Para los organismos de derechos humanos de Mendoza el Juez Walter Bento, que tiene en sus manos la investigación de los cerca de doscientos casos por la desaparición de personas en esta jurisdicción, ha tenido – y tiene – profundas deficiencias en su tarea que lo aproximan a una especie complicidad con las chicanas jurídicas de los genocidas. A ello se agrega el comportamiento de los jueces de la Cámara, la mayoría de ellos como López Cuitiño, que se excusó, y Pereyra González, que renunció para evitar un juicio político por sus antecedentes como camarista en San Luis durante la dictadura, acusado de haber tenido conocimiento de torturas sin haber tomado ninguna medida. De esta forma, queda solamente como miembro conformante de la Cámara Federal de Apelaciones Julio Demetrio Petra.
Estos antecedentes de los jueces involucrados en las causas han hecho que los organismos humanitarios estén exigiendo desde hace años medidas a fondo para revertir la situación, ya que en Mendoza aún no se ha llevado a cabo ningún juicio. Precisamente, las gestiones y las exigencias en todos los niveles, han posibilitado que se haya constituido en paralelo y está en funciones, desde principio de año el fiscal especial Omar Palermo, quien lo hace por orden de la Procuraduría General de la Nación ante las serias deficiencias procesales en estos tribunales de la Justicia Federal en la Provincia.
Por ello, se pide que la mitad de las causas vayan a parar a manos de Palermo, y es posible que desde esta misma instancia se investiguen en conjunto las causas teniendo en cuenta que ya ha pedido el fiscal acumularlas por centro clandestino o tomando otro punto en común, lo que tampoco Bento ha tenido en cuenta.
Algunos datos
Según el Centro de Información Judicial, serían 93 las causas con procesados en la jurisdicción de Mendoza – 46 son los procesados que hay entre todas las causas que se investigan desde la provincia – 15 es el número de causas elevadas a juicio pero que aún no tienen fecha fijada para el proceso oral y público – 4 presentan requerimientos de ser elevadas, todas ellas en jurisdicción del Gran Mendoza – 165 es el total de personas desaparecidas que se sospecha hubo en Mendoza entre l976 a l983, pero para los organismos, la cifra se eleva algo más de 250, según las constancias que obran en su poder.
De acuerdo al abogado de los organismos, Pablo Salinas, en muchas de las causas que figuran en este informe se rechazaron pruebas que, a su entender, son válidas. Una de ellas, y la más llamativa, es el rechazo de la jueza sanjuanina Margarita Camus, quien identificó a su torturador pero que para la justicia su testimonio no fue suficiente. Esto es un ejemplo de los tantos que salpican de desconfianza la actuación de jueces y camaristas como Bento, como lo vienen manifestando los organismos de derechos humanos y así lo repetirán jueves 28, último del mes, frente al edificio de los tribunales federales, en Avenida España y Pedro Molina, a partir de las 11:30 horas.
La Quinta Pata, 27 – 05 – 09
miércoles, 27 de mayo de 2009
Mendoza-May2009

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