Jorge Sanmartino, Eduardo Lucita y Claudio Katz
Si bien se ha hablado mucho sobre la crisis entre las autoridades del campo y el gobierno nacional, es poco lo rescatable y lo profundo emitido en los medios de desinformación masiva: el conflicto quedó reducido a la vacía pregunta: ¿campo o gobierno?. La situación exige ir más allá: de donde viene el conflicto, quienes son los reales actores en esta escena nacional, y quienes serán las víctimas (quizás ya se lo imaginen).
Hace ya 100 días que el país atraviesa por una crisis de excepcional envergadura como consecuencia de un lockout patronal, que ha generado desabastecimiento, inflación, suspensiones de trabajadores y un escandaloso derroche de leche y productos básicos frente a los ojos de dos millones de argentinos subalimentados. La incapacidad del gobierno para desarticular este atropello ha envalentonado al bloque ruralista, que exige eliminar el aumento de las retenciones para imponer su principio de plena apropiación de la renta agraria a costa de la mayorías populares.
El escenario del conflicto ha cambiado dramáticamente. Lo que comenzó como una disputa económica por la distribución de la renta entre los capitalistas agrarios y un gobierno que privilegia el subsidio a las privatizadas y a los industriales se ha transformado en choque político por la orientación del país. A esta altura no se discuten las retenciones, sino el ejercicio de la administración del Estado.
El conflicto subsiste principalmente por el rechazo del bloque ruralista a aceptar las concesiones económicas que concretó el gobierno. Les otorgaron reintegros, subsidios a los fletes, apertura parcial de las exportaciones de carne y trigo y un techo al cobro de las retenciones móviles. Al mismo tiempo que el gobierno intenta contener la vertiginosa licuación de su autoridad política, el bloque ruralista busca potenciar ese desgaste porque canaliza el proyecto de la derecha neoliberal.
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La revuelta conservadora ha logrado el sostén activo de importantes sectores de la clase media, se ha gestado así un movimiento mucho más sólido que el forjado en torno a Blumberg, ya que tiene bases materiales en la potencia de la renta agraria, que ha instalado un ambiente de hostilidad hacia las tradiciones populares (de los 'cabecitas negras'), de las conquistas democráticas ('setentismo'), que retoma una cultura gorila asentada en la épica del bolsillo.
Al reclamar la anulación de las retenciones móviles como bandera principal de 'apoyo al campo', este movimiento impugna el derecho del Estado a apropiarse de las rentas extraordinarias y a regular tibiamente los precios de los alimentos que consumimos todos los argentinos.
En esta campaña han contado con el sostén de los multimedios para masificar consignas simplificadas ('dejen tranquilo al campo'), que recurren a un federalismo de cartón para garantizar los réditos de un negocio que se termina en los puertos y da la espalda a las necesidades locales. Consideran que el hambre en el mundo es un gran negocio y se abalanzan sobre esta oportunidad incluso a costa del hambre nativo.
El sostén que ha logrado este proyecto de agro-liberalismo se explica por la propia crisis que generó la expansión del modelo de la soja, que ha desplazado al resto de los cultivos y a la ganadería.
Los medianos contratistas no se pelean con los grandes propietarios, los pools de siembra o los monopolios exportadores, sino con el Estado. No reclaman reducción de alquileres o eliminación de la intermediación privada parasitaria, sino que atacan las regulaciones e impuestos estatales. Aquí radica la gran diferencia con la batalla de arrendatarios contra latifundistas de principios del siglo XX.
El bloque ruralista implementa un típico lockout y no una modalidad de las huelgas obreras. Han podido aguantar el conflicto con los fondos recaudados en la última cosecha, acopiando los granos que venderán en el momento oportuno y manteniendo la exportación y el trabajo de los peones tranqueras adentro. Sostienen su movimiento no con fondos de huelga y solidaridad, sino con la renta y las ganancias acumuladas.
