Breves
Bandidos y justicieros: Varios vecinos del barrio Santa Teresita fueron intimados recientemente a abandonar sus viviendas a punta de pistolas por una banda organizada de delincuentes. Debido a las amenazas de represalias y muerte que sufrieron, no fueron muchos los que se animaron a realizar las correspondientes denuncias ante las autoridades policiales. Sin embargo, algunos lo hicieron, ante lo cual el ministro de Seguridad no encontró nada mejor que instarlos a que se defiendan por mano propia. El irritable Juan Carlos Aguinaga culminó su extemporánea perorata afirmando con la soberbia típica de un mandamás de quinto mundo: “Si alguien viene y amenaza con un arma, el otro puede pegarle un tiro, eso es legítima defensa”. Ni siquiera sus colegas, los gansos del PD, le dejaron pasar este nuevo rosario y repudiaron sus declaraciones. El gobernador Jaque también le soltó la mano – al menos por esta instancia – y dejó que su ministro se las arreglara solo con sus dichos. Más berenjenas al berenjenal. Justo cuando la semana que viene la Provincia se iba a alinear con la Nación en el plan de desarme propiciado por la última, el vaquero Aguinaga se viene con una propuesta digna del lejano oeste norteamericano para los pobres, sin voz, despojados y muy “inseguros” vecinos del barrio Santa Teresita. ¿Días contados para el ministro?El poderoso hombre del apellido de las cuatro letras: Otro soberbio y angurriento capitoste de nuestra tierra de sol y de buen vino, el mal tipo que se quiere quedar con todo el pueblo mendocino (ver nota La Quinta Pata 7, “La voluntad infinita”, febrero 2008) pretende seguir haciendo de las suyas. Ahora se le dio por construir subrepticiamente y en complicidad con Obras Sanitarias Mendoza un acueducto que llevaría agua potable al barrio que fundara, el Dalvian. Como los terrenos donde se lleva a cabo la obra se encuentran en litigio con la Universidad Nacional de Cuyo, al voraz hombre del apellido de las cuatro letras le está vedado seguir adelante con cualquier construcción. Aún menos hacerlo sin notificar al organismo provincial (EPAS) encargado de regular este tipo de obras. La Corte Suprema de Justicia de la Nación había ordenado la medida cautelar de no innovar, razón por la cual ninguna de las partes puede realizar trabajos en los terrenos en conflicto. Al hombre del apellido de las cuatro letras no se le ocurrió presentar “cálculos hidráulicos y documentación que comprueben si sobra o no agua y (…) que el acueducto no afectará el abastecimiento del servicio al resto del Gran Mendoza” (Virginia Di Bari, “El EPAS no autorizó obras que realiza Dalvian” Los Andes, 28-02-08). Le importa un comino la suerte del común de sus comprovincianos, el EPAS, la Universidad Nacional de Cuyo y la Corte Suprema de Justicia de la Nación: simple y mafiosamente, se quiere quedar con todo.
De chorros y percepciones: Unos cuantos cronistas policiales de los principales y no tan principales medios de nuestra provincia se quejan de falta de información en cuanto a los delitos que se comenten en la ciudad. En más de una ocasión han debido agenciárselas por cuenta propia – salir ellos mismos a las calles a obtener noticias – para reportar ilícitos. ¿Será que el gobierno de Jaque para entrar en sintonía con el de Cristina Fernández de Kirchner no considera apropiada la percepción de inseguridad que prevalece en la población, entonces niegan para reafirmar que no existe cuando todos sabemos que sí? Después de todo, si la Nación niega el verdadero índice de inflación y el de los precios al consumidor, entre otros ¿por qué no intentar lo mismo con la percepción de la inseguridad? Si bien es justo el reclamo oficial (más que nada el de la Nación) con respecto al festín que los monopolios informativos producen en sus fastuosos programas, noticieros y columnas con el asunto de la delincuencia, negar lo obvio es escupir para arriba: se borra con el codo…
Luis Alberto Cañas, Redacción, La Quinta Pata, 28-02-08
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