Penélope Moro
Por estos días en que proliferan los relatos constructores de la memoria colectiva, una nueva verdad empieza a resonar. Es la de mujeres que además de secuestradas y torturadas en la época signada por el odio dictatorial, fueron violadas sexualmente por los encargados de mantener la marcha del sistema de terror.
Sus palabras, basadas en la brutal experiencia del pasado y las secuelas profundas del presente, develan que en cada centro clandestino de detención montado en nuestro país entre 1976 y 1983 para disciplinar cuerpos y eliminar ideas, la violencia de género fue aplicada de manera sistemática contra ellas. Un instrumento práctico más de la brutalidad genocida impartido sobre sus víctimas, pero esta vez diferenciado. Es que si bien muchos varones fueron igualmente sometidos por sus verdugos a violaciones y abusos sexuales, las mujeres por su condición de género se enfrentaron a este delito generalizada y sistemáticamente.
Lo prueban las denuncias de los y las testigos en el primer juicio contra terroristas de Estado que se cumple en esta ciudad. Muchos de estos hombres y la totalidad de las mujeres que a través de sus testimonios revivieron las marcas del pasado siniestro confluyen en un punto: a las cautivas del D2 se las violaba aproximadamente hasta veinte veces al día, cada día de secuestro. Según los cálculos de las mismas víctimas y de sus compañeros de cautiverio no hay rango represor que no haya participado de esta aberración dentro del centro de tortura. Los distintos olores, voces y modos de violación de los perpetradores esclarecen la aseveración. La frecuencia con que se aplicaba este crimen sobre cuerpos y psiquis víctimas también.
Aún hoy este tipo de violencia no es reconocida como un crimen en sí mismo por los encargados de investigar y dar justicia a las atrocidades cometidas por la dictadura. Relegada a una forma de tortura más y considerada como un delito de instancia privada se invisibiliza su carácter ineludible de “crimen de lesa humanidad”, en tanto constituye un ataque de género cometido por las fuerzas represivas del Estado.
La comisión de violencia sexual responde a los propósitos terroristas de humillación, sumisión y degradación humana, amparándose en la estructura de poder que impera en sociedades democráticas y autoritarias donde la mujer es entendida como un objeto al servicio del hombre. Aval también de la impunidad que todavía reside sobre estos hechos.
Los abogados de los organismos ya hicieron los reclamos correspondientes para que la verdad de estas mujeres se reconozca como “crimen de lesa humanidad”. La reproducción social de la violencia de género y la justicia por el dolor impartido depende ahora de la voluntad de jueces y fiscales.
Río de Palabras 38, 13 – 01 – 11
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