El bloque agrario mantiene una conducción conservadora, alianza de la FFA y la SR , que ha borrado la histórica confrontación de los pequeños arrendatarios y aparceros con los grandes propietarios.
El gobierno ha sido impotente frente un movimiento que en tres meses ha pulverizado su autoridad. Ensayó todos los caminos para desarticular la protesta y fracasó en todos los intentos. Necesitaba ganar la pulseada para implementar el Pacto Social de congelamiento de los salarios y favoritismo a los capitalistas industriales y está soportando un vertiginoso vaciamiento de su poder.
Primero perdió el sustento electoral de las clases medias del interior y se redobló su orfandad en los segmentos urbanos. Tampoco suscitó simpatías entre los trabajadores y las capas populares, que serán las principales víctimas del proyecto conservador en curso. También se ha erosionado el aparato político del PJ.
El detonante inmediato de este desmoronamiento es un cúmulo inédito de torpezas políticas que han incluido el peor cóctel de provocación y pasividad. La cultura neoconservadora, que ya venía ganando terreno se reforzó frente a la errática política oficial resultante de sus compromisos estructurales con las clases dominantes y el corrupto aparato del justicialismo.
El gobierno no convocó en ningún momento a una patriada para eliminar el hambre en el país de las vacas gordas y el trigo abundante para no afectar las fortunas de sus socios en el negocio de la soja. Ha sostenido a Urquía y Grobocopatel entre otros, tolerando la evasión multimillonaria en los puertos privados y las ganancias mayúsculas de los seis grandes exportadores. Este compromiso con los grupos económicos le impidió buscar alianzas con los sectores humildes del campo y los indujo a descalificar en bloque a todos los descontentos que nutrieron los 'piquetes de la abundancia'.
Las acusaciones oficiales contra el reclamo egoísta y poco solidario del campo no logró auditorio popular porque es evidente que no ha puesto en marcha ninguna medida efectiva para la redistribución del ingreso, persiste la pobreza y la indigencia en un país que creció a tasas chinas durante cinco años, persisten los fuertes gravámenes al consumo popular y las desigualdades sociales se mantienen. Erradicar esos males exige romper todo compromiso con las diversas fracciones de la burguesía. Por el contrario sí hubo políticas para la UIA , para los acreedores de la deuda, para el 'Tren Bala'.
Al cabo de varios meses el gobierno se acordó de enunciar un destino social para la recaudación excedente de las retenciones. Pero tampoco ahí logró credibilidad ya que desnudó que hasta ahora no había ningún plan de hospitales y su construcción futura depende de una suba internacional del precio de la soja ¿y si este precio baja?
Las reacciones oficiales de tolerancia o agresión con los cortes de rutas no han sido coherentes, es evidente el doble discurso que rodea a la acción gubernamental. Mientras la televisión está atrofiada de transmisiones que registran cada estornudo de los ruralistas, una verdadera masa de empobrecidos fue brutalmente apaleada por el gobernador kirchnerista de Jujuy sin despertar la menor condena del oficialismo y sus adversarios del campo. Solo para los humildes rige la 'tolerancia cero hacia los piquetes', que siguiendo el ejemplo español la derecha implantaría de inmediato si llegara al gobierno.
Quienes entendemos que existe otro camino para superar la crisis nos oponemos a la actual arremetida de la derecha sin apoyar al gobierno. Nos ubicamos de manera firme y explicita contra la agresión neoliberal, sin aceptar una política oficial que hasta ahora no has hecho más que pavimentar el sendero de los principales enemigos del pueblo. Tampoco aceptamos el falso neutralismo que nos convierte en espectadores de una crisis y sepulta cualquier la posibilidad de intervención política que permita construir una salida favorable a los intereses de la mayoría.
