las AFJP no sólo perjudicó a sus presuntos beneficiarios, sino también a los jubilados del sistema estatal. Entre 1995 y el presente, una parte importante de los aportes previsionales no fueron al pago de las jubilaciones, sino que se acumularon como fondos separados.

Esto significó un fuerte desfinanciamiento del sistema previsional y fue una de las causas por las cuales millones de jubilados debieron soportar, durante los años 90, la miserable jubilación de 150 pesos.

En suma: un fracaso social demoledor que obliga a la reforma del sistema. No creo que debamos esperar 30 años para confirmarlo. Por eso voté en la madrugada del viernes último por el establecimiento del sistema previsional público y espero que el Senado –que suele ser mucho más conservador– ratifique la media sanción consagrada en Diputados.

En medio de un fuerte debate sobre el destino de los fondos, propuse incorporar una cláusula transitoria, que no fue aceptada por el portavoz de la mayoría: utilizar los nuevos aportes que realizarán los antiguos afiliados de las AFJP que se incorporan al nuevo sistema (unos tres millones seiscientos mil, aproximadamente), para otorgar un pago extraordinario a todos los jubilados, en una escala proporcional que beneficiaría a los más necesitados.

El 3 de septiembre pasado, cuando sancionamos la movilidad de las jubilaciones, había propuesto (también sin éxito), que el primer aumento de esa movilidad fuera otorgado con retroactividad al 1 de agosto de este año y no el 1 de marzo de 2009 como quedó establecido. Pretendía ahora, con este pago extraordinario, suplir el bache anterior.

Creía, y sigo creyendo, que el aumento de los ingresos del Estado que esta ley trascendente supone debe traducirse en un aumento sustancial de las jubilaciones. La mejor garantía de intangibilidad es que los fondos vayan a parar al bolsillo de los jubilados.

Crítica digital, 09 – 11 – 08

La Quinta Pata