Viviana Demaría y José Figueroa
Primerita
Es importante comenzar este artículo recordando que en 2006 en ocasión de realizarse el Reporte del estado del derecho a la educación en el mundo –denominado Free or Free: 2006 Global Report– se situó a Chile dentro de los países que no proveen el derecho a la educación .
Para entender esta lectura realizada por el organismo que redacta este reporte, es necesario recordar que el golpe militar de 1973 promovió transformaciones significativas en el sistema educacional que perduran hasta el día de hoy: privatización que desvincula al estado de sus obligaciones otorgándole la posibilidad de su realización a la sociedad civil; aparición de la educación privada subvencionada; instalación de un sistema híbrido de conducción administrativa municipal y orientación técnica del ministerio de educación; disminución del financiamiento en educación; mantenimiento de un currículum técnico; control y reducción del currículum de profesores con la consecuente invisibilización de los docentes reduciéndolos a su labor en el aula.
También es importante señalar los rasgos con que la dictadura militar se manifestaba en Chile. Como ejemplo podemos citar la controvertida constitución política de 1980 en donde se marcan los principios rectores por donde transitará la vida social del país.
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A grandes rasgos, estos son: asimilación del estado de sitio a una situación de guerra, hecho que normalizó la existencia de tribunales militares, campos de prisioneros, exilio a opositores del régimen; control de los medios de comunicación; disolución del congreso nacional; prohibición de los partidos políticos; intervención de las organizaciones sociales; represión organizada por los organismos de seguridad, con atribuciones para actuar fuera del país.
En definitiva, una puesta en jaque a los derechos civiles, políticos y sociales subsumiéndolos a una estructura económica mercantilista donde la educación pasó a ser un objeto de consumo más y los habitantes del país vecino perdieron su condición de ciudadanos para pasar a ser considerados consumidores en todo el sentido de la palabra.
Educación a la chilena
En lo referido específicamente al derecho a la educación en Chile, diremos que se encuentra consagrado en el artículo 10 del capítulo III de la constitución: deja bien en claro que los primeros responsables de la educación son los padres, cumpliendo el estado un lugar subsidiario.
De hecho deja bien en claro que es deber de la comunidad contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación. En definitiva, responsabiliza primero a los padres y luego a la comunidad en general respecto a llevar adelante el sistema educativo.
Esto se complementa con lo expresado en el artículo 11, donde se indica que los establecimientos escolares adquieren la forma de organización intermedia de la sociedad y que su despliegue es posible porque se encuentran amparados bajo el principio de libertad de enseñanza : “es decir, se afirma el derecho de los particulares a abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales, teniendo como únicas limitantes las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional. Se señala que el estado debe velar por el cumplimiento de requisitos mínimos para los establecimientos educacionales, los cuales son presentados en una ley orgánica constitucional. Asimismo, el reconocimiento oficial por parte del estado de los establecimientos educativos será negado si se constata la propagación de una orientación político-partidista”
Giros
La legalidad de los modos que adquirieron la educación en Chile, fue construida, sostenida y operacionalizada por la sanción de la N° 18.962, ley orgánica constitucional de enseñanza (LOCE). La misma fue publicada el 10 de marzo de 1990, un día antes de la llegada de Patricio Aylwin a la presidencia de la nación. Es decir fue promulgada el último día del gobierno militar y es considerada como parte de las leyes de amarre dejadas por el dictador para impedir el desmantelamiento del modelo económico y social construido durante su mandato.
Sus principales ejes son:
• Que la educación preescolar no es obligatoria como paso previo para la educación básica
• Que la educación básica pretende el desarrollo de la personalidad del alumno
• Que la enseñanza media busca el perfeccionamiento del alumno como persona que sume responsablemente sus compromisos con la familia, la comunidad, la cultura y el desarrollo nacional.
• La LOCE acepta la existencia de procesos de selección del alumnado por parte de los establecimientos educacionales.
• Los establecimientos educacionales tienen libertad para fijar sus propios planes y programas siguiendo los objetivos y contenidos dictados por el ministerio de educación.
• Existe la aplicación de un instrumento de evaluación periódica del cumplimiento de los objetivos y contenidos mínimos.
