“Queremos discutir esta norma que es ley de leyes en la democracia y una gran política de Estado”, explicó el diputado nacional electo Fernando “Pino” Solanas, en alusión al debate para reemplazar la Ley de Radiodifusión de la Dictadura. Fue en una conferencia de la que también participaron el diputado nacional Claudio Lozano, Mario Mazzitelli y Julio Raffo. Proyecto Sur criticó varios artículos del proyecto oficial que "niegan los 21 puntos" de la Coalición por la Radiodifusión Democrática y participará del debate con proyecto propio. La prensa escrita manipuló el mensaje dado.
Se viene el debate para cambiar la Ley de Radiodifusión de la Dictadura. El gobierno nacional presentó un proyecto de ley de medios audiovisuales, al tiempo que por otros frentes modificó el negocio del fútbol, a partir de la participación de Canal 7, y se inclinó finalmente para adoptar la norma japonesa digital. Respecto al proyecto sobre medios, se basa en 21 puntos consensuados por la Coalición por la Radiodifusión Democrática, aunque como explicaron desde Proyecto Sur, muchos artículos sustanciales del proyecto oficial contradicen el espíritu y letra de ese documento.
La revisión de licencias cada dos años, la convivencia entre cooperativas de servicios públicos y distribuidoras de TV por cable de alcance local en el interior del país, el desembarco de las telefónicas a la comunicación audiovisual y la regulación para el “triple play”, el nuevo status del Comfer, son los puntos conflictivos, más allá de todos los aspectos positivos del proyecto. Sobre estos, Proyecto Sur presentó su críticas y anunció su propio proyecto de medios.
Debatir ahora, pero no en 15 días“Durante estas décadas ninguno de los gobiernos constitucionales fue capaz de bajar al Congreso los proyectos de ley para modificar la Ley de la Dictadura, una ley que se fue empeorando con decretos de necesidad y urgencia”, explicó Solanas, para enseguida diferenciarse del oposicionismo y asegurar que Proyecto Sur quiere debatir el tema ahora, porque “no hay garantías que el parlamento que asuma el 10 de diciembre dé prioridad a este tema que se viene postergando desde hace tiempo”. Aunque aclaró que “sería ridículo intentar encorsetar este debate y pensar que en 15 días podemos sacar algo.”
En complemento, el diputado nacional Claudio Lozano aseguró que “no estamos de acuerdo con esperar a que se renueve el Parlamento para discutir este tema, pero tampoco con hacer un debate express donde hagamos de cuenta que debatimos lo que no debatimos.” Luego explicó que van a “reclamar que esto se discuta como corresponde” y sostuvo que “no hemos estado con el resto de la oposición, porque más allá de compartir algunos puntos, buscamos dejar en claro que queremos discutir este tema y no estamos buscando ningún subterfugio para que esto no se discuta.”
Control y empresas telefónicas, contra los 21 puntosLeer todo el artículoAclarado este punto, los referentes del Movimiento Proyecto Sur, entre quienes se encontraba el secretario general del Partido Socialista Auténtico, Mario Mazzitelli, continuaron.
“Así como nos hemos hecho cargo y hemos contribuido al debate por una radiodifusión democrática y asumimos los 21 puntos, tenemos que reconocer que el proyecto del Ejecutivo, farragoso, imbricado, esconde la negación de algunos de los postulados fundantes de esos 21 puntos”, sostuvo Solanas, para referirse a los dos puntos más conflictivos del proyecto de ley oficial: el que se refiere a la autoridad de aplicación y el ingreso de las empresas telefónicas al negocio audiovisual.
“En los 90 presentamos dos proyectos de ley en la línea de la democratización del espacio audiovisual que aseguraba la autonomía del organismo de control de semejante espacio”, afirmó Solanas para luego explicar: “El punto 12 dice que los servicios audiovisuales serán públicos y no gubernamentales, lo mismo que el organismo de control, expuesto en el punto 19, sin embargo, el proyecto de ley del Ejecutivo propone un segundo Comfer que va a administrar y supervisar la aplicación de la norma y que lo pretende manejar el Ejecutivo, y esto está en las antípodas de los 21 puntos” aseguró.
“Del espacio mediático se nutre el imaginario colectivo y se fija la agenda pública y por lo tanto no se puede hacer para que le sirva sólo a este gobierno ni al que viene”, agregó el diputado electo. En el mismo sentido, Lozano sostuvo que “el nuevo Comfer debe reflejar una composición federal y comunitaria y no gubernamental”.
“Organismo autónomo, con control parlamentario, federal, con miembros que surjan de la propuesta de los distintos sectores de la sociedad y al mismo tiempo atraviesen una audiencia pública como lo hicieron los miembros de la Corte Suprema actual y con un enorme Consejo Asesor con capacidad de juzgar con independencia del Ejecutivo”, completó Solanas.
