Ramón Ábalo
En más de una oportunidad la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos (OEA), llamó la atención y hasta penalizó (sí, penalizó) a la Provincia por graves acciones de la policía mendocina contra la integridad física de personas, e incluso por el deterioro de las condiciones en que viven los reclusos en las cárceles, como lo ha hecho la semana pasada, refiriéndose en general a una situación dramática en toda Latinoamérica.
Y a pesar de que se ha avanzado en este terreno, se siguen produciendo lo que genéricamente ya se denomina "gatillo fácil", como ha sido la muerte por disparos policiales de personas, incluso con saldos de heridos graves. No se pueden desconocer que el poder político, o sea el gobierno, los esfuerzos que hace para, en nombre de la inseguridad -que es real- evitar la profusión de la delincuencia, pero en esto también se llega a extremos de acción política que hace presumir un actitud sesgada que se inclina por un compromiso o con una clara permisividad a las acciones violentas como respuesta, es decir "mano dura", "gatillo fácil" y una desproporcionada transmisión de responsabilidad propia a sectores afines a aquellas acciones, como lo ha hecho el actual gobierno con la promoción de una comisión en la que participan elementos como Quiroga, el padre del pibe Matías, asesinado alevosamente el mes pasado, y el desopilante personaje en que se transforma el senador Casia, un “pegotista” -para nada peronista- que han tomado la batuta desde esas alturas para marcarle la cancha al gobierno y a la población en materia de seguridad. Y claro, en síntesis, las proclamas son flamígeras como aquellas de la inquisición, y como suele decir mi tía Eulalia "no quieren dejar "títeres con cabeza".
Lo peligroso son los dichos oficiales, comenzando por los del mismo gobernador, pretendiendo echar agua fría a esos fuegos, que no se apagan así nomás, con un mero "son hechos aislados". Y la del ministro de Seguridad, Aranda, con gestos pasivos, como "aquí no ha pasado nada", que ya había exteriorizado ante la represión alevosa de la policía sanjuanina contra la hinchada tombina.
Nunca hemos tenido dudas para reprochar públicamente estos hechos, al mismo tiempo que hemos aclarado nuestra posición con respecto a la delincuencia, con la misma firmeza que tenemos contra "el gatillo fácil" y "la mano dura". Hemos reafirmado permanentemente que la lucha contra la delincuencia es una responsabilidad total del Estado, porque es el que tiene todos los resortes, como el monopolio de la fuerza, la justicia y demás elementos, para preservar la paz, la tranquilidad y la vida y los bienes de las personas. Ello no quita que de la misma sociedad se expresen acciones en ese sentido, como las que manifestamos los organismos de derechos humanos cuando afirmamos que la seguridad tiene que ver con la seguridad social, exigiendo, por ende, las políticas que posibiliten a la población, sin excepción, la seguridad de la alimentación, del trabajo, de la educación, la salud, la cultura. Y esto también es deber del Estado y del gobierno de turno que lo representa.
La Quinta Pata13 -05-12
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