• Quien quisiera instalar un establecimiento escolar (en el código de la educación chilena se denomina sostenedor) no se le impone más requisitos que el ser una persona natural o jurídica y tener, por lo menos, su licencia de educación media.
• Para abrir un establecimiento, se solicitan los siguientes requisitos mínimos: tener un sostenedor, ceñirse a los planes y programas de estudio, poseer personal docente idóneo y personal auxiliar suficiente, contar con un local dentro de las normas establecidas y disponer de mobiliario. El hecho de no cumplir con alguno de estos requisitos, implica una multa o sanción. De ningún modo se explicita la posibilidad de cerrar el establecimiento.
• Para la creación de universidades privadas se solicitan tengan el carácter de corporaciones de derecho privado.
• La LOCE introduce el consejo superior de educación que es un organismo autónomo cuya función es otorgar el reconocimiento oficial a las nuevas instituciones, verificar el desarrollo de los proyectos institucionales, establecer sistemas de examen selectivo para las instituciones sometidas a procesos de acreditación, así pueden luego acceder al logro de autonomía. En este caso, la autonomía es entendida como el derecho de cada entidad de educación superior a regirse por sí misma y abarca las dimensiones académica, económica y administrativa.
Milton y los sostenes
Como se observa, la participación de la comunidad en lo referido al aspecto educativo solo se advierte en la producción de sostenedores. En lo que resta, la participación de la comunidad escolar, en particular de los alumnos, padres y apoderados se circunscribe, entonces, al pago de un monto económico. No debe olvidarse que el mecanismo de subvención escolar fue sugerido por Milton Friedman y la forma en que se ha aplicado en Chile va de la mano de los alumnos en el sentido de que el gobierno subsidia al establecimiento que ha sido elegido por los padres. De este modo si un estudiante cambia de establecimiento educativo, el subsidio se va con él.
Al mismo tiempo, no existe restricción territorial para crear un establecimiento educacional, con lo cual puede existir sobreoferta de colegios en una comuna. De allí la gran invasión publicitaria en todos los medios de comunicación referida a la oferta educativa en Chile.
En otro orden de cosas, es importante señalar que la posibilidad de constituirse en sostenedor es amplia al mismo tiempo que prácticamente hay una escasa información respecto de quiénes son, qué sociedades establecen, cuántos colegios administran, cuándo dinero reciben del estado por concepto de subvenciones.
Paisajes
Es visto así que la limitación de la incidencia del Estado en la creación y sostenimiento del sistema educativo se complementa con el encuadre jurídico que pone en primer lugar al principio de libertad de enseñanza (que no es otra cosa que la libertad de empresa educativa) por sobre el derecho a la educación.
Podemos ver así que la libertad de enseñanza tiene una aspecto bifronte: por un lado la libertad de elección por parte de la demanda y por otro la libertad de los oferentes de abrir y mantener establecimientos educacionales.
Hay quienes defienden el sistema del voucher – sistema que ahoga el futuro de cualquier familia media chilena – ya que postulan que resguarda la libertad de enseñanza al entregar un subsidio a las familias para que elijan libremente el establecimiento donde educar a sus hijos.
Lo que no se dice, es que ese subsidio es una condena a veinte años y lo único que se logra es alimentar la lógica del mercado que impulsa a la competencia de los establecimientos educativos y culmina convirtiendo a la educación en una mercancía.
Este paisaje que hemos intentado transmitir pretende hacer comprensible y dimensionar en su justa medida la profundidad de los reclamos actuales por parte de los estudiantes chilenos y sus familias. Reclamo que en definitiva, está sostenido por la gran mayoría de la sociedad que se encuentra entrampada en este encuadre legal que constriñe a la población a quedar excluidos de la vigencia de los derechos civiles, políticos y sociales ya que las leyes que rigen las actividades más sensibles de esa comunidad son aun leyes de la dictadura.
Recordemos que uno de los puntos que señalamos al principio tiene que ver explícitamente con “negar el reconocimiento oficial del establecimiento por parte del Estado si se constata la propagación de una orientación político-partidista” y esto lleva de la mano una actitud de fuerte sofocamiento de las interpelaciones, la creación de agrupaciones políticas y sindicales y – en definitiva – de la movilización social.
