Último momento - Volvieron los piquetes de los ajeros en Maipú

Un grupo de ex empleados de la empacadora Campo Grande, en Maipú, interrumpió ayer el tránsito por cuarta vez en dos meses en reclamo de la reincorporación de 33 personas despedidas.

Después de dos meses de conflicto, un grupo de ex empleados de la empresa Campo Grande, de Rodeo del Medio, interrumpieron ayer el tránsito para reclamar por la reincorporación del personal –33 personas– desafectado de la planta empacadora de ajo y otras hortalizas.

Los empleados se distribuyeron en dos sectores de la Ruta Provincial Nº 50 cercanos a la firma, y allí cortaron el tráfico desde temprano. Pero en esta oportunidad no hubo problemas con los conductores porque la calzada quedó habilitada en uno de los sentidos durante todo el tiempo.
Leer todo el artículo - CerrarEs la cuarta vez que los trabajadores toman una medida similar ante la falta de respuestas de la patronal, según aseguraron los manifestantes. Como parte de sus pedidos, solicitaron además a través de varios carteles “el blanqueo de todos los empleados y la desaparición de la cooperativa porque es ilegal”.

También quemaron cubiertas en señal de desaprobación por los contratos que mantiene la entidad maipucina. Pasadas las 20, estaba prevista una asamblea para decidir qué camino seguir en los próximos días. A su vez está prevista una visita a Casa de Gobierno, donde pretenden entregar un petitorio a las autoridades.

Otra de las quejas apuntó “a la falta de aportes realizados a la AFIP de parte de la cooperativa, que en algunos casos se extiende por más de cinco años”, denunció Fabián Bravo, uno de los representantes de los ajeros, quien también perdió su trabajo el 29 de noviembre pasado, cuando se le impidió el ingreso a Campo Grande.

Precisamente ese día, se inició esta protesta con un centenar de trabajadores lesionados, uniformados heridos y siete detenidos. Éste fue el resultado de una violenta represión policial ordenada por la Justicia para disolver la manifestación de unas 400 personas.

Una de ellas, que estaba por jubilarse, descubrió que no tenía sus aportes jubilatorios, lo que provocó una reacción en cadena entre el resto de sus pares porque comprobaron la misma situación.

Para reclamar, bloquearon los cuatro accesos de la empacadora, por donde debía salir un camión cargado con verduras. Tampoco permitieron la salida de quienes estaban cumpliendo sus tareas.

A media mañana comenzaron a caldearse aún más los ánimos después de casi cuatro horas de protesta, aunque nunca cortaron la ruta provincial. Igualmente, la Policía informó sobre los hechos a la titular de la Cuarta Fiscalía Correccional, Liliana Giner, quien asistió al lugar mientras continuaban las negociaciones para revertir las medidas de fuerza.

Como los peticionantes se mantuvieron firmes en su posición, la funcionaria judicial ordenó la intervención de la fuerza pública. Se convocó a unos 40 efectivos, entre ellos dos pelotones de Infantería Antitumulto.

La refriega duró varias horas y hubo disparos de posta de goma que dieron en varios manifestantes. Por su parte los efectivos recibieron piedrazos. Giner hizo detener a siete personas por lesiones y resistencia a la autoridad y por entorpecimiento del servicio de Campo Grande.

por Natalia Sosa Abagianos
Fuente: Diario Uno, Mendoza, 31/01/08

La Quinta Pata

Último momento - Ya no son críticos los abogados de los derechos humanos

¿Ya no son críticos los abogados de los derechos humanos?
El subsecretario de Justicia, Diego Lavado, dijo que se subió a la función pública porque “no sirve sólo la crítica” y aseguró que los organismos en los que él estaba deben ser críticos con su gestión.

La crítica sola sin poder ejecutar las ideas y convicciones no sirve. Si uno no toma la decisión de comprometerse, ese lugar lo va a tomar otra persona que no tiene el compromiso, ni la capacidad, ni el conocimiento, ni el interés de resolver los problemas que planteamos.”
Es la síntesis más clara que brindó el subsecretario de Justicia, Diego Lavado, para explicar el aterrizaje de los abogados de los Derechos Humanos en el Gobierno y aceptar el desafío de la gestión pública.
Ahora, él junto a otros dos militantes de pura sangre, los abogados Pablo Salinas, titular de la Dirección de Derechos Humaos y Alfredo Guevara hijo, con un cargo clave relacionado con la cárcel, tendrán que lidiar con los problemas que antes viabilizaban en reclamos. Leer todo el artículo - Cerrar
Con los presos que siguen haciendo huelgas de hambre y cosiéndose la boca a los que antes ellos representaban, con las exigencias a la Provincia de la Corte internacional de Derechos Humanos, causa que ellos impulsaron, con los excesos y maltratos que persistirán en las cárceles, con las prioridades del Gobierno que no serán siempre las suyas y con la fatigosa lentitud del Estado.
Y también con los organismos de Derechos Humanos, detalle que a Lavado no le preocupa porque cree que estos no tienen que mezclarse con la gestión de Gobierno: “Deben olvidarse que los hemos representado. Si tienen que marcarnos diferencias y posiciones críticas cara a cara, deben hacerlo y públicamente y nunca perder su rol de control”. Entonces sentenció: “Deben seguir siendo el tábano que incentive al Estado a mejorar las cosas”.
Obviamente la afinidad y la comunión de ideas entre los funcionarios y las organizaciones es irrefutable. Como se diría en la calle, “son del palo”. Sin embargo al inicio de la gestión tuvo el primer encontronazo cuando los organismos de DD.HH. le exigieron la renuncia del subsecretario de Seguridad, Carlos Rico, tras acusarlo de haber ejecutado con un grupo de tareas varios secuestros ilegales en los años de plomo.

Aun así Lavado dice que “aunque ya no representamos institucionalmente a las organizaciones de Derechos Humanos, son nuestros amigos, hay una línea, un diálogo abierto”.

Y marcó el camino: “Acá venimos a hacer los cambios que junto a ellos hemos reclamado en años y que no han hecho porque no se ha querido”.

por Alejandro Gamero
Fuente: Diario Uno, Mendoza, 31/01/08

La Quinta Pata

Último momento - La COSITMECOS reclama la reapertura de canal 7 en Mendoza

La Confederación Sindical de Trabajadores de los Medios de Comunicación Social (COSITMECOS) reclama la reapertura de la emisión de canal 7 en Mendoza

La Confederación Sindical de Trabajadores de los Medios de Comunicación Social (COSITMECOS) rechaza la decisión de la Justicia de Mendoza que impidió a Canal 7 transmitir su señal por aire a esa provincia y reclama la inmediata reapertura de sus emisiones.
La imposibilidad de que la señal nacional de la televisión pública llegue a Mendoza vulnera el derecho de sus habitantes al acceso a todas las fuentes de información disponibles y constituye una limitación a la libertad de expresión.
Asimismo, la COSITMECOS solicita que en la reapertura de sus transmisiones para los mendocinos, Canal 7 disponga de espacios de producción local, a cargo de los trabajadores encuadrados en los convenios colectivos vigentes.
Estamos firmemente convencidos de que la televisión pública y privada pueden y deben coexistir en una sana competencia, ofreciendo sus contenidos como opciones para la libre elección de los televidentes, garantizando una mayor oferta de calidad y un crecimiento de las fuentes de trabajo.
En tal sentido, reclamamos que todos los sectores de la vida pública de Mendoza y las autoridades nacionales que pertenecen a la provincia, expresen pública y claramente su posición ante este conflicto y en consonancia con nuestro pedido para que la medida judicial sea urgentemente revisada.

Buenos Aires, 30 de enero de 2008
Carlos Horacio Arreceygor
Secretario General

La Quinta Pata

Último momento - Comunicado - Sindicato Argentino De Televisión

Sindicato Argentino De Televisión
Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos. Sección Mendoza

30 de enero de 2008

COMUNICADO

Rechazamos la decisión de la jueza de impedir que el pueblo de Mendoza tenga acceso libre y gratuito a canal 7, la televisión pública, ya que este acto coarta el derecho a la información y constituye una violación a la libertad de expresión.
Por esto es que exigimos la reapertura de las transmisiones de canal 7 y que dicha señal tenga espacios diarios de producción local, a cargo de trabajadores de nuestra provincia encuadrados en los convenios colectivos vigentes, y que en esta programación tengan lugar las producciones culturales de nuestra provincia.
Es preciso que la forma de lucha por la reapertura de dicha transmisión continúe con la tradición de este pueblo, que es la preservar la fuente de trabajo de todos los trabajadores de la comunicación.
Asimismo reclamamos que todos los políticos de la provincia que ocupen cargos departamentales, provinciales o nacionales expresen públicamente su posición antes este conflicto, y de esta manera quede claro si están de acuerdo con la posición del grupo Vila - Manzano o con la posición del pueblo de Mendoza que en mayor o menor medida fue quien le dio sus votos para que los representen.