El conflicto actual no se inició solamente por un choque en torno al destino de la renta entre dos segmentos capitalistas. También incluye la vigencia o no de retenciones que influyen directamente sobre el precio de los alimentos, los intereses populares están muy involucrados en cuánto costará la carne, el pan y la leche. El bloque ruralista pretende reducir el divorcio de estos precios locales de su cotización internacional y si triunfan la carestía de los alimentos, ya en alza, golpeará los bolsillos populares.
Lo sucedido con las privatizaciones durante la década pasada debería ilustrar que no es lo mismo la vigencia o no de retenciones significativas. La privatización de una compañía estatal constituye un daño mucho mayor que su manejo por un gobierno de las clases dominantes. Y lo mismo ocurre actualmente con los impuestos al agro que el oficialismo aumenta y la derecha busca eliminar.
4 - Partiendo de estos criterios resulta indispensable gestar un nuevo polo de intervención en la crisis, que abra las compuertas para la expresión de las mayorías populares. Esta acción es indispensable en la medida que el lockout está precipitando la desaceleración económica que el gobierno pretendía evitar y se torna insoslayable adoptar medidas de emergencia para proteger las fuentes de trabajo y los ingresos populares, frente a la inflación, la falta de combustible y el desabastecimiento de productos.
En este terreno proponemos la adopción de acciones contundentes contra quienes especulan o destruyen la comida que necesitan todas las familias. Se debe aplicar de inmediato y en forma integral la Ley de Abastecimiento que penaliza esas agresiones, mientras se adoptan iniciativas tendientes al control de costos de las empresas formadoras de precios y de toda la cadena de comercialización.
Tanto el gobierno como los voceros del agro hablan de una redistribución del ingreso, que no definen concretamente como se implementaría. La reciente improvisación es una parodia, ya que existen fondos suficientes para concretar un plan de hospitales, escuelas y caminos que no se hacen porque el superávit fiscal es destinado a pagar la deuda y subvencionar a los grandes capitalistas. Una redistribución genuina del ingreso comienza por fijar un aumento de salarios y jubilaciones acorde al costo de la canasta familiar, por ajustar todos los ingresos a la inflación real y no al dibujo oficial, por establecer una Canasta Básica de productos diversificados y de calidad con precios fijos subvencionados por el Estado.
La apropiación privada de la renta -históricamente a manos de los terratenientes y a actualmente a favor de sus herederos rentistas, capitalistas y grupos de inversores locales y extranjeros- ha sofocado el desarrollo industrial y perpetuado una inserción primarizada del país en la división internacional del trabajo. La ausencia de medidas de nacionalización de ese recurso continuará bloqueando la creación masiva de empleo, la reducción de la desigualdad y la mejora del nivel de vida popular.
Por esto resulta indispensable aplicar un programa impositivo progresivo en el agro que contribuya a la reducción gradual del IVA hasta su eliminación.
Las retenciones móviles son necesarias no solo para divorciar los precios locales de los internacionales, sino para implementar un plan agrario que recomponga todos los cultivos desplazados por la soja y la producción ganadera y lechera. Pero esas retenciones deben ser diferenciadas por la escala y la zona de la producción y deben coparticiparse, ya que el gobierno central no las utiliza para las prioridades sociales del interior. Los criterios recaudadores deben modificarse por completo, ya que hasta ahora han servido para alentar toda una variedad de fraudes a manos de los grupos exportadores.
El nivel de las retenciones debe ajustarse en función de un sistema impositivo asentado en dos pilares significativos: el impuesto a las ganancias sobre el capital, eliminando las exenciones impositivas que por ejemplo gozan los pools de siembra y el impuesto a inmobiliario rural.
Es obvio que estas medidas carecerían de sentido si persiste el actual nivel de evasión, que explica por qué razón tan pocos 'pequeños productores' se presentaron a solicitar reintegros que ofreció el gobierno. La evasión se combate cuando existe disposición a reducirla con controles que principalmente afecten a los grandes grupos.