El gran negocio de esta educación de mercado, lleva a que se susciten verdaderas monstruosidades. Veamos algunos casos:
Municipio La Pintana (Región Metropolitana). El concejo municipal de La Pintana discutió el cierre de un liceo emblemático: “Villa La Pintana”, uno de los más antiguos de la comuna y el único científico humanista. También uno de los tres con mejor rendimiento académico. Sin embargo, como cargaba con una progresiva baja de matrículas, el concejo desoyó las protestas de los 237alumnos y decidió fusionarlo con el “Liceo Marcelo Astoreca”. En la práctica, significaba el fin del Liceo y el comienzo de la búsqueda de otro colegio para los alumnos.
Según dijo el alcalde en la reunión de concejo, era una decisión “compleja y dolorosa”. Se justificó diciendo que no quedaba otra salida ante lo que calificó como un “explosivo aumento de la oferta educacional privada del sector”. Una “competencia” que provocó que los alumnos emigraran progresivamente del sistema público al sistema subvencionado.
Cerrarlo parecía inevitable. Una medida justa y lógica, fuera de toda discusión. Y así habría sido de no irrumpir -en esa misma reunión- la concejala Claudia Pizarro (del partido Democrata Cristiano). Dijo que tres autoridades de ese concejo debían inhabilitarse de votar: Jaime Pavez y su hermana Patricia Pavez, alcalde y concejala (ambos del Partido para la Democracia de orientación centro-izquierda), porque la esposa del primero tenía colegios subvencionados en la comuna; y también el concejal Luis Huneeus (del Partido Renovación Nacional de orientación centro-derecha liberal), por ser propietario de otro establecimiento de iguales características.
Las tres autoridades señaladas hicieron oídos sordos a la denuncia por conflicto de intereses y aprobaron el cierre del liceo por absoluta mayoría. Al término de la reunión de concejo, y aprovechando que varios alumnos se encontraban presentes, el concejal Luis Huneeus ofreció “su colegio” para que los alumnos del ex liceo siguieran estudiando.
En la práctica, se trató de un “negocio” de 360 mil dólares que pasó de manos del intendente del municipio a manos de un concejal de la “oposición”. En la práctica, se trató de una “lucha por el mercado de las subvenciones”. El alcalde cierra colegios públicos para así disponer de alumnos para los colegios privados.
Leyó bien, en un gobierno comunal de siete miembros, tres de ellos son “dueños” de colegios privados con subvención estatal. Y a pesar de que todos pertenecen a partidos políticos de signo ideológico “contrario”, comparten una “comunidad de buenos negocios”.
El negocio que hacen con los niños y adolescentes de Chile.
Flor de Modelo
El actual modelo chileno (Eduardo dice “envidiarlo”, Lilita lo rotuló de “excelencia”, Mauricio lo elogia como “ejemplar”, Ricardito lo propone como “paradigma”, Mariano no deja de alabarlo, etc.) se implementó gracias a que este prócer neoliberal lo apadrinara luego de ser convencido por los que luego se denominarían Chicago Boys. En la junta que usurpara el gobierno constitucional de Salvador Allende, don Toribio asumió la responsabilidad de dictar la política económica de la dictadura y en ello no escatimó esfuerzos: presidió el comité económico de ministros. En su honor, Chile lo despidió con tres días de duelo nacional y se erigió un monumento en su memoria.
El padre de la criatura (que no es Pinochet) era el que hacía los chistes más desopilantes. De los marxistas decía que eran “humanoides”, de los bolivianos, que eran “auquénidos metamorfoseados” (guanacos). Un día de 1964, tuvo una idea brillante. Fue a verlo al entonces presidente Eduardo Frei y con cara de poseído le comentó “le propongo la destrucción de toda la flota argentina en una operación relámpago…ya estamos preparados”. Frei lo sacó cagando.
Más allá de estas anécdotas, lo que debe quedar claro para todos los dirigentes y periodistas independientes arriba nombrados, es que a quien deben agradecer por el “milagro chileno” que tanto se esmeran en halagar, es a este energúmeno. El Chile del que no nos hablan en realidad tiene una cara menos presentable. Veamos.