Por Comisión Ejecutiva del Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos - Seccional Mendoza

La Quinta Pata

Último momento - En Mendoza, "un contrasubversivo" teórico

El gobernador Jaque decidirá el futuro del subsecretario de seguridad

El subsecretario de Seguridad de Mendoza, comisario retirado Carlos Rico, admitió haber tomado un curso “contrasubversivo” dictado por la Policía Federal en 1976. Documentación entregada por él menciona como meta de la instrucción coordinar “la erradicación de la delincuencia subversiva”. Sin embargo, Rico juró que su actuación fue “de carácter instructivo, no operativo”. La Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos que encabeza Diego Lavado espera respuestas de su par de Nación, Eduardo Luis Duhalde, y del juez federal Walter Bento antes de emitir su dictamen para que el gobernador Celso Jaque evalúe la idoneidad moral del comisario. Leer todo el artículo - Cerrar
No bien el ministro Juan Aguinaga designó a Rico, el Movimiento Ecuménico denunció que había integrado el Grupo Especial ’78 (GE’78), que actuó con fines “antisubversivos” mientras 29 personas desaparecían en Mendoza. El ministro de Gobierno Juan Marchea solicitó entonces a su par de Seguridad un informe sobre Rico y el GE’78. Días después Aguinaga designó director de Logística de Seguridad al ex comisario Aníbal Gómez, miembro del Departamento 2 Inteligencia entre 1980 y 1983. “Es preocupante que gente del D2 forme parte del gobierno y más aún que se sientan orgullosos”, consideró Lavado, que exigió explicaciones a Aguinaga.

Ayer llegó la primera respuesta. Rico informó que tomó un curso en el Centro de Instrucción Contrasubversivo (CIC) de la Federal. La nota que certifica su egreso cita como objetivo “unificar y divulgar métodos, técnicas y procedimientos” entre los “órganos comprometidos en la erradicación de la delincuencia subversiva”. Como la policía “ha tenido que operar ante el elemento social –armado e ideológico– que apareció en la escena del delito y con el fin de agredir las estructuras sociales naturales de nuestra Patria”, su jefe, vicecomodoro Julio Santuccione, creó en forma experimental un CIC mendocino. Rico dio cátedra allí sobre el “Plan de actividades teóricas y prácticas de la subversión”. Entre quienes lo secundaron sobresalió el inspector Ignacio Medina por “su intervención directa en el operativo Independencia que se desarrolla en Tucumán” (14-12-76). Trasmitió enseñanzas con “claridad pedagógica”, celebró Santuccione. Medina, dueño de una agencia de seguridad, fue echado de la policía tras el crimen de Sebastián Bordón en 1997.

El segundo destino conocido de Rico durante la dictadura fue en el GE’78, creado a fines de 1977 con vistas a la “prevención y represión” de delitos en la subsede mundialista. El mal supremo a prevenir era “la actuación de bandas de delincuentes subversivos”. Su consigna: “Hacer el bien venciendo el mal”. Entre sus integrantes, además de Medina, estaba el comisario Eduardo Smaha, preso por varias desapariciones como miembro del D2. La instrucción no fue sólo teórica: una ráfaga de Itaka atravesó al subinspector Jorge Cornejo en una práctica.

En su descargo Rico afirmó que “nunca tuvo funciones operativas” porque “no surgieron eventos que lo justificaran”. Su actuación fue “de carácter instructivo”. Cerró con una frase de antología: los cursos perseguían “una capacitación acorde a una delincuencia que actuaba en este medio en el marco de una realidad que se desarrollaba en esa época”. Lavado entregará hoy a los organismos el informe de Rico. Cuando el titular de la SDH Eduardo Duhalde concluya el suyo sobre el GE’78 y el juez Bento responda si investiga a Rico, elaborará un dictamen para que el gobernador decida.

Por Diego Martínez
Fuente: Página 12, 30/01/08

La Quinta Pata

La Pata Semanal - Ataque a la libertad de prensa

El día 11 de enero ocurrió un hecho gravísimo que atenta contra la libertad de expresión, pone en peligro el derecho a la información y consagra la censura judicial. Ese día notificaron un fallo de la Jueza Federal Nº 1 de Mendoza, Dra. Olga Arrabal, que ordenó el cese de las transmisiones de la repetidora que canal 7 de Argentina tiene en esa provincia, impidiendo que un millón de personas accedan a la televisión pública del país.

Para cualquier lector desprevenido podría aparecer como un hecho más, pero este fallo inédito lesiona peligrosamente derechos constitucionales que hacen a la esencia de nuestra democracia.
Representantes del Grupo Vila-Manzano se presentaron ante la jueza y argumentaron que la señal de canal 7 de Argentina, que se transmite por aire a través de la señal 11, estaría interfiriendo a la empresa de cable de Mendoza.Leer todo el artículo - Cerrar

Cabe aclarar que por la ley que rige la materia, el servicio de televisión abierta (por aire y gratuito) es un servicio esencial de radiodifusión y el cable (pago) un servicio complementario; es decir que el primero es superior al segundo. También es importante señalar que es imposible que un servicio de aire interfiera un servicio de cable, salvo que la empresa de cable no utilice material adecuado. Por último, existe un único organismo técnico Oficial, la Comisión Nacional de Comunicaciones ( C.N.C.), con incumbencia para determinar cualquier problema técnico y dar las soluciones para corregirlo.

Imagínense los lectores por un momento, que un particular denunciara a alguno de los canales de aire de la capital por supuesta interferencia en su cable y un juez ordenara cerrar el canal. Sería un escándalo internacional. Por un lado, se estaría privando a millones de personas de un canal gratuito y del derecho a la información pero, lo que es más grave, se estarían vulnerando todas las garantías constitucionales en la materia.
La jueza, en Mendoza, ordenó cesar las transmisiones del canal, no verificó las supuestas interferencias con la C.N.C. y menos aún intimó a las partes a que cesaran las supuestas interferencias. Sin más, cerró un canal de televisión como mañana podría cerrar un diario.

El art. 14 de la Constitución Nacional consagra el derecho a expresar las ideas por la prensa sin censura previa. Esta garantía fue ampliada con la reforma de 1994 que incorporó algunos tratados y convenciones sobre derechos humanos a la misma Constitución. Así, el art.19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el art. 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no sólo ratifican el principio de la libertad de expresión, sino que aclaran que este derecho no puede estar sujeto a censura previa sino a responsabilidad ulterior. Además, dichos tratados incorporaron el derecho a la información que tiene todo ciudadano en una democracia.

Creíamos terminada la época en que los jueces respondían a intereses económicos particulares o pertenecían a una lista escrita en alguna servilleta. Cuando la Justicia actúa violando los derechos más elementales, pone en peligro a la propia democracia.
La jueza ordenó el cierre de un canal de televisión cuando esto está absolutamente prohibido, más allá que no pidió tampoco ninguna verificación técnica al único organismo autorizado para hacerla.

Cuando lo que está en juego es la libertad de expresión, no importa si el canal es público o privado, si se afecta a un periodista, a una institución o a un millón de espectadores. Lo que se está afectando es el principio de la libertad y esto es innegociable.
En un seminario sobre libertad de expresión realizado la semana pasada en Washington, la preocupación principal de todos los participantes se centraba en establecer un sistema de normas que impidiera cualquier acción que pudiera restringir el derecho de todo ciudadano de expresar su opinión y el de recibir información. A nadie se le pasó por la cabeza que la misma Justicia pudiera desconocer garantías internacionalmente reconocidas.

Obviamente que el Sistema Nacional de Medios Públicos está apelando la medida, pero no alcanza con ello. Es necesario alertar a la opinión pública que, en el siglo XXI, todavía hay personas que se arrogan el poder de la censura en un país que hace tiempo decidió recuperar su democracia.

Gustavo López
Presidente del Sistema Nacional de Medios Públicos
Fuente:Diario Los Andes 26/11/08

La Quinta Pata

Último momento - Para que vuelva la televisión pública

Ciudadano, ¿usted sabía?
¿Que las empresas de comunicaciones no son dueñas de las señales de difusión?
¿Que las licencias son temporarias no permanentes y que son renovadas automáticamente por los gobiernos de turno?
¿Que todavía nos regimos por una ley de radiodifusión que fue promulgada en la época de la dictadura militar?

