En Mendoza no fue menos intensa la represión desatada por el terrorismo de Estado que implementó la dictadura militar. De acuerdo al organigrama, Mendoza - tanto como San Juan y San Luis - formaban parte de la 3a. Zona, con centro de operaciones del 3er. Cuerpo de Ejército, en la provincia de Córdoba. En Mendoza, la cúpula responsable de la represión en sus momentos más intensos, entre 1976 y 1979, estuvo constituida de la siguiente forma: - Comandante III Cuerpo de Ejército (Córdoba), Gral. de División Mario Benjamín Menéndez. Posteriormente asumiría el Gral. Antonio Bussi. - Comandante de la VIII Brigada de Infantería de Montaña, Gral. de Brigada Jorge Maradona. - Segundo comandante de la VIII, Coronel Tamer Yapur. - Jefe de División Operaciones, Tte. Coronel Nemesio Schro. - Jefe División II de Inteligencia, Tte. Coronel J. Lázaro - Segundo Jefe Inteligencia. Tte. Coronel Enrique Gómez Saa. - Jefe Destacamento Inteligencia (SIE), Tte. Coronel Washington Barrera. - Jefe Secretaría Inteligencia del Estado (SIDE) Tte. Coronel A. Farías. - Jefe Inteligencia IV Brigada Aérea, Mayor Podorno. - Jefe de Policía Mza. Vicecomodoro Julio César Santuccione. - Segundo Jefe Policía, Comisario Gral. Ramón Arrieta Cortez. - Jefe de Inteligencia (D2) Pol.Mza. Com.Gral. Pedro Dante Sánchez. - Jefe Pol. Motorizada, Comisario Manuel Greco. - Jefe interrogadores y torturadores García Cuevas, que después sería "premiado" como "héroe de Malvinas", al igual que el guardiamarina Giaquinta, mendocino y muerto en Malvinas, pero reconocido como torturador en esa fuerza. - Jefe de la SIDE en San Rafael, Mayor Luis Faustino Suárez. - Coronel Carlos Horacio Taragano, Director del Liceo Militar "Gral. Espejo". - A este listado debe agregársele el jefe de la IV Brigada Aérea, brigadier José Carlos González, subjefes, el jefe de la Policía Federal en Mendoza, jefes, como también comisarios y oficiales de la Policía de Mendoza. En las fronteras, Gendarmería Nacional también tuvo protagonismo, tratando de evitar el paso hacia Chile de perseguidos argentinos. Lo mismo, de perseguidos por la dictadura pinochetista. En 1979 el Brigadier Augusto Hughes asume como jefe la IV Brigada Aérea. A su vez, el Gral. Mario Ramón Lépori asume la jefatura de la VIII Brigada de Infantería.
El Coronel Tamer Yapur era el titular de un mal llamado "Consejo de Guerra", que en realidad era formado por la "comunidad Informativa", o sea de todos "los servicios" de las fuerzas represoras. Su misión no era la de condenar en los términos clásicos de un Consejo de Guerra, sino la de imponer condenas secretas que se le adjudicaba a un detenido en el esquema de seguridad que se había elaborado. De esta manera, en los campos de concentración del Liceo Militar, en la Compañía VIII de Comunicaciones, y en la colonia de Vacaciones de Papagallos -perteneciente al Ministerio de Educación, cuyo titular era el teniente coronel Juan Esteban Echazú- se mantenía detenida, incomunicada, sin defensa alguna, a cientos de personas. Algunas de ellas fueron liberadas, pero muchos más fueron trasladados a penales nacionales a cumplir penas mayores, sin juicio previo y sin conocer acusación concreta. Otros son desaparecidos. Los campos de concentración estaban a cargo del Tte. Coronel Nemesio Schro. El equipo de interrogadores estaba a cargo del mayor de aeronáutica García Cuerva. Cometieron torturas de todo tipo, desde el uso de bolsas para provocar asfixias momentáneas, hasta la picana. Un procedimiento habitual era torturar a un hombre en una sala y en otra contigua hacer escuchar los gritos desgarradores a su novia o esposa. A otros arrestados los golpeaban o los colgaban desnudos, propinándoles verdaderas palizas. Algunos fueron colocados en sótanos, sin aire ni luz, durante tiempos prolongados. Algunos fueron extorsionados a transferir bienes a nombre de sus verdugos.