El esquema privatizado de comercialización es la causa de uso improductivo actual de la renta agraria. Se impone el monopolio estatal del comercio exterior, a través de la recreación de un Junta Nacional de Granos y Carnes que garantice un precio sostén a la producción y un precio garante de venta, sin ningún manejo de los especuladores que controlan los mercados a término.
El abastecimiento de los insumos debe pasar también a manos del Estado para reemplazar al manejo de Monsanto y permitir el desarrollo de los laboratorios nacionales. Solo por esta vía comenzaría a eliminarse la dependencia que se ha creado en torno a las semillas, los fertilizantes, los herbicidas y las redes de financiamiento, logística y comercialización que controlan las grandes empresas.
La nacionalización es vital también en todo el circuito privatizado de exportación (trenes, caminos y puertos) que constituye el corazón de una república sojera al interior de la Argentina.
Todo el circuito de producción que actualmente involucra a distintos segmentos de contratistas y rentistas debe ser recompuesto mediante leyes de arrendamiento y comercialización que permitan reorientar la expansión de la producción hacia las prioridades de industrialización del país, quebrando así las tendencias a la primarización.
Estas transformaciones implican poner fin al desalojo de familias campesinas expropiadas por avance de la soja, satisfaciendo urgentemente las necesidades los pequeños productores del interior no pampeano, que han sido afectados por el desmonte de millones de hectáreas.
El sector más invisible del campo conformado por más de un millón de peones rurales, que trabaja en negro y percibe un sueldo miserable debe ser el destinatario prioritario de cualquier transformación en el agro, mediante la inmediata derogación de la ley de la dictadura que rige las actividades del sector, el blanqueo y el establecimiento de un salario mínimo equivalente al costo de la canasta familiar.
En el marco de la crisis alimentaria mundial y con el modelo agrario actual Argentina produce alimentos para 400 millones de personas, mientras mantiene dos millones de desnutridos dentro del país. No sólo se puede eliminar inmediatamente la subalimentación interna, sino que el país puede convertirse en un actor importante de la erradicación de un modelo capitalista internacional que ha puesto en peligro la supervivencia de 1.300 millones de hambrientos.
Argentina puede incidir en la batalla por construir mecanismos de seguridad alimentaria regional y mundial, que garanticen la estabilización de los precios, la regulación del abastecimiento y la producción y una moratoria inmediata sobre los agro-combustibles.
Pero debe promover la soberanía alimentaria como un derecho inalienable de los pueblos que ponga fin a la escandalosa fijación de los precios por los especuladores de bursátiles.
Frenando a la derecha agro-liberal dentro del país se contribuirá también a gestar un programa solidario de proyección global.
Pero este camino exige discutir lo importante y poner en el centro de la agenda nacional un programa popular de transformaciones. Para contrarrestar la demagogia derechista del bloque ruralista y la impotencia del oficialismo que agravan día a día una crisis desgarradora hay que poner en pie otra voz y otra alternativa.
La única salida realista de la crisis es ir por más, sumando las voluntades de quienes queremos transformar de raíz nuestra sociedad. Ese es el propósito de nuestra segunda convocatoria a construir Otro Camino para Superar la Crisis.
Agencia Rodolfo Walsh – Prensared y Argenpress 20 – 06 – 2008
Al reclamar la anulación de las retenciones móviles como bandera principal de 'apoyo al campo', este movimiento impugna el derecho del Estado a apropiarse de las rentas extraordinarias y a regular tibiamente los precios de los alimentos que consumimos todos los argentinos.
En esta campaña han contado con el sostén de los multimedios para masificar consignas simplificadas ('dejen tranquilo al campo'), que recurren a un federalismo de cartón para garantizar los réditos de un negocio que se termina en los puertos y da la espalda a las necesidades locales. Consideran que el hambre en el mundo es un gran negocio y se abalanzan sobre esta oportunidad incluso a costa del hambre nativo.
El sostén que ha logrado este proyecto de agro-liberalismo se explica por la propia crisis que generó la expansión del modelo de la soja, que ha desplazado al resto de los cultivos y a la ganadería.