Por ello proponemos
• La defensa permanente de los medios públicos de comunicación
• Hacer valer nuestros derechos como ciudadanos al acceso libre a los medios públicos de comunicación
• Exigir al gobierno nacional una nueva ley de Radiodifusión y la derogación de la ley actual
• Comprometer en esta defensa al gobierno provincial y a los legisladores provinciales y nacionales
• Asistir a la asamblea Ciudadana el sábado 26/01 a las 11:00 horas en San Martín y Garibaldi
• El miércoles 30/01 Apagón de Televisores desde las 19 a las 20 horas o no ver televisión por cable

Miércoles 30/01 Concentración y Movilización a las 19:00 horas en el Km. 0, San Martín y Garibaldi, para manifestar nuestro repudio por la interrupción de la emisión de Canal 7 Argentina en Mendoza, asistir con pancartas y banderas argentinas.

La Quinta Pata

Último momento - Informe televisión pública

Pasadas las 13 horas comenzó la reunión denominada: “Para que vuelva la TV pública” en Rioja 1484, LV 8 radio Libertador.
La misma había sido convocada por el Foro Social Mendoza, Asociación Argentina de Actores, Asociación Mendocina de Cine y Artes Visuales, Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos y Organizaciones Autoconvocadas. Estaban presentes cubriendo la Asamblea periodistas, técnicos y comunicadores pertenecientes a Canal 9, diario UNO, TELAM y revista La Vena. La concurrencia se estimó en 120 personas. Estuvieron presentes: Daniel Peralta director de LV8 y Guillermo Stagni director radio nacional.
Las opiniones de los ciudadanos no se hicieron esperar y así expresaban durante la reunión: Leer todo el artículo - Cerrar “Se debe ampliar el contexto de debate con que operan estos grupos económicos, ya que se están quedando no solo con las comunicaciones, sino con el agua de los mendocinos, los servicios públicos, etc”.
“Tenemos que unificar las propuestas. Debe ser un solo mensaje hacia la sociedad”.
“Cómo docente me preocupa este corte de transmisión ya que la programación contenía temas de interés que no se pueden ver en los otros dos canales de aire en Mendoza. Además me volvieron las ganas de sugerir opciones de TV para los alumnos y ahora se coartó esa posibilidad”.
“El debate pasa por una discusión política en Mendoza. Que se entienda hacia dónde vamos, hay otra mirada sobre el papel de los medios. Por ejemplo en la capital se pierde mucha plata (el Estado) en publicidad callejera, ya que hay una sola empresa que está con el negocio”.
“Un tema más profundo es el avance de lo privado sobre lo público. Es enorme, un despropósito que se debe revertir”.
“Se debe derogar la Ley 22.285 dictada en 1980 por la dictadura militar y realizar una nueva acorde al Estado democrático en que vivimos”.
“Estoy indignado por tener una jueza de la Nación como la Dra. Olga Arrabal, su conducta es injusta, parcial y lesiona los intereses de las mayorías populares.”
“La cultura que trasmiten estos medios privados (Grupo UNO Manzano-Vila) es aberrante y no tienen nada que ver con las costumbres, con la cultura nacional, y popular y muchos menos con un contexto de solidaridad con los países de América latina”.

El músico Jorge Cuello coordinaba la reunión haciendo referencia a la importancia de la defensa de la cultura y a la difusión de la diversidad regional de Argentina y Latinoamérica. Seguidamente Rubén Esper Ader hizo la lectura de un documento elaborado por los convocantes referido al derecho a la información, que en uno de sus párrafos salientes decía: “…si el control de la comunicación y la información esta en manos de unos pocos, el poder estará en manos de unos pocos. No solo están en juego las tecnologías e intereses económicos sino la vida y la dignidad de las personas…”
En otro momento de la reunión participaron dos funcionarios nacionales: el subsecretario de medios nacionales Gabriel Mariotto y el gerente de relaciones institucionales y prensa de canal 7 TV pública Luis Lázaro. A su turno expresaron que venían del juzgado de realizar la presentación de un recurso de apelación al dictamen de la jueza Olga Arrabal. El caso esta presentado en la justicia como: “Jorge Estornell S.A c/Estado Nacional y otros s/Amparo expediente N° 42.027/3.

Comentaron con mucha curiosidad que la jueza “había conseguido” que levantaran la feria judicial por poco tiempo, el necesario para que ella pusiera en vigencia la medida cautelar, luego se cerró nuevamente impidiendo a la TV pública interponer y fundar el recurso de apelación. Por esa razón los pasos judiciales son: primero, solicitar el levantamiento de la feria judicial y si esto prospera realizar la presentación para el levantamiento de la medida. “Con certeza que vamos a conseguir revertir este fallo, porque tenemos sobradas razones” dijo Mariotto.
Finalizando ya la reunión la Asamblea resolvió la confección de volantes aclaratorios, planillas de firmas, y fotocopiar documentos de apoyo sobre el derecho a la información.

Plan de acción
• Sábado 26/01. Asamblea ciudadana en San Martín y Garibaldi a las 11 hs. Debate público. Participación de artistas populares. Informe de lo realizado, continúa la campaña de firmas.
• Miércoles 30/01. Concentración y movilización en San Martín y Garibaldi a las 19 horas. Informe de las acciones ciudadanas a los tres poderes: Ejecutivo, Judicial y Legislativo.
• Apagón de los televisores del Supercanal de 19:00 a 20:00 horas. Solidaridad de los abonados al cable como repudio a la presentación de Estornell S.A. y a este nuevo avance del grupo Vila- Manzano sobre el derecho a la información y el acceso libre y gratuito a la TV pública.
• Todos los interesados deben solicitar mayor información y continuar con la campaña de firmas: “Para que vuelva la TV pública” en las siguientes direcciones:
- Asociación Argentina de Actores, Perú y Las Heras, local 19 en el horario de 18,30 a 21,30 horas. Teléfono: 4294510.
- Radio Nacional, Emilio Civit 460 y Radio Libertador Rioja 1484, ciudad.

Se sumaron a esta convocatoria los sindicatos: Argentino de TV, de Prensa y de Locutores. Adhirieron la Asociación Madres de Plaza de Mayo, INADI delegación Mendoza y Red de Mujeres Solidarias.
Asociación Argentina de Actores: David Blanco - Mario Ruarte
AMCAA: Néstor Moreno
Foro Social Mendoza: Rubén Esper Ader - José Luis Conde
MIMM Carlos Casciani - Jorge Cuello
Organizaciones Autoconvocadas Vivente Antolín

La Quinta Pata

La Pata Semanal - Ingrid Betancourt

“Alvaro Uribe tolera los asesinatos en Colombia” Ingrid Betancourt (2002)

por Viviana Demaría y José Figueroa

Resulta sugestivo que aquella frase acusadora contra el actual presidente de Colombia, la haya pronunciado la todavía rehén de las FARC Ingrid Betancourt. Desconcierta sobremanera que sea prisionera de las FARC, toda vez que ella encarnó la más valiente y resuelta ofensiva política contra la narcodemocracia colombiana. Paraliza imaginar que Alvaro Uribe la prefiere muerta o silenciada en la selva que libre e inflexible contra la corrupción de la clase dirigente de la cual él es –hoy por hoy- su máximo exponente.Leer todo el artículo - Cerrar
Ernesto Samper, el presidente del Cartel de Cali
Ingrid Betancourt fue la legisladora que acusó en su cara al presidente Ernesto Samper de haber recibido 6 millones de dólares del Cartel de Cali para su campaña electoral en 1994. En su discurso en el Congreso calificó al mandatario de “delincuente y corrupto". Como resultado de sus informes -y en una medida sin precedentes en Latinoamérica- Estados Unidos le canceló en 1996 la visa a un presidente en ejercicio acusándolo explícitamente de estar "seriamente comprometido con el narcotráfico" y de mantener estrechos vínculos con los zares de la cocaína. Ingrid Betancourt frente al escándalo causado por la impunidad (la mayoría oficialista absolvió a Samper) realizó en protesta una huelga de hambre en el mismo Congreso de la República. Por esa razón, fue amenazada de muerte y salió ilesa de un atentado contra su vida. “Yo estoy convencida de que las personas que estaban con Ernesto Samper quisieron matarme a mí” declaró. Luego de enviar a sus hijos al exterior, volvió a la carga: se presentó en medio de una convención del partido liberal y dejó sentado que "En el Partido Liberal hay intereses mafiosos" y continuó “Desde hace muchos años el Partido Liberal viene teniendo unas relaciones vergonzosas con los delincuentes del país". Ingrid fue hostigada y sacada del recinto con el socorro de una escolta. Días después, en una entrevista concedida a Univisión (el conglomerado de medios en español más grande de los Estados Unidos) la pregunta obviamente fue “¿Quién la quiere matar?” a lo cual Ingrid contestó sin vacilar: “Yo creo que es una alianza entre el narcotráfico y la clase política”, contestó. “Yo tengo enemigos muy fuertes que están sentados conmigo en el Congreso y (que) no tienen ningún inconveniente en pagar sicarios” (asesinos a sueldo) para lograrlo. El escándalo en Colombia parecía no tener límites…se hallaron de 3,7 kilos de heroína en el avión oficial del presidente cuando éste se aprestaba a concurrir a una Asamblea de Naciones Unidas.