Centros clandestinos No fueron pocos los centros de detención que funcionaron en Mendoza, todos ellos clandestinos, donde los detenidos entraban en las tinieblas tenebrosas de su desaparición. Concretamente fueron centros ilegales o clandestinos: - El Palacio Policial - La Comisaría 8a. de Godoy Cruz - Cuerpo de Bomberos - El Comando (calle 9 de Julio) - Liceo Militar "Gral. Espejo" - Cía de Telcomunic. l44, Campo de los Andes - Base Aérea , IV Brigada - Colonia de Vacaciones Papagallos - Tribunales de San Rafael - Penitenciaría Provincial - Las Lajas. Pero la mayoría de las comisarías en el Gran Mendoza y en las cabeceras departamentales fueron centro de detención provisoria, como asimismo en otras sedes militares, donde lo primero que se hacía con el prisionero era torturarlo. En una de esas sedes, funcionaba lo que los jefes de torturadores llamaban "la escuelita", pues allí los nóveles destinados a esas tareas, lograban el aprendizaje torturando a los presos que eran llevados ex-profeso. Aquí en Mendoza, se producían cientos de detenciones, asesinatos y desapariciones aún antes del golpe, como asimismo atentados que tenían la impronta o sello del terrorismo de Estado, desatado con toda furia. La militancia popular ya había tenido sus bajas a manos de la Tiple A. En esta provincia hacía operaciones siniestras el llamado Comando Anticomunista Mendoza (CAM), un remedo de aquella Triple A, constituido por elementos parapoliciales financiados por sectores del empresariado. A su vez, se desataba una ola de terror por parte de un llamado Comando Pío XII, a cuyo frente estaba Santuccione, el jefe de Policía, que ajusticiaba a prostitutas, proxenetas y militantes populares. En la zona de El Challao quedan rastros de lo que se llamó - y se llaman - los "pozos de Santuccione" donde eran echados los cuerpos de las víctimas. Se contabilizan por lo menos tres decenas de víctimas de un sanguinario sujeto que murió con olor a santidad.
Cómplices civiles Los encargados de echar leña al fuego no disimulaban en sus mensajes el de arrasar con la frágil institucionalidad. Por ejemplo, en una reunión de empresarios realizada entre el 7 y el 8 de enero del 76, en la Capital Federal, representantes de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM), y de la Cámara de Comercio de San Rafael, proponían al cónclave "no pagar impuestos, hacer retenciones...Ya que ESTAMOS EN MEDIA GUERRA con el gobierno (de Isabel Perón) y también con algunos dirigentes de la CGT, HAGAMOS LA GUERRA ENTERA, hagamos algo, pero esto tiene que terminarse..." Y se dirigían a las FFAA "para que vean que hay fuerzas infiltradas y ocultas que nos llevan a algo planificado contra la República y esas fuerzas están también solapadas en alto nivel..." Y concretado el anhelado atentado contra la deteriorada democracia, se afirmaba: "Ante las circunstancias de dominio público, UCIM exhorta a sus afiliados y empresarios en general de los sectores de la producción, comercio, industrias y servicios a CUMPLIR FIELMENTE, las disposiciones impartidas en los comunicados dados a conocer por la Junta de Comandantes de las FFAA, que han asumido todos los poderes de la Nación. En cumplimiento de sus funciones específicas es un deber ir acompañando de auténtico sentido y carácter patriótico, afirmando nuestra fe en el gobierno argentino, procediendo con real vocación de servicio, empeñando todos sus esfuerzos y voluntades, con austeridad y sacrificio, para la reconstrucción moral y material de nuestra Patria". El mensaje de la UCIM era clarito: una adhesión total y sin cortapisas a los usurpadores del poder. En ese entonces, el presidente de la UCIM era el empresario Jorge Aregali Álvarez, y presidía la Cámara de San Rafael Mateo Martínez Smith, y prosecretario Renato Romano. Una complicidad, que se proyecta al presente, es el de la judicatura. Sólo sabemos de una excepción al juramento en masa de todos los estamentos a dar fidelidad a las llamadas Actas de la dictadura, que reemplaza a la Constitución. Quienes debían velar por el Estado de Derecho, se hicieron cómplices de los violadores. En los estrados de la Justicia Federal de Mendoza esa complicidad es más que expresiva, con una contundencia que en el aniversario del golpe del 76 va a merecer el más profundo repudio.