Qué lindo mi país, paisano
De acuerdo con el último resultado de la prueba PISA, elaborada por la Organización para la cooperación y el desarrollo económico (OCDE), Chile tiene el triste récord de ser el país con la mayor segregación social en sus establecimientos educacionales, entre los 54 países que rindieron la prueba internacional PISA el 2006. Esto se traduce en que la posibilidad de que un niño se mezcle con otro de un nivel social distinto, es casi igual a cero. En otras palabras, es un apartheid.
Según un ránking de la OCDE, los aranceles universitarios que paga el alumno en Chile es más del doble que en los Estados Unidos, tres veces el de México, cinco veces más que España, ocho veces el de Francia y 20 veces más que Dinamarca, sin anotar aquellos países donde las universidades son gratuitas. Por tanto, el alto costo de la educación superior, cubierto principalmente por los estudiantes, es expoliador para las familias modestas. Tengamos en cuenta que el 18,9% de la población vive en la pobreza.
Según la OCDE, Chile no tiene ninguna universidad de calidad mundial, pero sí tiene los sextos aranceles más caros del mundo.
El 15% de los recursos para educación los pone el estado y cerca de un 85% las familias. Este monto equivale al 0,3% del PIB, uno de los más bajos del mundo -el promedio en países desarrollados es 1,3%-, casi la mitad de estos magros recursos van sólo para cuatro universidades del consejo de rectores.
El lucro de las universidades es anticonstitucional, además no genera universidades cuyo principal objetivo sea el desarrollo íntegro del país - sino generar utilidades para los dueños - no posee mayores incentivos para investigación ni desarrollo de tecnologías; destinan millones en publicidad que podrían ser reinvertidos en un 100% en investigación, infraestructura, docencia, etc. Además no pueden ser regulados y lucran con dineros del estado.
En Chile, los sueldos anuales promedios de los máximos ejecutivos para las grandes empresas privadas, bordean los $300 millones de pesos. Entonces, considerando que el sueldo mínimo en Chile es de $172.000, el país presenta un índice de injusticia de 145. Casi 500% más de lo que se ve en el club OCDE, del cual Chile es parte. Es una completa vergüenza.
Lo más odioso es que el Presidente Ejecutivo de la empresa pública CODELCO, cobra 12.490.000 pesos chilenos. En pesos argentinos equivale a $ 111.800 mensuales. Dicho sueldo, se lo pagan todos los chilenos.
Si un joven desea estudiar ingeniería civil, debe sacar un “crédito universitario” en alguna entidad bancaria. En este ejemplo, para una carrera de 6 años, el monto es de 27 millones de pesos chilenos. El banco le da 20 años de plazo para devolverlo, con una cuota mensual de 172.000 pesos. En pesos argentinos, el banco le presta al estudiante $ 241.000 y le cobra por mes $1.540 por 20 años. Después nos quejamos de Argentina.
La Quinta Pata, 28 – 08 – 11
En definitiva, una puesta en jaque a los derechos civiles, políticos y sociales subsumiéndolos a una estructura económica mercantilista donde la educación pasó a ser un objeto de consumo más y los habitantes del país vecino perdieron su condición de ciudadanos para pasar a ser considerados consumidores en todo el sentido de la palabra.
Educación a la chilena
En lo referido específicamente al derecho a la educación en Chile, diremos que se encuentra consagrado en el artículo 10 del capítulo III de la constitución: deja bien en claro que los primeros responsables de la educación son los padres, cumpliendo el estado un lugar subsidiario.
De hecho deja bien en claro que es deber de la comunidad contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación. En definitiva, responsabiliza primero a los padres y luego a la comunidad en general respecto a llevar adelante el sistema educativo.