Cinismo Bizarro
Ernesto Samper, aún hoy no puede ingresar a los Estados Unidos por sus nunca desmentidos vínculos con el narcotráfico…sin embargo, el actual presidente Alvaro Uribe, a pocos días de ser reelecto en el 2006, lo designó embajador en Francia. Vale la pena recordar que fue Samper quien demandó a Ingrid Betancourt ante los Tribunales de París para que su libro "La rabia en el corazón" fuera incautado. Entre numerosas acusaciones con múltiples pruebas, en el libro se afirmaban cosas tales como esta: Samper "hizo asesinar a la mayor parte de los testigos de su proceso e intentó reducirme al silencio en varias ocasiones". Los tribunales de París obviamente denegaron que el libro fuera “secuestrado” (en ese momento era ya un best seller), en el que Ingrid Betancourt denunciaba al mundo la narcodemocracia colombiana. "No sólo estoy amenazada en mi país, sino que ahora me persiguen en Francia", expresó.

Alvaro Uribe, el presidente del paramilitarismo
Imaginemos qué habría hecho Ingrid Betancourt hoy frente al nombramiento de un narco en París, si estuviese en libertad? Seguramente habría seguido investigando y denunciando lo que ya había descubierto en la campaña electoral del 2002: que Alvaro Uribe era en ese tiempo lo que antes fue Ernesto Samper.
El paramilitarismo como estrategia contrainsurgente en Colombia ha sido una política de Estado, no ha sido un hecho aislado o coyuntural, ha correspondido a una ideología de terrorismo de Estado. Es este hecho, lo que explica que en Colombia no haya habido dictaduras del tipo que asolaron la región. En la primera parte de los años ochenta las organizaciones paramilitares fueron la respuesta de los narcotraficantes contra el secuestro y la extorsión, luego evolucionaron hacia un proyecto político, militar y social con la colaboración de las fuerzas armadas.

El blanco en esta guerra no fueron, necesariamente los grupos insurgentes, sino la población civil concebida como la base social y política del enemigo. Desde esa perspectiva la guerra se libró en todos los ámbitos (político, social, económico, psicológico, militar). Los militares colombianos cambiaron de ese modo la estrategia contrainsurgente, delegaron en los paramilitares "el trabajo sucio" de eliminar a trabajadores, campesinos, maestros, políticos y líderes, por ser, supuestamente, guerrilleros de civil. En esta guerra no convencional se registraron los genocidios, las masacres, las detenciones-desapariciones, las eliminaciones selectivas, individuales y colectivas y la limpieza social (delincuentes comunes, drogadictos, homosexuales).
Ernesto Samper impulsó las Asociaciones Comunitarias de Vigilancia Rural, "Convivir", como una forma de regularizar el paramilitarismo. Las Convivir, tuvieron su principal epicentro en el Departamento de Antioquia, donde era en ese tiempo gobernador Álvaro Uribe.

Álvaro Uribe, ya en la presidencia (2002-2006 y 2006-2010) adoptó la Ley de Justicia y Paz, ley que en la práctica buscó la legalización del paramilitarismo, en el sentido de asegurar la impunidad de sus acciones terroristas, permitirles legalizar sus bienes ilícitos y dotarlos de facilidades para el ejercicio político. De allí que para Alvaro Uribe, toda estrategia “humanitaria” sea contraria al proyecto paramilitar en Colombia. De allí que no sea partidario de reconocer status político a las FARC, porque ya reconoció con dicho status a las Autodefensas Unidas de Colombia – que poseen gran parte del control del cultivo, procesamiento y distribución de cocaína y heroína (y consideradas terroristas por los Estados Unidos).

¿Legalizar dos millones de hectáreas de tierras fértiles que las AUC han quitado a los campesinos, legalizar sus “negocios” provenientes del narcotráfico, indultar y no perseguir penalmente sus crímenes contra los derechos humanos, es el pago que el actual presidente Alvaro Uribe da a las organizaciones paramilitares por el apoyo que recibió en su campaña? Todo así parece indicarlo: “los paramilitares obligaron a votar a la población por los candidatos que tenían su aval, amenazaron a los demás aspirantes, les prohibieron hacer campaña y mataron a quienes no se sometieron a estas reglas del juego” ha establecido la Corte de Justicia; entre los implicados, figura toda la cúpula del partido con que Alvaro Uribe llegó al poder.

Resta saber por qué Alvaro Uribe envió tantas “misiones de rescate militar” contra Ingrid Betancourt con el mismo empeño con que impidió toda alternativa humanitaria: porque como lo prueba la historia reciente, de esas misiones, ningún secuestrado salió con vida, y lo que es peor, murieron bajo el fuego de sus “liberadores” y no de la guerrilla.

Gabriel García Márquez, dice por boca de sus personajes que “En Macondo no ha pasado nada, ni está pasando ni pasará nunca. Este es un pueblo feliz”…así es la patética realidad política de ese país contra la que una valiente mujer luchó sin descanso... y como todo el mundo, deseamos que siga luchando.

La Quinta Pata

Último momento - Derecho que no se reclama, se pierde

Conciudadanos/as:
Ante la suspensión momentánea de la señal televisiva del canal 7 de televisión pública, ciudadanos autoconvocados nos reuniremos en Asamblea el sábado 19 de enero a las 11:00 horas en San Martín y Garibaldi.

La nueva prohibición de trasmitir surge como consecuencia de una medida cautelar dispuesta por la justicia federal local ante una nueva presentación del Grupo Vila-Manzano ahora a través de la empresa Jorge Estornell S.A./Supercanal que invoca supuestas interferencias en el servicio de televisión por cable.
La resolución firmada por la Doctora Olga Arrabal, a cargo del Segundo Juzgado Federal de Mendoza, ordena a Canal 7 que “se abstenga de retransmitir, en forma inmediata, su señal en la frecuencia de aire Nº 11, a fin de no interferir en la grilla que con igual número ocupan las empresas de televisión por cable de la ciudad de Mendoza”

La medida vulnera el derecho a la información y el acceso gratuito de los ciudadanos a los servicios abiertos de radiodifusión, tal como había sucedido en el caso de San Rafael, donde el mismo grupo económico había invocado los argumentos de la Ley de Radiodifusión de la dictadura militar para tratar de impedir las emisiones de la televisión pública. La justicia reconoció finalmente la legitimidad del reclamo de los vecinos de San Rafael y de los derechos de Canal 7 convalidados por el Congreso Nacional, y autorizó la continuidad de las emisiones.
Canal 7, con su original programación nos permite la opción informativa y contenidos formativos vinculados a nuestras costumbres y valores.

Para defender este derecho, nos auto convocamos el sábado 19 de enero a las 11 horas, en San Martín y Garibaldi.

La Quinta Pata

Último momento - Asociación Argentina de Actores - Convocatoria

Ante la interrupción de la emisión de Canal 7 Argentina en Mendoza, las Asociaciones Profesionales de Artistas, artistas y hacedores culturales en general se auto convocan para tratar medidas a realizar en repudio a esta medida orquestada por el Grupo Vila-Manzano.

La reunión se realizara el próximo sábado 19 de enero a las 11:00 horas en la sede de la Asociación Argentina de Actores, con domicilio en Av. Las Heras 682 -local 19- ciudad, teléfono 4294510.
Consejo Integral - Mario Ruarte

La Quinta Pata

Último momento - La televisión pública tuvo que levantar su señal en Mendoza

Doña Elvira Martín madrugó agobiada por el calor, prendió el viejo televisor y ahí se sorprendió. La pantalla mostraba la tradicional lluvia que en buen romance significa sin señal. Y se quedó sin ver la Televisión Pública, que hace poco más de un mes se anunciaba con bombos y platillos. La consulta se extendió entre sus vecinos del barrio Fuchs, en Godoy Cruz y al final descubrió que no era falla de su televisor sino que nadie en la cuadra tenía acceso al canal que, desde Buenos Aires, le mostraba el país y su gente.Leer todo el artículo - Cerrar
Lejos de los barrios, sobre el escritorio de la jueza Olga Arrabal de Canal, estaba una resolución que fue rubricada el 27 de diciembre, pero que recién fue notificada a las partes el último viernes. Y que, en su parte más sustancial, se ordenaba a “la televisión pública” (Canal 7, ex ATC) para que “se abstenga de retransmitir, en forma inmediata, su señal en la frecuencia de aire N° 11, a fin de no interferir en la grilla que con igual número ocupan las empresas de televisión por cable de la ciudad de Mendoza.