Los medianos contratistas no se pelean con los grandes propietarios, los pools de siembra o los monopolios exportadores, sino con el Estado. No reclaman reducción de alquileres o eliminación de la intermediación privada parasitaria, sino que atacan las regulaciones e impuestos estatales. Aquí radica la gran diferencia con la batalla de arrendatarios contra latifundistas de principios del siglo XX.
El bloque ruralista implementa un típico lockout y no una modalidad de las huelgas obreras. Han podido aguantar el conflicto con los fondos recaudados en la última cosecha, acopiando los granos que venderán en el momento oportuno y manteniendo la exportación y el trabajo de los peones tranqueras adentro. Sostienen su movimiento no con fondos de huelga y solidaridad, sino con la renta y las ganancias acumuladas.
El bloque agrario mantiene una conducción conservadora, alianza de la FFA y la SR , que ha borrado la histórica confrontación de los pequeños arrendatarios y aparceros con los grandes propietarios.
El gobierno ha sido impotente frente un movimiento que en tres meses ha pulverizado su autoridad. Ensayó todos los caminos para desarticular la protesta y fracasó en todos los intentos. Necesitaba ganar la pulseada para implementar el Pacto Social de congelamiento de los salarios y favoritismo a los capitalistas industriales y está soportando un vertiginoso vaciamiento de su poder.
Primero perdió el sustento electoral de las clases medias del interior y se redobló su orfandad en los segmentos urbanos. Tampoco suscitó simpatías entre los trabajadores y las capas populares, que serán las principales víctimas del proyecto conservador en curso. También se ha erosionado el aparato político del PJ.
El detonante inmediato de este desmoronamiento es un cúmulo inédito de torpezas políticas que han incluido el peor cóctel de provocación y pasividad. La cultura neoconservadora, que ya venía ganando terreno se reforzó frente a la errática política oficial resultante de sus compromisos estructurales con las clases dominantes y el corrupto aparato del justicialismo.
El gobierno no convocó en ningún momento a una patriada para eliminar el hambre en el país de las vacas gordas y el trigo abundante para no afectar las fortunas de sus socios en el negocio de la soja. Ha sostenido a Urquía y Grobocopatel entre otros, tolerando la evasión multimillonaria en los puertos privados y las ganancias mayúsculas de los seis grandes exportadores. Este compromiso con los grupos económicos le impidió buscar alianzas con los sectores humildes del campo y los indujo a descalificar en bloque a todos los descontentos que nutrieron los 'piquetes de la abundancia'.
Las acusaciones oficiales contra el reclamo egoísta y poco solidario del campo no logró auditorio popular porque es evidente que no ha puesto en marcha ninguna medida efectiva para la redistribución del ingreso, persiste la pobreza y la indigencia en un país que creció a tasas chinas durante cinco años, persisten los fuertes gravámenes al consumo popular y las desigualdades sociales se mantienen. Erradicar esos males exige romper todo compromiso con las diversas fracciones de la burguesía. Por el contrario sí hubo políticas para la UIA , para los acreedores de la deuda, para el 'Tren Bala'.
Al cabo de varios meses el gobierno se acordó de enunciar un destino social para la recaudación excedente de las retenciones. Pero tampoco ahí logró credibilidad ya que desnudó que hasta ahora no había ningún plan de hospitales y su construcción futura depende de una suba internacional del precio de la soja ¿y si este precio baja?
Las reacciones oficiales de tolerancia o agresión con los cortes de rutas no han sido coherentes, es evidente el doble discurso que rodea a la acción gubernamental. Mientras la televisión está atrofiada de transmisiones que registran cada estornudo de los ruralistas, una verdadera masa de empobrecidos fue brutalmente apaleada por el gobernador kirchnerista de Jujuy sin despertar la menor condena del oficialismo y sus adversarios del campo. Solo para los humildes rige la 'tolerancia cero hacia los piquetes', que siguiendo el ejemplo español la derecha implantaría de inmediato si llegara al gobierno.