Esto se complementa con lo expresado en el artículo 11, donde se indica que los establecimientos escolares adquieren la forma de organización intermedia de la sociedad y que su despliegue es posible porque se encuentran amparados bajo el principio de libertad de enseñanza : “es decir, se afirma el derecho de los particulares a abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales, teniendo como únicas limitantes las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional. Se señala que el estado debe velar por el cumplimiento de requisitos mínimos para los establecimientos educacionales, los cuales son presentados en una ley orgánica constitucional. Asimismo, el reconocimiento oficial por parte del estado de los establecimientos educativos será negado si se constata la propagación de una orientación político-partidista”
Giros
La legalidad de los modos que adquirieron la educación en Chile, fue construida, sostenida y operacionalizada por la sanción de la N° 18.962, ley orgánica constitucional de enseñanza (LOCE). La misma fue publicada el 10 de marzo de 1990, un día antes de la llegada de Patricio Aylwin a la presidencia de la nación. Es decir fue promulgada el último día del gobierno militar y es considerada como parte de las leyes de amarre dejadas por el dictador para impedir el desmantelamiento del modelo económico y social construido durante su mandato.
Sus principales ejes son:
• Que la educación preescolar no es obligatoria como paso previo para la educación básica
• Que la educación básica pretende el desarrollo de la personalidad del alumno
• Que la enseñanza media busca el perfeccionamiento del alumno como persona que sume responsablemente sus compromisos con la familia, la comunidad, la cultura y el desarrollo nacional.
• La LOCE acepta la existencia de procesos de selección del alumnado por parte de los establecimientos educacionales.
• Los establecimientos educacionales tienen libertad para fijar sus propios planes y programas siguiendo los objetivos y contenidos dictados por el ministerio de educación.
• Existe la aplicación de un instrumento de evaluación periódica del cumplimiento de los objetivos y contenidos mínimos.
• Quien quisiera instalar un establecimiento escolar (en el código de la educación chilena se denomina sostenedor) no se le impone más requisitos que el ser una persona natural o jurídica y tener, por lo menos, su licencia de educación media.
• Para abrir un establecimiento, se solicitan los siguientes requisitos mínimos: tener un sostenedor, ceñirse a los planes y programas de estudio, poseer personal docente idóneo y personal auxiliar suficiente, contar con un local dentro de las normas establecidas y disponer de mobiliario. El hecho de no cumplir con alguno de estos requisitos, implica una multa o sanción. De ningún modo se explicita la posibilidad de cerrar el establecimiento.
• Para la creación de universidades privadas se solicitan tengan el carácter de corporaciones de derecho privado.
• La LOCE introduce el consejo superior de educación que es un organismo autónomo cuya función es otorgar el reconocimiento oficial a las nuevas instituciones, verificar el desarrollo de los proyectos institucionales, establecer sistemas de examen selectivo para las instituciones sometidas a procesos de acreditación, así pueden luego acceder al logro de autonomía. En este caso, la autonomía es entendida como el derecho de cada entidad de educación superior a regirse por sí misma y abarca las dimensiones académica, económica y administrativa.
Milton y los sostenes
Como se observa, la participación de la comunidad en lo referido al aspecto educativo solo se advierte en la producción de sostenedores. En lo que resta, la participación de la comunidad escolar, en particular de los alumnos, padres y apoderados se circunscribe, entonces, al pago de un monto económico. No debe olvidarse que el mecanismo de subvención escolar fue sugerido por Milton Friedman y la forma en que se ha aplicado en Chile va de la mano de los alumnos en el sentido de que el gobierno subsidia al establecimiento que ha sido elegido por los padres. De este modo si un estudiante cambia de establecimiento educativo, el subsidio se va con él.
Al mismo tiempo, no existe restricción territorial para crear un establecimiento educacional, con lo cual puede existir sobreoferta de colegios en una comuna. De allí la gran invasión publicitaria en todos los medios de comunicación referida a la oferta educativa en Chile.
En otro orden de cosas, es importante señalar que la posibilidad de constituirse en sostenedor es amplia al mismo tiempo que prácticamente hay una escasa información respecto de quiénes son, qué sociedades establecen, cuántos colegios administran, cuándo dinero reciben del estado por concepto de subvenciones.
Paisajes
Es visto así que la limitación de la incidencia del Estado en la creación y sostenimiento del sistema educativo se complementa con el encuadre jurídico que pone en primer lugar al principio de libertad de enseñanza (que no es otra cosa que la libertad de empresa educativa) por sobre el derecho a la educación.
Podemos ver así que la libertad de enseñanza tiene una aspecto bifronte: por un lado la libertad de elección por parte de la demanda y por otro la libertad de los oferentes de abrir y mantener establecimientos educacionales.
