La Dirección de Derechos Humanos de Mendoza sugirió pedir la intervención del Procurador General de la Nación para garantizar la libre circulación de remedios, alimentos y combustibles.
La Dirección de Derechos Humanos de Mendoza, recomendó solicitar la intervención del Procurador General de la Nación a fin de garantizar, en su carácter de jefe máximo del Ministerio Publico, la plena vigencia del derecho a transitar libremente por la República. También acusa a los exportadores de soja de violar los derechos humanos al no permitir la circulación de remedios, alimentos y combustibles a la población.
El dictamen alude a las consecuencias que en Mendoza, ha provocado el lock-out que llevan adelante los sectores ligados a la exportación de soja. “La medida de protesta- señala el documento- produce violaciones de derechos humanos. En nombre del presunto derecho de propiedad de sectores empresariales, se verifican sistemáticas vulneraciones del derecho a la alimentación de amplios sectores de la población, como consecuencia directa del desabastecimiento de productos básicos y el encarecimiento de los mismos". Agrega que “en nuestra provincia se ha denunciado también faltante en el stock de medicamentos, lo que supone una violación al derecho a la salud que afecta sustancialmente a niños y adultos mayores, lo que ha motivado que el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos , Juan Marchena haya solicitado al gobierno nacional su intervención en el tema”.
El documento agrega que “idéntica situación de desabastecimiento afecta al sector expendedor de combustibles y al de la producción agropecuaria de Mendoza; a los mercados concentradores, frigoríficos, panaderías etc.”. En este contexto, recordó que “se han anunciado cierres de establecimientos y suspensiones al personal, aunado a una ruptura de la cadena de pagos debido a que la medida afecta a diversos sectores de la economía provincial”. “El gobierno nacional, en uso de sus facultades y dando cumplimiento a sus funciones originarias, no es un actor mas dentro de un conflicto, sino la fuente de medidas macroeconómicas y sociales que tiene el derecho y la obligación de definir”, sostiene el dictamen.
Finalmente, subraya que no puede el descontento de un sector de la economía nacional, violentar derechos fundamentales como la alimentación, la salud y el trabajo de millones de ciudadanos y que no se está frente a un conflicto de derechos humanos de igual jerarquía entre diversos sectores de la sociedad. “El derecho a obtener una renta extraordinaria, en el presente caso, no constituye un derecho protegido por la Constitución ni por los Tratados de Derechos Humanos suscriptos por la República Argentina y, no tiene la misma jerarquía que los derechos vulnerados al conjunto de la sociedad”; de allí el pedido que el Procurador General de la Nación, conforme a lo que establece el artículo 33 y concordantes de la Ley 24.946, provea de las medidas necesarias a los efectos de garantizar el derecho a transitar libremente por la república.
Repórter 24, 19 – 06 – 08
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