Quienes entendemos que existe otro camino para superar la crisis nos oponemos a la actual arremetida de la derecha sin apoyar al gobierno. Nos ubicamos de manera firme y explicita contra la agresión neoliberal, sin aceptar una política oficial que hasta ahora no has hecho más que pavimentar el sendero de los principales enemigos del pueblo. Tampoco aceptamos el falso neutralismo que nos convierte en espectadores de una crisis y sepulta cualquier la posibilidad de intervención política que permita construir una salida favorable a los intereses de la mayoría.
El conflicto actual no se inició solamente por un choque en torno al destino de la renta entre dos segmentos capitalistas. También incluye la vigencia o no de retenciones que influyen directamente sobre el precio de los alimentos, los intereses populares están muy involucrados en cuánto costará la carne, el pan y la leche. El bloque ruralista pretende reducir el divorcio de estos precios locales de su cotización internacional y si triunfan la carestía de los alimentos, ya en alza, golpeará los bolsillos populares.
Lo sucedido con las privatizaciones durante la década pasada debería ilustrar que no es lo mismo la vigencia o no de retenciones significativas. La privatización de una compañía estatal constituye un daño mucho mayor que su manejo por un gobierno de las clases dominantes. Y lo mismo ocurre actualmente con los impuestos al agro que el oficialismo aumenta y la derecha busca eliminar.
4 - Partiendo de estos criterios resulta indispensable gestar un nuevo polo de intervención en la crisis, que abra las compuertas para la expresión de las mayorías populares. Esta acción es indispensable en la medida que el lockout está precipitando la desaceleración económica que el gobierno pretendía evitar y se torna insoslayable adoptar medidas de emergencia para proteger las fuentes de trabajo y los ingresos populares, frente a la inflación, la falta de combustible y el desabastecimiento de productos.
En este terreno proponemos la adopción de acciones contundentes contra quienes especulan o destruyen la comida que necesitan todas las familias. Se debe aplicar de inmediato y en forma integral la Ley de Abastecimiento que penaliza esas agresiones, mientras se adoptan iniciativas tendientes al control de costos de las empresas formadoras de precios y de toda la cadena de comercialización.
Tanto el gobierno como los voceros del agro hablan de una redistribución del ingreso, que no definen concretamente como se implementaría. La reciente improvisación es una parodia, ya que existen fondos suficientes para concretar un plan de hospitales, escuelas y caminos que no se hacen porque el superávit fiscal es destinado a pagar la deuda y subvencionar a los grandes capitalistas. Una redistribución genuina del ingreso comienza por fijar un aumento de salarios y jubilaciones acorde al costo de la canasta familiar, por ajustar todos los ingresos a la inflación real y no al dibujo oficial, por establecer una Canasta Básica de productos diversificados y de calidad con precios fijos subvencionados por el Estado.
La apropiación privada de la renta -históricamente a manos de los terratenientes y a actualmente a favor de sus herederos rentistas, capitalistas y grupos de inversores locales y extranjeros- ha sofocado el desarrollo industrial y perpetuado una inserción primarizada del país en la división internacional del trabajo. La ausencia de medidas de nacionalización de ese recurso continuará bloqueando la creación masiva de empleo, la reducción de la desigualdad y la mejora del nivel de vida popular.
Por esto resulta indispensable aplicar un programa impositivo progresivo en el agro que contribuya a la reducción gradual del IVA hasta su eliminación.
Las retenciones móviles son necesarias no solo para divorciar los precios locales de los internacionales, sino para implementar un plan agrario que recomponga todos los cultivos desplazados por la soja y la producción ganadera y lechera. Pero esas retenciones deben ser diferenciadas por la escala y la zona de la producción y deben coparticiparse, ya que el gobierno central no las utiliza para las prioridades sociales del interior. Los criterios recaudadores deben modificarse por completo, ya que hasta ahora han servido para alentar toda una variedad de fraudes a manos de los grupos exportadores.