Hay quienes defienden el sistema del voucher – sistema que ahoga el futuro de cualquier familia media chilena – ya que postulan que resguarda la libertad de enseñanza al entregar un subsidio a las familias para que elijan libremente el establecimiento donde educar a sus hijos.
Lo que no se dice, es que ese subsidio es una condena a veinte años y lo único que se logra es alimentar la lógica del mercado que impulsa a la competencia de los establecimientos educativos y culmina convirtiendo a la educación en una mercancía.
Este paisaje que hemos intentado transmitir pretende hacer comprensible y dimensionar en su justa medida la profundidad de los reclamos actuales por parte de los estudiantes chilenos y sus familias. Reclamo que en definitiva, está sostenido por la gran mayoría de la sociedad que se encuentra entrampada en este encuadre legal que constriñe a la población a quedar excluidos de la vigencia de los derechos civiles, políticos y sociales ya que las leyes que rigen las actividades más sensibles de esa comunidad son aun leyes de la dictadura.
Recordemos que uno de los puntos que señalamos al principio tiene que ver explícitamente con “negar el reconocimiento oficial del establecimiento por parte del Estado si se constata la propagación de una orientación político-partidista” y esto lleva de la mano una actitud de fuerte sofocamiento de las interpelaciones, la creación de agrupaciones políticas y sindicales y – en definitiva – de la movilización social.
El gran negocio de esta educación de mercado, lleva a que se susciten verdaderas monstruosidades. Veamos algunos casos:
Municipio La Pintana (Región Metropolitana). El concejo municipal de La Pintana discutió el cierre de un liceo emblemático: “Villa La Pintana”, uno de los más antiguos de la comuna y el único científico humanista. También uno de los tres con mejor rendimiento académico. Sin embargo, como cargaba con una progresiva baja de matrículas, el concejo desoyó las protestas de los 237alumnos y decidió fusionarlo con el “Liceo Marcelo Astoreca”. En la práctica, significaba el fin del Liceo y el comienzo de la búsqueda de otro colegio para los alumnos.
Según dijo el alcalde en la reunión de concejo, era una decisión “compleja y dolorosa”. Se justificó diciendo que no quedaba otra salida ante lo que calificó como un “explosivo aumento de la oferta educacional privada del sector”. Una “competencia” que provocó que los alumnos emigraran progresivamente del sistema público al sistema subvencionado.
Cerrarlo parecía inevitable. Una medida justa y lógica, fuera de toda discusión. Y así habría sido de no irrumpir -en esa misma reunión- la concejala Claudia Pizarro (del partido Democrata Cristiano). Dijo que tres autoridades de ese concejo debían inhabilitarse de votar: Jaime Pavez y su hermana Patricia Pavez, alcalde y concejala (ambos del Partido para la Democracia de orientación centro-izquierda), porque la esposa del primero tenía colegios subvencionados en la comuna; y también el concejal Luis Huneeus (del Partido Renovación Nacional de orientación centro-derecha liberal), por ser propietario de otro establecimiento de iguales características.
Las tres autoridades señaladas hicieron oídos sordos a la denuncia por conflicto de intereses y aprobaron el cierre del liceo por absoluta mayoría. Al término de la reunión de concejo, y aprovechando que varios alumnos se encontraban presentes, el concejal Luis Huneeus ofreció “su colegio” para que los alumnos del ex liceo siguieran estudiando.
En la práctica, se trató de un “negocio” de 360 mil dólares que pasó de manos del intendente del municipio a manos de un concejal de la “oposición”. En la práctica, se trató de una “lucha por el mercado de las subvenciones”. El alcalde cierra colegios públicos para así disponer de alumnos para los colegios privados.
Leyó bien, en un gobierno comunal de siete miembros, tres de ellos son “dueños” de colegios privados con subvención estatal. Y a pesar de que todos pertenecen a partidos políticos de signo ideológico “contrario”, comparten una “comunidad de buenos negocios”.
El negocio que hacen con los niños y adolescentes de Chile.