“En todo momento quise evitar lo ocurrido en San Rafael. Por eso yo no hablo del Canal, sino que solo me refiero a la frecuencia de aire número 11”, porque la presentación del canal mendocino hablaba de que esa señal interfería su propia programación”. Así lo aseguró a Los Andes la titular del Juzgado Federal N° 2 de Mendoza. Y aclaró: “No pedí que se bajara la señal, sino que se evite interferencias a los reclamantes”.
Desde la Televisión Pública también se habló del problema aunque técnicamente: “La ubicación de las señales no es caprichosa ni responde a criterios impersonales sino que las grillas son asignadas por la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) contando con la supervisión de su funcionamiento por parte del Comité Federal de Radiodifusión (CONFER)”, explicó Luis Lazzaro, responsable del área de comunicación del canal capitalino.

Más adelante el funcionario nacional recordó que “como consecuencia de las reformas realizadas en democracia a la Ley de Radiodifusión se establecieron las bases técnicas y jurídicas para la puesta en funcionamiento de la estación repetidora en Mendoza a través de la frecuencia 11, cuya inauguración se produjo el pasado 4 de diciembre.

Al profundizar sobre este nuevo conflicto (antes se vivió una situación similar en San Rafael) expresó: “El grupo Vila-Manzano denuncia supuestas interferencias que las señales de radiodifusión abierta ocasionan en los servicios de televisión por cable. De ser ciertas deberían provocar el levantamiento de todo el sistema de televisión gratuita, dado que sus emisiones podrían interferir la grilla que coincida con la frecuencia asignada a cada canal de televisión abierta por los operadores privados”. Tras lo cual adelantó que esta medida “será apelada con la urgencia que la gente espera”

Por su parte, Ariel Roberts, coordinador de Marketing de Uno Medios, respondió asegurando que el reclamo fue por “partida doble”. Primero por la “confusión” existente entre los dos canales “7”, esto teniendo en cuenta que el canal mendocino “si bien es privado también es público” y otro más severo como es la “interferencia” que la señal provoca en el número 11, grilla que desde siempre es utilizada por Canal 7 Mendoza. “Con esos argumentos se hizo una presentación judicial, a la que respondió favorablemente la jueza”, concluyó.
La medida fue cumplida y la señal ya no está en aire, situación que, apelación mediante, será resuelta en el futuro.

Fuente: Eduardo Ayassa, Los Andes, 15 – 01 – 08

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Último momento - Setenta años de existencia de la liga argentina por los derechos del hombre

El 20 de diciembre último la Liga Argentina por los Derechos del Hombre cumplió setenta años de existencia No son muchos pero alcanzan para que la memoria nos retrotraiga a aquel 20 de diciembre de l937, cuando en el salón de actos del mítico -y ya desaparecido- Diario Crítica se fundó la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Las actas de creación y muchos documentos posteriores han desaparecido a lo largo de los allanamientos de sus sedes, saqueos e incendios de las mismas. Para las generaciones presentes no estamos diciendo nada que provoque sorpresa o estupor. Sí el espanto por tan repetida la saga del Terrorismo de Estado, la persecución de las ideas, la destrucción de la Nación y la entrega y remate vil del patrimonio nacional. Pero es en los archivos del Diario donde consta el inicio de la Liga mediante una asamblea convocada por la entonces Comisión Pro Amnistía de Presos Políticos y Exiliados de América. Otro antecedente es el que se llamó el Socorro Rojo, una entidad para la solidaridad con la República Española herida por las fuerzas oscurantistas del franquismo y el fascismo internacional, con la complicidad de las llamadas potencias democráticas, o sea Inglaterra, Francia, EEUU.Leer todo el artículo - Cerrar
Personalidades y luchadores políticos y sociales de la época conformaron la primera conducción de la entidad, entre ellos Mario Bravo, senador nacional por el PS; Arturo Frondizi, radical; Rodolfo Aráoz Alfaro, socialista obrero; Lisandro de la Torre, demócrata progresista y senador nacional; Deodoro Roca, líder de la Reforma Universitaria; Benito Marianetti, socialista obrero, mendocino, y que después sería líder comunista; Carlos Sánchez Viamonte; señora Rosa Schumberg, comunista; Julio A Noble, demócrata progresista; Tte. Coronel Atilio Cattáneo, radical. Esta pluralidad de corrientes políticas que confluyeron siempre en la Liga, es quizás el secreto de su larga existencia y trayectoria. Siempre fue una organización política, por sus fines; pero no partidaria, y estuvo por encima de corrientes políticas, de credos religiosos y de niveles sociales.

Siendo la entidad de derechos humanos más antigua del país, es también la decana de las organizaciones de derechos humanos de Latinoamérica, como también una de las más antiguas del mundo. Como afirma Ramón Abalo, secretario general de la Filial Mendoza, “serían varios tomos los que deberían escribirse para dar una ideal cabal de la trayectoria de la Liga en estos setenta años, pero hay una síntesis: su lucha fue una permanente defensa de la vida y la dignidad de los argentinos y de los extranjeros que habitan la Argentina. Más aún, fue siempre solidaria con los perseguidos del mundo, y por eso es una historia dramática en la que flamea también la lucha por un mundo mejor. Es la gran utopía de nuestra Liga, mientras tanto, cada hito de esa lucha nos llena de satisfacción, pero, paradojalmente, nos lamentamos de nuestra existencia, porque tenemos identidad, tenemos razón de ser, porque ese mundo mejor será cuando hayamos triunfado en pos de esa utopía”.

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Último momento - Emergencia de seguridad y espionaje político

Se veía venir. Con la titularidad del Ministerio de Seguridad por el Dr. Juan Carlos Aguinaga, proveniente de las filas del Partido Demócrata, se perfila -y reitera- una política represiva como método fundamental para terminar con el delito. Pero ya no se trata solamente de “gatillo fácil” y “mano dura”, sino que se vuelve a instalar el espionaje político y social por parte del Estado, según lo denuncia el Partido Obrero, y que no es otro el Memorándum de Instrucción, Reservado, Nº 539/07, de la Dirección General de Policía, donde se instruye a las diversas áreas de la Policía Provincial (PP) con fecha l9 de diciembre último, para que “arbitren los medios necesarios a fin de instruir al personal que les dependen, extremando las medidas de prevención”. Es lo que taxativamente expresa el último punto de la Instrucción: “Hoy se reúnen con los delegados para decidir si realizan una manifestación mañana o en días siguientes en casa de Gobierno”.
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Y esto huele, sin más vueltas, a la dictadura genocida del ‘76, menos a democracia. Como dice la denuncia del Partido Obrero: “En este contexto, la ley de emergencia que se pretende aprobar, dándole poderes ilimitados al Ministro, no hace más que agravar la inseguridad ciudadana y da luz verde a la corrupción generalizada en el manejo de los cada vez más abultados fondos destinados a su supuesto combate. Mientras, sigue sin investigar la salvaje represión y posterior persecución policial a quienes en Campo Grande, exigían y exigen condiciones legales de contratación laborar; el señor Oros, padre de una víctima de gatillo fácil, sufre una arbitraria detención y abusos policiales”, y agrega: “Mientras la inseguridad sigue azotando a la población, desde el gobierno se persigue a las organizaciones populares. Finalmente se piden las renuncias del ministro Aguinaga, y de todos los jefes policiales involucrados en el espionaje, como los de los comisarios generales Pedro Chacón y Jorge Guerrero, como asimismo se exige la disolución de la Dirección de Inteligencia Criminal y de todos los organismos involucrados en la persecución y represión a las organizaciones populares.

Esto fue a tan sólo nueve días del nuevo gobierno de Jaque, y es claro que no es un hecho aislado y sí con una política de Estado a profundizarse con el tiempo, confirmado con el nombramiento del comisario Rico, un hombre que viene de la más cruda esencia represiva de la dictadura. Por eso hay una responsabilidad clarísima de la cabeza del gobierno, o sea de Celso Jaque, quien puede eludir una respuesta concreta a esta nueva versión del terrorismo de Estado mediante el espionaje a las organizaciones políticas y sociales. Con esta metodología se va construyendo una especie de index de organizaciones y sus militantes que, como en la dictadura, serán las víctimas por pensar distinto al régimen. Esa responsabilidad de Jaque deviene tanto por su potestad política e institucional, como por su autodefinición durante el fragor electoral: “soy conservador, profundamente religioso y amor a la familia”. Algo así como TRADICION, FAMILIA y PROPIEDAD, banderas de la más cruda derecha confesional.