El nivel de las retenciones debe ajustarse en función de un sistema impositivo asentado en dos pilares significativos: el impuesto a las ganancias sobre el capital, eliminando las exenciones impositivas que por ejemplo gozan los pools de siembra y el impuesto a inmobiliario rural.
Es obvio que estas medidas carecerían de sentido si persiste el actual nivel de evasión, que explica por qué razón tan pocos 'pequeños productores' se presentaron a solicitar reintegros que ofreció el gobierno. La evasión se combate cuando existe disposición a reducirla con controles que principalmente afecten a los grandes grupos.
El esquema privatizado de comercialización es la causa de uso improductivo actual de la renta agraria. Se impone el monopolio estatal del comercio exterior, a través de la recreación de un Junta Nacional de Granos y Carnes que garantice un precio sostén a la producción y un precio garante de venta, sin ningún manejo de los especuladores que controlan los mercados a término.
El abastecimiento de los insumos debe pasar también a manos del Estado para reemplazar al manejo de Monsanto y permitir el desarrollo de los laboratorios nacionales. Solo por esta vía comenzaría a eliminarse la dependencia que se ha creado en torno a las semillas, los fertilizantes, los herbicidas y las redes de financiamiento, logística y comercialización que controlan las grandes empresas.
La nacionalización es vital también en todo el circuito privatizado de exportación (trenes, caminos y puertos) que constituye el corazón de una república sojera al interior de la Argentina.
Todo el circuito de producción que actualmente involucra a distintos segmentos de contratistas y rentistas debe ser recompuesto mediante leyes de arrendamiento y comercialización que permitan reorientar la expansión de la producción hacia las prioridades de industrialización del país, quebrando así las tendencias a la primarización.
Estas transformaciones implican poner fin al desalojo de familias campesinas expropiadas por avance de la soja, satisfaciendo urgentemente las necesidades los pequeños productores del interior no pampeano, que han sido afectados por el desmonte de millones de hectáreas.
El sector más invisible del campo conformado por más de un millón de peones rurales, que trabaja en negro y percibe un sueldo miserable debe ser el destinatario prioritario de cualquier transformación en el agro, mediante la inmediata derogación de la ley de la dictadura que rige las actividades del sector, el blanqueo y el establecimiento de un salario mínimo equivalente al costo de la canasta familiar.
En el marco de la crisis alimentaria mundial y con el modelo agrario actual Argentina produce alimentos para 400 millones de personas, mientras mantiene dos millones de desnutridos dentro del país. No sólo se puede eliminar inmediatamente la subalimentación interna, sino que el país puede convertirse en un actor importante de la erradicación de un modelo capitalista internacional que ha puesto en peligro la supervivencia de 1.300 millones de hambrientos.
Argentina puede incidir en la batalla por construir mecanismos de seguridad alimentaria regional y mundial, que garanticen la estabilización de los precios, la regulación del abastecimiento y la producción y una moratoria inmediata sobre los agro-combustibles.
Pero debe promover la soberanía alimentaria como un derecho inalienable de los pueblos que ponga fin a la escandalosa fijación de los precios por los especuladores de bursátiles.
Frenando a la derecha agro-liberal dentro del país se contribuirá también a gestar un programa solidario de proyección global.
Pero este camino exige discutir lo importante y poner en el centro de la agenda nacional un programa popular de transformaciones. Para contrarrestar la demagogia derechista del bloque ruralista y la impotencia del oficialismo que agravan día a día una crisis desgarradora hay que poner en pie otra voz y otra alternativa.
La única salida realista de la crisis es ir por más, sumando las voluntades de quienes queremos transformar de raíz nuestra sociedad. Ese es el propósito de nuestra segunda convocatoria a construir Otro Camino para Superar la Crisis.
Agencia Rodolfo Walsh – Prensared y Argenpress 20 – 06 – 2008
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