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Buchones: las increíbles historias de periodistas que ayudaron a la dictadura
Gabriel Conte, 27 – 08 – 10
Ramón Ábalo, periodista, escritor y militante de la APDH, saca a la luz casos que muchos mendocinos se negaron a creer durante años y que empiezan a tener confirmación. El periodista que se calzó uniforme. El que tenía listas negras en el cajón. A los 16 años, Ramón Abalo entró a trabajar como periodista por primera vez. Participó de la redacción del diario La Tarde, y aún hoy, transitando su octava década de vida, continúa siéndolo, aunque de manera "independiente", una sutil forma de llamar -dice- a "los desocupados".
En su libro “El terrorismo de Estado en Mendoza” había anticipado sus sospechas que hoy cree haber confirmado con la reproducción por parte de MDZ del nombre de José Domínguez Palazzini como parte de la lista de colaboradores civiles del Batallón 601 que dio a conocer la revista Veintitrés.
“Estaba claro que era un propagandista de la dictadura”, asevera hoy Ábalo mientras escudriña la larga lista de más de 800 periodistas que sirvieron, al parecer gustosamente, al terrorismo de Estado a lo largo y ancho del país.
Inmediatamente, agrega: “Hay muchos más; algunos, por formación, por convencimiento propio, porque en esas épocas estaban mal vistos los movimientos revolucionarios de Latinoamérica y África. Pero muchos otros, lo hicieron a sueldo, directamente puestos al servicio de la dictadura”.
Ábalo se atreve a dar nombres, como ya lo había hecho en la primera edición de su libro, en la que anticipó que “en ese entonces (los tiempos del último golpe) se había hecho cargo del noticiero del Canal 9 y desde allí se convertiría en uno de los más exaltados propagandistas de la dictadura militar)”. Relata en su libro que en 1983, una vez recuperada la democracia y aunque hoy se sabe que el Batallón 601 recién fue desmantelado en el año 2000, Domínguez Palazzini –conocido en la jerga militar, según denunció Gustavo Solanes como el “Capitán Nicolás”- se “refugió en Capital Federal”, aunque luego, apostando “a la mala memoria colectiva, fue nuevamente en Mendoza un expectante periodista con el privilegio de opinar sobre todo”, tal como lo relata el autor en su libro “El terrorismo de Estado …”.
Con y sin uniforme; una misma pasiónRamón Ábalo relata dos sucesos que marcaron a fuego al periodismo mendocino y que tienen que ver con el sorpresivo hallazgo de compañeros de trabajo “buchones” o bien, hasta con su propio orgullo de exhibirse como informantes de quienes perseguían a los que pensaban diferente.
Así es que relata que, en los años de plomo y aún antes, los medios acostumbraban a tener a un periodista acreditado en dependencias militares. En el lenguaje castrense, eran considerados como “corresponsales de guerra”.
Un periodista llamado Raúl Brigadín ocupaba ese rol en un medio mendocino. Cuando el golpe se produjo, Ábalo recuerda que “este mediocre escriba fue hasta el Comando Militar, reclamó su uniforme y se apareció en la redacción vestido así y dispuesto a cazar enemigos”.
Aquí, un caso de orgullo autorevelado. Pero hubo uno que tomó por sopresa a sus compañeros de trabajo. Este último fue el de Enrique Coll, “que había sido jefe de noticias”. Ábalo cuenta que “un par de años después del golpe falleció en Chile. Junto con un jefe me tocó desocupar los cajones de su escritorio y allí encontramos material y lista de personal que informaba ´a los servicios´sobre la calidad político-ideológica de los periodistas”.
¿Eran periodistas metidos a “buchones” o viceversa?, le preguntamos a Ramón Ábalo, quien la pasada Feria del Libro presentó una reedición de su volumen. “Había de todo; hay de todo, porque Palazzini o Coll están muertos, pero muchos aun viven y no han dado explicaciones si servían al terrorismo de Estado por convicción o como sus cipayos”
Después de 27 años de recuperada la democracia, se conoció la lista de colaboradores civiles y militares del Batallón 601 del Ejército, durante la última dictadura militar. Se trata de una nómina de 4.300 agentes que trabajaron en tareas de espionaje durante el terrorismo de Estado. Una revista reveló el listado y ya no se consigue en Mendoza.
MDZ Online, 22 – 02 - 10
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* Ramón Ábalo es dirigente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y autor de libros como "El terrorismo de Estado en Mendoza", entre otros.
La Quinta Pata, 27 – 08 – 10