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Último momento - Canal 7 Argentina interrumpe su emisión en Mendoza

Hace poco más de un mes, el ex gobernador Julio Cobos, periodistas, actores y otros políticos celebraron en el Teatro Independencia el inicio de la emisión de Canal 7 – ex ATC – en Mendoza. Fue el 4 de diciembre. Hoy la señal se ha dejado de ver.
A un mes en el aire, el canal ha tenido que interrumpir sus emisiones por orden judicial. Lo ordenó la jueza Olga Arrabal, a cargo del Segundo Juzgado Federal de Mendoza.
La orden dice: “En forma inmediata, a fin de no interferir en la grilla que con igual número ocupan las empresas de televisión por cable de la ciudad de Mendoza”.
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La jueza tomó esta medida cautelar ante una nueva presentación del grupo Vila-Manzano – ahora a través de la empresa Jorge Estornell S.A./Supercanal – que invoca supuestas interferencias en el servicio de televisión por cable.
“La medida pone nuevamente en debate el derecho a la información y el acceso gratuito de los ciudadanos a los servicios abiertos de radiodifusión, tal como había sucedido en el caso de San Rafael, donde los mismos operadores privados habían invocado los argumentos de la Ley de Radiodifusión de la dictadura militar para tratar de impedir las emisiones de la televisión pública”, asegura un comunicado de la emisora estatal.

El grupo Vila-Manzano denuncia supuestas interferencias que las señales de radiodifusión abierta ocasionan en los servicios de televisión por cable. “De ser ciertas deberían provocar el levantamiento de todo sistema de televisión gratuita, dado que sus emisiones podrían interferir la grilla que coincida con frecuencia asignada a cada canal de televisión abierta por los operadores privados”, asegura el canal.

No es la primera vez que el grupo Vila-Manzano solicita que se retire la señal estatal. En abril, Canal 7 comenzó a emitirse en San Rafael, pero a través de Telesur el grupo pidió que se interrumpiera la señal y e juez federal Raúl Acosta hizo lugar al pedido.
A partir de allí actores, periodistas y directivos del canal organizaron manifestaciones y sesiones informativas en San Rafael, que terminaron con la autorización para comenzar a transmitir en toda la provincia. El 4 de diciembre llegó la señal. Pero hoy, los que no tienen cable vuelven a tener solo dos canales.

Fuente: Los Andes online 14 – 01 – 08

La Quinta Pata

La Pata Semanal - Los ajeros emplazaron a la empresa Campo Grande

Los ajeros emplazaron a la empresa Campo Grande para que los blanquee

Los empleados de la empacadora de ajo Campo Grande emplazaron a la empresa para que blanquee su situación laboral dentro de los próximos 30 días, y reincorpore en un lapso no mayor a 48 horas a los 33 trabajadores despedidos días atrás. Los delegados gremiales esperan una resolución urgente por parte de la cooperativa, pero las negociaciones se verán postergadas hasta el miércoles o jueves de la semana próxima por los feriados de fin de año.

En repudio por los despidos, unos 400 empleados de la empresa cortaron la ruta 50 desde el 27 de diciembre a la tarde hasta el mediodía del 28. Además, algunos de los recientes desempleados denunciaron que la firma repartió una “lista negra” con sus nombres para que las empresas de la zona no los contrataran.

Un poco de historia: lucha y represión en Campo Grande

Leer todo el artículo - Cerrar“Nos trataron como perros”
Los 500 trabajadores de la empacadora de ajo Campo Grande se movilizan en repudio a la violenta represión sufrida el jueves 30 de noviembre, y continúan la lucha por el blanqueo de todos los trabajadores.
El día lunes 2 de diciembre a las 10 de la mañana los trabajadores de campo grande, que están de paro, marchan por la ciudad de Mendoza. Desde la calle Vicente Zapata, los obreros se desplazan a la Subsecretaría de Trabajo, a Casa de Gobierno y por último a la Legislatura provincial para exigir al gobierno respuestas por la criminal represión policial, que deja como saldo 60 trabajadores heridos, por la reincorporación de los compañeros despedidos y el blanqueo de todos los trabajadores de la empresa. La marcha cuenta además con la adhesión de trabajadores de otras empresas como SANES y Sindicatos de Alimentación, de Viñas, Mineros y de la Madera

Walter, uno de los 23 delegados de la empresa relata que “el conflicto surgió cuando se enteran que la Cooperativa (Colonia Barraquero) iba a cambiar de nombre lo cual es una maniobra para burlar el reconocimiento de la antigüedad de la mayoría de los obreros”. Los trabajadores que tienen una antigüedad de 9 y más años se niegan a firmar el nuevo contrato con la cooperativa y buscan asesoría a través del sindicato. A partir de allí, los trabajadores se enteran de que los descuentos del 5% (150 $) que se les hace para los aportes no figuran en ANSES como a Jorge: “hace 9 años que trabajo allí no me han hecho aportes correspondientes aunque sí el descuento de mi sueldo. Trabajo 12, 13 horas diarias sin reconocimiento de horas extras ni domingos ni feriados porque al dueño no le importa nada con tal de sacar la mercadería” Ante esta situación los trabajadores intentan hacer valer sus derechos dentro de la cooperativa que les son negados por Pablo Mearde, titular de la misma. La empresa Campo Grande, propiedad de Andrés Sánchez, no da ningún tipo de solución.

Poco a poco los obreros comienzan a organizarse para recuperar lo perdido. En asambleas que se realizan fuera de la empresa los obreros discuten, se informan y deciden luchar por el blanqueo de todos los trabajadores (500) de la empresa. Son elegidos 23 delegados / as y una de ellas dice: “nos eligen porque somos las más picudas, porque no nos dejamos maltratar”. Los obreros realizan manifestaciones pacíficas, paro de actividades con movilización en el centro. A partir de allí son citados en la Subsecretaría de Trabajo el 16 de noviembre y otras tantas donde se firman actas acuerdo incumplidas sistemáticamente por la empresa que aduce que no tiene dinero suficiente para satisfacer la demanda de sus trabajadores.

Nos pusimos adelante
La represión del día 24 comienza cuando en el horario de entrada (8:00 am) la empresa impide el ingreso de los 23 delegados y familiares, suspendiéndolos momentáneamente. En la entrada “se ponen 10 patovicas con una lista en la mano con los nombres de los que no podían entrar”. Los trabajadores deciden no ingresar y en apoyo a sus compañeros reclamar en forma pacífica ante la arbitrariedad de la empresa. Un grupo bastante nutrido que se encuentra trabajando se pliega a la protesta. Como no obtienen ninguna respuesta de la empresa, los trabajadores deciden cortar la ruta 50 y los accesos a la planta para impedir la salida de los camiones cargados utilizando bicicletas y cadenas para cerrar los portones. Adrián Sánchez amenaza con echar a los que no entran y llama a la policía. El aparato de seguridad llega al lugar y comienzan las provocaciones. La policía intenta amedrentar a los trabajadores con prepotencia pero estos no se asustan y le hacen frente. Mientras tanto los empacadores hacen rondas y turnos para mantener cortados los accesos. Pasado el mediodía se presenta la fiscal Liliana Ginner quien no busca en ningún momento una solución pacifica sino por el contrario siempre está del lado de Sánchez. La fiscal trae como refuerzo a 120 policías bien armados que vienen a “proteger la propiedad” del señor Sánchez y no a detener a los miembros de la cooperativa. La fiscal cansada de la resistencia de los obreros a abandonar el corte les advierte a los delegados “yo hablo por teléfono y hago que esto sea una matanza”. Los delegados comunican la respuesta de la ley a los trabajadores, quienes deciden quedarse y resistir... La fiscal autoriza el desalojo, o sea, da la orden para que las fuerzas de seguridad del Estado golpeen, disparen balas de goma y gases a trabajadores indefensos. “Nosotras formamos una cadena humana para separar a los hombres de la policía, como señal de paz, pensando que no nos van a pegar” -relatan las obreras- “pero estos comienzan a pechar y cuando ven que no nos pueden romper comienzan a disparar balas de goma, de pimienta y gases lacrimógenos”. Ante esto los hombres reaccionan en defensa de las mujeres y reciben la descarga de la policía. Walter cuenta que les tiran a menos de un metro y directo a la cara mostrándonos las heridas de bala y hematomas. Más de 60 heridos y detenidos deja la actuación servil de la policía.
Luego de la injustificada y dura represión los trabajadores deciden realizar un paro en repudio al accionar de la empresa y la fiscal. La unidad de los obreros/ as se hace cada vez más fuerte, los trabajadores conscientes de lo justo de su reclamo van a la Legislatura el día viernes buscando soluciones y presentan una demanda a la fiscal por su desempeño. Van acompañados de miembros del Sindicato de frutas y hortalizas.
La marcha del día lunes obliga al gobierno a dictar la conciliación obligatoria entre las partes, lo que obliga a suspender el paro. Uno de los trabajadores que participa en la marcha resalta la solidaridad de otros trabajadores del ajo, que pese a las amenazas de sus patrones apoyan a los obreros de CAMPO GRANDE. Los delegados y la empresa se reúnen el día martes en la subsecretaría de trabajo para llegar a un acuerdo. La empresa no levanta la suspensión de los delegados. Al momento de esta nota los trabajadores debaten en asamblea la propuesta de la empresa. Apoyar el reclamo de los trabajadores de CAMPO GRANDE es un deber de todos.