Flor de Modelo
El actual modelo chileno (Eduardo dice “envidiarlo”, Lilita lo rotuló de “excelencia”, Mauricio lo elogia como “ejemplar”, Ricardito lo propone como “paradigma”, Mariano no deja de alabarlo, etc.) se implementó gracias a que este prócer neoliberal lo apadrinara luego de ser convencido por los que luego se denominarían Chicago Boys. En la junta que usurpara el gobierno constitucional de Salvador Allende, don Toribio asumió la responsabilidad de dictar la política económica de la dictadura y en ello no escatimó esfuerzos: presidió el comité económico de ministros. En su honor, Chile lo despidió con tres días de duelo nacional y se erigió un monumento en su memoria.
El padre de la criatura (que no es Pinochet) era el que hacía los chistes más desopilantes. De los marxistas decía que eran “humanoides”, de los bolivianos, que eran “auquénidos metamorfoseados” (guanacos). Un día de 1964, tuvo una idea brillante. Fue a verlo al entonces presidente Eduardo Frei y con cara de poseído le comentó “le propongo la destrucción de toda la flota argentina en una operación relámpago…ya estamos preparados”. Frei lo sacó cagando.
Más allá de estas anécdotas, lo que debe quedar claro para todos los dirigentes y periodistas independientes arriba nombrados, es que a quien deben agradecer por el “milagro chileno” que tanto se esmeran en halagar, es a este energúmeno. El Chile del que no nos hablan en realidad tiene una cara menos presentable. Veamos.
Qué lindo mi país, paisano
De acuerdo con el último resultado de la prueba PISA, elaborada por la Organización para la cooperación y el desarrollo económico (OCDE), Chile tiene el triste récord de ser el país con la mayor segregación social en sus establecimientos educacionales, entre los 54 países que rindieron la prueba internacional PISA el 2006. Esto se traduce en que la posibilidad de que un niño se mezcle con otro de un nivel social distinto, es casi igual a cero. En otras palabras, es un apartheid.
Según un ránking de la OCDE, los aranceles universitarios que paga el alumno en Chile es más del doble que en los Estados Unidos, tres veces el de México, cinco veces más que España, ocho veces el de Francia y 20 veces más que Dinamarca, sin anotar aquellos países donde las universidades son gratuitas. Por tanto, el alto costo de la educación superior, cubierto principalmente por los estudiantes, es expoliador para las familias modestas. Tengamos en cuenta que el 18,9% de la población vive en la pobreza.
Según la OCDE, Chile no tiene ninguna universidad de calidad mundial, pero sí tiene los sextos aranceles más caros del mundo.
El 15% de los recursos para educación los pone el estado y cerca de un 85% las familias. Este monto equivale al 0,3% del PIB, uno de los más bajos del mundo -el promedio en países desarrollados es 1,3%-, casi la mitad de estos magros recursos van sólo para cuatro universidades del consejo de rectores.
El lucro de las universidades es anticonstitucional, además no genera universidades cuyo principal objetivo sea el desarrollo íntegro del país - sino generar utilidades para los dueños - no posee mayores incentivos para investigación ni desarrollo de tecnologías; destinan millones en publicidad que podrían ser reinvertidos en un 100% en investigación, infraestructura, docencia, etc. Además no pueden ser regulados y lucran con dineros del estado.
En Chile, los sueldos anuales promedios de los máximos ejecutivos para las grandes empresas privadas, bordean los $300 millones de pesos. Entonces, considerando que el sueldo mínimo en Chile es de $172.000, el país presenta un índice de injusticia de 145. Casi 500% más de lo que se ve en el club OCDE, del cual Chile es parte. Es una completa vergüenza.
Lo más odioso es que el Presidente Ejecutivo de la empresa pública CODELCO, cobra 12.490.000 pesos chilenos. En pesos argentinos equivale a $ 111.800 mensuales. Dicho sueldo, se lo pagan todos los chilenos.
Si un joven desea estudiar ingeniería civil, debe sacar un “crédito universitario” en alguna entidad bancaria. En este ejemplo, para una carrera de 6 años, el monto es de 27 millones de pesos chilenos. El banco le da 20 años de plazo para devolverlo, con una cuota mensual de 172.000 pesos. En pesos argentinos, el banco le presta al estudiante $ 241.000 y le cobra por mes $1.540 por 20 años. Después nos quejamos de Argentina.
La Quinta Pata, 28 – 08 – 11