Respecto al segundo ítem más conflictivo, el ingreso de las empresas telefónicas, Solanas aseguró que el proyecto oficial “está posibilitando la más grande concentración mediática que podamos imaginar”.
Lozano graficó lo “contradictorio del discurso que propone desconcentrar” al revelar los datos de facturación de los grupos empresarios en pugna. Citando los datos de una revista económica, el diputado comentó que mientras el Grupo Clarín tiene un total de facturación actual de 5.736 millones de pesos, el Grupo Telefónica tiene 11.521 millones y Telecom, 17.588 millones. “En este sentido, habilitar a las telefónicas obviamente desde el discurso de la desconcentración es difícil de sostener”, comentó.
Otras diferencias con el proyecto oficial
El abogado Julio Raffo, legislador electo para la ciudad de Buenos Aires, y especialista en temas culturales, fue el encargado de revisar el proyecto de ley oficial, que en “la letra chica desvirtúa los 21 puntos”.
“El proyecto reserva el 33% de las frecuencias para las entidades sin fines de lucro, muy bien, pero a renglón seguido dice que la autoridad de aplicación podrá usar estas reservas para otra cosa”, comentó Raffo y continuó: “Y cuando pensamos en el perfil un Comfer como el de Julio Bárbaro de los últimos años, pensamos que estas reservas van a tener mal destino, aunque en mi concepto no es el caso del Comfer actual, pero pueden volver”, advirtió.
Asimismo, comentó que “en el caso de las radios de baja potencia, está bien, se prevén, pero como excepción, y las radios de baja potencia hay que fomentarlas, no son una excepción, son el motor de la génesis de la radiodifusión en los pequeños pueblos, son los comunitarios, los jóvenes, que quieren tener una radio, no pueden ser una expresión sujetas a caducidad”, argumentó el abogado.
En referencia a los contenidos, Raffo explicó que es “algo sorprendente”: “…el proyecto oficial prevé modificaciones de contenido, pero curiosamente no incluye a las personas jurídicas de derecho público no estatal como la Iglesia Católica, no le impone obligaciones de contenido y nosotros tenemos el mayor respeto por la Iglesia, pero en materia de radiodifusión, todos los emisores deben ajustarse a la ley”.
Proyecto propio
Luego de presentar las críticas al proyecto oficial, anunciaron la posición frente al debate que se abre en el Congreso. “En la experiencia de Proyecto Sur confluyen tanto desde el campo cultural y del social, actores que han venido participando durante las últimas dos décadas en el debate sobre la necesidad de la democratización del sistema de medios en la Argentina”, explicó Lozano y agregó: “Para todos nosotros hay un concepto central que es el tema de entender el espacio radioeléctrico y sus frecuencias como un patrimonio del conjunto de la sociedad que deben ser administradas por el Estado con un adecuado control público.”
Según el diputado, esto explica por qué “Proyecto Sur no llegó a este debate ni por una circunstancial confrontación con el grupo Clarín, ni tampoco como parte de aquellos que cada vez que se plantea la necesidad de regular el sistema de medios colocan eso en el terreno excluyente del autoritarismo.”
Así, Proyecto Sur participará de los debates en comisiones del Congreso, pero planteará la necesidad de que el proyecto se gire también a las comisiones de Cultura y de Educación (además de las tres ya previstas que son las de Presupuesto, Comunicación y Libertad de Expresión).
Al respecto y luego de haber hecho pública y de forma clara los antecedentes, el proyecto y la opinión de Proyecto Sur al respecto, Lozano aclaró que si bien se presenta un proyecto propio, se intentarán conseguir sustanciales modificaciones al proyecto oficial: “No vamos a rechazar un proyecto porque estemos acompañando el voto oficialista, es al revés, en todos los casos nosotros planteamos propuestas y votamos en función de sostenerlas, si acá el oficialismo se aviene a modificaciones que hagan de esta norma lo que tiene que ser, obviamente estaremos allí.”
Finalmente, aclaró que el bloque del SI no resolvió todavía su postura, pero que mantienen conversaciones “como siempre”, al igual que con el diputado Miguel Bonasso.
La prensa escrita y un trato maniqueo
Al día siguiente de la conferencia, los medios escritos hicieron nuevamente un uso maniqueo de las declaraciones de Proyecto Sur. Así sucedió principalmente con el diario Clarín, quien tituló en tapa “Para Solanas, el proyecto del gobierno es una vergüenza” y a página completa en el interior “el proyecto es intrincando y farragoso”, para luego reflejar una posición absolutamente contraria y belicosa respecto al proyecto oficial. En el caso particular de la palabra “vergüenza”, fue utilizada para un punto específico y no para el proyecto oficial en su conjunto, sabiendo que Solanas saludó la iniciativa de debatir este tema, aunque las críticas al proyecto oficial arriba expuestas son contundentes.
InfoSur, 07 – 09 – 09
La Quinta Pata
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