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Último momento - Seguridad y derechos humanos

Seguridad y derechos humanos

En el año 1999, los partidos políticos con representación parlamentaria en la provincia acordaron los lineamientos básicos de una política de seguridad que fue definida como “política de Estado”. Sin perjuicio de la relativa convicción y eficacia con la que ejecutaron esa política los gobiernos que desde entonces se sucedieron, lo cierto es que Mendoza nunca renunció explícitamente a esa “política de Estado”.

Más aún, el flamante gobierno, tanto por boca del Gobernador como de su ministro de Seguridad, se ha comprometido a implementar esa política adecuándola a las nuevas circunstancias pero siempre respetando su espíritu fundacional.
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En los primeros tiempos y en cumplimiento de aquella política, se tomaron medidas orientadas a extirpar de las filas policiales los excesos represivos y las conexiones o complacencias con diferentes actividades delictuales. Se realizó entonces una purga general que afectó a todos los niveles de la fuerza, incluyendo aquellos mandos que no hubiesen actuado con la severidad que su jerarquía imponía frente a ese tipo de conductas. Es posible, y así lo reconocieron los políticos que promovían la reforma y los funcionarios que la implementaban, que entre los alejados de la fuerza existieran policías que individualmente no lo merecieran. Los responsables argumentaban que la urgencia de la situación obligaba a tomar medidas generales. También se dijo que el tiempo ayudaría a establecer las diferencias individuales que permitirían revalidar de un modo u otro y dentro de lo posible a quienes debieron retirarse sin razones valederas para ello. O sea, separar la paja del trigo, que aquella urgencia inicial no permitió.

Con los años, la crisis de seguridad cobró nuevos y negativos bríos, lo que no necesariamente indica que la reforma del ’99 haya fracasado. Es posible que la deficiente aplicación de esa política haya derivado en efectos no deseados, como podría ser el de un deterioro global del prestigio y la autoridad de las fuerzas de seguridad indispensable para enfrentarse debidamente a la creciente delincuencia. Aunque se debe señalar que ese deterioro es también en parte consecuencia de aquellas prácticas perversas que la reforma pretendió eliminar y que continuaron a pesar de la misma. Pero, y eso hoy es evidente, los malos policías no hacen mala a toda la Policía, de lo contrario nos quedaríamos sin la institución.

Entonces, el desafío actual, por cierto difícil, es el de avanzar sobre aquellos objetivos de la reforma para lograr el aislamiento de los que proceden con excesos o amparan complicidades, al mismo tiempo que recuperar plenamente la confianza de la sociedad en la fuerza policial como institución, de forma tal que sus mejores elementos puedan obtener merecido reconocimiento.

Para alcanzar ese equilibrio, será necesario escapar de todo extremismo ideológico y respetar los derechos de todas las personas por igual.

En tal sentido, todo funcionario policial o de cualquier otra naturaleza que hubiese sido condenado concretamente por la comisión de cualquier delito, no debería estar ni volver a la función, tenga o no habilidades específicas en la materia. Del mismo modo, cualquier sospecha seria acerca de la posible participación de policías en actos delictivos de cualquier tipo, deberá indagarse hasta las últimas instancias, porque no se puede poner la vida de las personas en manos de quienes no han sabido respetarla. Pero, en todos los casos deberá garantizarse el derecho del debido proceso, y será la Justicia la que debe tener la última palabra.

Resulta entonces inaceptable la pretensión de excluir de la función pública a toda persona que de un modo u otro hubiese ejercido funciones estatales durante cualquier gobierno militar, particularmente el último acontecido entre 1976 y 1983, y con más razón aquella otra que, avanzando aún más, sostiene una extraña teoría de la inversión de la prueba, afirmando que toda persona que actuó durante ese período es culpable mientras no demuestre lo contrario.

Se trata, en todos los casos, de posiciones ideológicas al servicio de un oportunismo político que no tienen sustento jurídico y que en definitiva resultan enfrentadas con el verdadero estado de derecho, que considera iguales ante la ley a todos los seres humanos sin admitir la jerarquización o desjerarquización de personas particulares por motivos generales.

Es el caso del actual subsecretario de Seguridad, que ejerció funciones policiales durante el último gobierno de facto, y frente a cuya designación se han alzado voces que a la vez que promueven averiguaciones judiciales sobre su conducta en ese período, afirman que el funcionario está políticamente invalidado para seguir en su función por el solo hecho de haber actuado como policía en aquellas circunstancias, con independencia de que se pruebe o no su participación en actos de represión ilegal.

De aplicarse tal concepción, ni Eugenio Zaffaroni podría ser juez de la Corte Suprema de Justicia de un gobierno republicano, ni Elisa Carrió podría ser líder de un partido democrático interesado en acceder al poder político nacional. Y no lo podrían ser por haber sido ambos funcionarios judiciales de la dictadura militar, junto a varios miles de argentinos más en condiciones similares que hoy ejercen o pretenden ejercen actividades en el Estado.

Diario Los Andes propicia enfáticamente toda averiguación que sea necesaria para transparentar la conducta de cualquier funcionario público, y así lo demuestra día a día en sus páginas. Pero a la vez rechaza con igual fuerza todo prejuzgamiento que lleve a dividir a los argentinos entre ciudadanos de primera y de segunda según sus posiciones ideológicas o sus ideas políticas, práctica más propia de un Estado totalitario -de derecha o de izquierda, lo mismo da- que de un estado de derecho.

Por lo tanto, es imprescindible actuar con la más absoluta ecuanimidad en estos casos, no sólo separando la paja del trigo por cuestiones de justicia y eficiencia, sino defendiendo a ultranza la división de poderes para que la Justicia actúe sin interferencias políticas. Y entendiendo que sólo se pueden respetar los derechos de todos en la medida que se respeten los derechos de cada uno.

Fuente: Editorial Diario Los Andes 06-01-08

Comentario:

El editorialista de Los Andes acusa solapadamente en este artículo a los organismos de derechos humanos que impugnan la designación del actual subsecretario de Seguridad Carlos Rico por su actuación policial en el último gobierno de facto. Pero lo más llamativo es que, al lanzar su crítica, quien escribe pretende posicionarse dentro de las filas des-ideologizadas y apolíticas de la nueva / vieja derecha vernácula, ahora electoralmente exitosa. La del tipo Macri (ver artículo “Está bueno ser apolítico” de Ernesto Espeche en el número de octubre de la5tapata.net)

Solo unos ejemplos:
1. Hablar de crisis de seguridad y omitir las condiciones económico-sociales que llevaron al actual desguace, es ideológico;
2. Sugerir que los organismos de derechos humanos no defienden a todos aquellos que se ven privados de ellos, es también ideológico;
3. Argumentar que ni Zaffaroni ni Carrió podrían ocupar en el presente puestos públicos, es político e ideológico y además delirante porque sus posiciones durante la dictadura no incluían salir a secuestrar, torturar y desparecer opositores y adversarios del régimen de entonces;
4. Ignorar o hacerse el desentendido acerca de los serios cargos de violación a los derechos humanos durante el Proceso, que se han presentado contra Carlos Rico no solo es ideológico sino deshonesto: las presentaciones hechas por el fotógrafo Delfo Rodríguez ante la Coordinación de Derechos Humanos y anteriormente la de Viviana Laura Beigel en representación del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, fueron difundidas con amplitud en los medios locales (ver notas reproducidas en “Ultimas noticias” de la5tapata.net el 29 de diciembre de 2007 y 5 de enero de 2008 respectivamente);
5. Pretender sentir compasión por parte de aquellos despistados que de manera inopinada trabajaron para los militares, es asimismo ideológico y político. Los organismos de derechos humanos no se proponen investigar a ex conscriptos o a agentes de seguridad o policiales de baja graduación, o a empleados públicos sin jerarquía en tiempos de dictadura. Rico no era ningún perejil ni durante ni después del gobierno de facto (si no, preguntarle al fotógrafo Delfo Rodríguez);
6. Declarar que Los Andes "...propicia enfáticamente toda averiguación que sea necesaria para transparentar la conducta de cualquier funcionario público..." constituye una pretendida fe republicana de simulado corte apolítico, no-ideológico y subjetivamente neutral. El matutino no hace esfuerzo alguno en reconocer que hay demasiados individuos -represores- que perviven en la esfera pública porque debido a su férreo pacto de silencio, a indultos presidenciales, a la clandestinidad de sus ominosas acciones y demás de aquel pasado oscuro de nuestra historia, no ha sido posible hasta ahora imputarlos y juzgarlos y dejarlos libres si fueran inocentes.

