domingo, 13 de mayo de 2012

Frente al asesinato policial del jovencito Franco Díaz

Roberto Vélez
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Estamos frente a otro caso de gatillo fácil. Aunque al gobernador le cueste mencionar las palabras y aceptar la realidad.

Estos hechos que conmueven a la sociedad periódica y sistemáticamente, no constituyen casos aislados. Es moneda diaria que presuntos delincuentes aprehendidos por la policía, sean objeto de golpizas y torturas. Lo mismo ocurre en las cárceles.

Viejas prácticas que tienen un significativo hito en la etapa de terrorismo con apoyo estatal de Santuccione. Sugerido como jefe de policía por el ex gobernador Carlos Mendoza, designado por Cafiero, sostenido por Luis Marcó del Pont y ratificado por el General Pedro León Lucero. En otras palabras, fue el justicialismo el que sostuvo prácticas que el terrorismo abierto continuó.

La asociación del PD con la dictadura y la presencia de represores en las primeras líneas de todos los gobiernos constitucionales evidencian el parentesco entre represión y política local. Y explica mucho de los padecimientos de la sociedad que devienen de la inseguridad pública, de los atropellos policiales y de la ineficacia estatal que no garantiza ni la seguridad ni la vida de las personas.

El que le pega a un indefenso, el que lo tortura es un potencial asesino.

Ni los ruidos molestos, ni las “fiestitas caseras”, ni las gorritas, ni las “caripelas”, ni si bailaban en los techos, ni si estaban borrachos, justifica que la policía apremie.

La policía no debe tocar a nadie. Mucho menos torturarlo y asesinarlo.
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Atrás de “la maldita policía” hay políticos, jueces y fiscales que protegen.

Al frente de la fuerza, hay uniformados retirados que creen que el poder está en sus armas.

Y esa es la escuela que se ha enseñoreado después de una reforma que fracasó por los compromisos de los gobernantes con el autoritarismo con y sin uniforme. Por la incapacidad. Por la actitud genuflexa y temerosa de más de un funcionario con la prepotencia de la “familia policial”.

El gobernador debiera entender que su gestión debe garantizar los derechos y libertades consagrados en la constitución y en las leyes.

Para lo que resulta elemental concebir a la seguridad como política de estado. Lo que más allá de los escarceos, discursos y lagrimas de ocasión, no ha existido nunca.

No hay que hacer gárgaras con los derechos humanos. Hay que garantizarlos.

*Forja en FAP

La Quinta Pata, 13 – 05 – 12

La Quinta Pata

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