Luis Cañas

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Último momento - Nueva presentación contra ex comisario Rico

El fotógrafo Delfo Rodríguez hizo ayer una presentación en la Coordinación de Derechos Humanos contra el subsecretario de Seguridad, Carlos Rico.

Una nueva acusación contra el cuestionado subsecretario de Seguridad, Carlos Rico, se suma a las denuncias y presentaciones que ya efectuaron organismos de Derechos Humanos y aporta más pruebas contra el comisario retirado, quien integró el GE’78 durante la dictadura militar, grupo que -según los organismos de Derechos Humanos- participó de la represión ilegal durante ese nefasto periodo.

Esta vez, la presentación fue efectuada por el reportero gráfico Delfo Rodríguez, quien actualmente se desempeña como jefe de fotografía del diario El Ciudadano (Mendoza) y quien denunció haber sido víctima de un caso de abuso policial durante un operativo que, justamente, estaba a cargo de Rico en 1997.
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El fotógrafo realizó una presentación ante la Coordinación de Derechos Humanos del Gobierno, comandada por el abogado Pablo Salinas, y tanto la presentación como la documentación aportada se sumó al expediente que ya existía por la presentación de los organismos de Derechos Humanos.

"En el 2006 lo encontré en una nota en el Club Hípico y cuando me vio, me dijo: 'Usted y yo tenemos cuentas pendientes'", acotó Rodríguez.

Abuso de autoridad
Según relató Rodríguez, el episodio ocurrió el sábado 4 de octubre de 1997, cuando él se disponía a realizar la cobertura de un partido entre Godoy Cruz e Instituto de Córdoba.

"Estaba en el Estadio Malvinas y quería pasar con el auto porque llevaba el equipo y era muy pesado, no como los de ahora. Cuando paso por el control policial, les digo que soy fotógrafo del diario Los Andes, donde trabajaba en esa época y me piden una identificación. Yo les paso la credencial del ARGRA (Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina), que está avalada por el Ministerio del Interior y me reconoce como reportero gráfico y ellos me exigen que les presente el documento. Comenzamos a discutir, me detuvieron y me trasladaron a la comisaría quinta", recordó el fotógrafo, quien agregó que en esa época el subjefe de la Policía era Ignacio Medina, separado de la fuerza luego del Caso Bordón.

Sin embargo, según el relato, lo peor le aguardaba en la dependencia. "Me encerraron en una celda, me obligaron a desnudarme y empezaron a amenazarme con que me iba a pasar lo mismo que a (José Luis) Cabezas", continuó Rodríguez, en alusión al reportero gráfico asesinado el 25 de enero, también de 1997, en Pinamar.

"Yo era amigo de Cabezas y había organizado varias marchas acá en Mendoza pidiendo justicia por su asesinato. Los policías que estaban en el control no me dejaron pasar y, en medio de la discusión, dijeron 'A éste lo tenemos fichado; no quiere a la Policía y es uno de los que anda en las movilizaciones por Cabezas'. Y me llevaron a la quinta", agregó Rodríguez, quien agregó que detrás de estos uniformados estaba Rico, comisario a cargo del operativo, con un handy dando órdenes.

La presentación
El coordinador de Derechos Humanos, Pablo Salinas confirmó la presentación del reportero gráfico. "Nosotros estamos recabando las pruebas y los informes que, primero los organismos de Derechos Humanos, y ahora Delfo, nos han presentado. Lo que hemos hecho es iniciar un expediente que incluya toda esa documentación y la Subsecretaría de Justicia le ha dado curso a las presentaciones realizadas", indicó Salinas.

"No puedo opinar sobre el hecho, porque pertenezco a un organismo del Estado. Lo que sí puedo hacer es confirmar que la presentación fue realizada", agregó.

Sin denuncias en la Inspección General de Seguridad

Por una cuestión cronológica, es imposible que el ex comisario y actual subsecretario de Seguridad tenga denuncias en su contra en la IGS.

Así lo indicó Félix Pesce, el miembro del PJ del órgano de control, quien lo resumió en una simple frase: "La IGS fue creada en el año 2000, después de la Reforma Policial en el último año de gobierno de Lafalla. Rico fue separado ese mismo año, por lo que de antes no puede existir ninguna denuncia. Y, si se tiene en cuenta que la IGS no tiene jurisdicción sobre personal retirado, sino que la tiene sobre policías y penitenciarios en actividad, es imposible también que exista una denuncia posterior al 2000", indicó Pesce.

Fuente: Ignacio De La Rosa (MDZ online)

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Solidaridad - Tus hermanas te buscan

Tus hermanas te buscan

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Solidaridad - Querida hermana

Querida Hermana: Soy Laura, hija de Nora Susana La Spina y Jorge Néstor Cena. Nuestros padres fueron secuestrados por la dictadura militar entre el 15 y 20 de noviembre de 1976 en La Plata, en calle 34 entre 13 y 14. Mamá estaba embarazada de vos y esa misma noche naciste en una comisaría. Tres días pasaste con ella, mamá te puso el nombre de Mariana que es tu verdadero nombre. Luego te llevaron y nunca más supimos nada de tu paradero. Nuestros padres están desaparecidos. Yo te busco desde hace años, sos mi única hermana y mi deseo es que estemos juntas. Quiero que sepas que tenés una familia que te espera y te ama, y a pesar de que nunca te vimos sabemos que estás viva. Ojalá que si alguien sabe algo de vos nos ayude a encontrarte Si hay algún dato, por mínimo que sea, por favor escribir a: lauraymarianajuntas@yahoo.com.ar. Muchas gracias.

Mensaje de Red Solidaria por los Derechos Humanos (REDH):
Hace unos años enviamos un mensaje muy similar a éste, donde Clara Petrakos busca a su hermana Victoria. Ese mensaje aún continúa rodando por Internet, como aún continúa la búsqueda de Clara. Hoy es la misma Clara quien nos hace llegar la búsqueda de Laura. Creo que no tiene sentido cambiar el texto con que acompañé la búsqueda de Victoria, por tanto esta nueva búsqueda se abre camino de la misma manera. Pronto esperamos tener novedades tanto de Victoria como de Mariana, y de todas y todos a quienes buscamos: Se solicita máxima difusión para este pedido. REDH ha distribuido el mensaje a una nómina de 26.085 direcciones suscriptas a su lista. Se espera que gran parte de uds. tome la campaña de búsqueda como propia y reenvíe el pedido a su grupo de contactos (como siempre en copia oculta a fin de no favorecer cadenas que terminan siendo bases de datos para campañas de marketing). Cada uno de uds. puede sumarse a la campaña de la manera en que consideren sea más propicia: reenviándola, imprimiendo volantes, difundiéndola en medios a los que pertenezcan. No importa el país o región adonde se envíe el llamado de Clara, no existen datos que restrinjan la búsqueda a Argentina. Cualquier orientación que tome esta búsqueda puede resultar definitoria, esperemos que así sea. Un gran abrazo, Carlos D. PEREZ Coordinador General de REDH - www.redh.org/

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Solidaridad - Clara Anahí Mariani, te seguimos buscando

Cada atardecer las recolectoras de estrellas salimos a iluminar la noche.
El mail de "Chicha": mariaisabelchorobik@sinectis.com.ar

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Solidaridad - Buscamos a un compañero

Les pido que me informen si tienen algún dato sobre Fernando Alfredo Avila, un compañero que fue secuestrado el 24 de febrero de 1978. Era oriundo de Córdoba pero su secuestro se produjo en Capital Federal. Militaba en Montoneros, en la zona sur (Lanús y Quilmes), supo vivir con sus padres en Villa Crespo, antes de ello estuvo viviendo en Lanús Oeste, en la calle 25 de Mayo a 3 cuadras de la estación de trenes. Adjunto una foto del compañero. Insisto en que cualquier información que tengan sobre el compañero me la hagan llegar para acercarla a la familia y a los compañeros del EAFF.
Muchas gracias. MARIO PAREDES - marioangelparedes@yahoo.com.ar

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