La Paz. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras una inspección ocular por varias regiones del Chaco boliviano, constató la existencia de servidumbre, falta de voluntad del Ministerio Público para sancionar a quienes vulneran los derechos y recomendó al Estado erradicar esas prácticas.
La delegación de la CIDH fue dirigida por la comisionada Luz Patricia Mejía, en su calidad de Relatora para Bolivia, y por el comisionado Víctor Abramovich, en su calidad de Relator sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que visitaron el Chaco entre el 9 y 13 de junio para recabar información y testimonios.
"La Comisión deplora la existencia en Bolivia de situaciones de servidumbre por deuda análoga a la esclavitud y el trabajo forzoso", dijo Mejía, quien recibió en varias haciendas testimonios de los indígenas en situación de servidumbre.
De esa manera se despejaron todas las dudas que sectores empresariales vinculados a la tenencia de la tierra y del ala más conservadora de la propia Iglesia Católica habían sembrado respecto de la existencia de servidumbre en las haciendas del Chaco, particularmente en la región de Alto Parapetí.
En ese contexto, la Comisión manifestó su preocupación por la vida y la integridad de esas personas y por las represalias que pudieran sufrir como consecuencia de su actividad y por haber dado testimonio a la CIDH.
Mejía expresó que esas prácticas están absolutamente prohibidas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales de los cuales Bolivia es signataria.
La delegación, dijo, observó que la situación de servidumbre y trabajo forzoso en la que viven las familias del pueblo guaraní es una expresión extrema de discriminación que históricamente sufrieron y continúan sufriendo los pueblos originarios y comunidades campesinas en Bolivia.
Mejía denunció que observaron que las familias guaraníes en situación de servidumbre o trabajo forzado viven en la extrema pobreza y son sometidos a castigos como "huasqueadas" (latigazos), quema de sus cultivos y muerte de sus animales.
Trabajo infantilLeer todo el artículoAdicionalmente, en el Alto Parapetí, la Comisión verificó la existencia de trabajo infantil, prohibido por leyes nacionales y tratados internacionales ratificados por el Estado boliviano.
Agregó que todo esto ocurre en el marco de impunidad debido a la ausencia casi total del Estado en la región del Chaco y el inefectivo actuar de la Fiscalía.
"Esta impunidad fomenta la repetición de prácticas incompatibles con los derechos humanos", enfatizó la relatora.
En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó al Estado a incrementar su presencia institucional en el Chaco boliviano para garantizar el acceso al ejercicio de los derechos fundamentales de estas comunidades.
La CIDH recomendó también diseñar políticas en consulta con los pueblos indígenas, asegurando que sean compatibles con su cosmovisión e identidad cultural.
Sin embargo, reconoce los esfuerzos desplegados por el Estado para atender esta problemática y constató que el Estado boliviano intensifico llevar a cabo el saneamiento de tierras en cumplimiento de las leyes 1715 de 1996 y 3545 de 2006, ambas referidas a un proceso de reforma agraria.
La Comisión identificó que estas leyes enfrentan obstáculos por parte de diversos sectores políticos y económicos que se resisten a la implementación de la ley en la región afectada.
"Esto ha generado incluso hechos de violencia que resultaron en personas gravemente heridas y episodios de secuestros y torturas", puntualizó Mejía.
Condena
Por ello la CIDH condenó las violaciones graves a los derechos humanos que se cometen contra indígenas guaraníes y la obstaculización que particulares realizan contra la implementación de las políticas públicas. "Estos hechos deben ser investigados y sus responsables sancionados", precisó la relatora.
La Comisión reitera la obligación del Estado de implementar la normativa vigente en materia de reforma agraria. En este aspecto, la CIDH instó al Estado a garantizar la implementación efectiva de estas leyes, teniendo en cuenta la particular relación de los pueblos indígenas con la tierra y en consecuencia, en el proceso de titulación, dé prioridad al reconocimiento de sus tierras y territorios ancestrales.
En este sentido, la Comisión urge al Estado a tomar medidas efectivas de protección para todos los miembros y dirigentes del pueblo guaraní.
Asimismo, a fin de garantizar su derecho de asociación, la CIDH insta a las autoridades nacionales, departamentales y locales a tomar medidas en el ámbito de sus competencias para asegurar la libre circulación en los caminos públicos.
En la reunión con el Ministerio Público, la Comisión recibió información respecto a los obstáculos encontrados en el marco de las investigaciones sobre el delito de servidumbre y otros conexos a este, tales como lesiones, maltratos y privaciones ilegítimas de la libertad de las comunidades afectadas.
Impunidad y pruebas
Entre los obstáculos señalados se incluye la dificultad para el ingreso independiente a la zona, la escasa colaboración de la Policía, la inexistencia de mecanismos de protección de víctimas y testigos y la débil coordinación con los ministerios nacionales competentes.
También señala a la falta de colaboración de víctimas directas de este delito. Frente a estos planteamientos las comunidades afectadas manifestaron a la Comisión su desconfianza en la actuación del Ministerio Público.
La CIDH destaca la insuficiencia de la respuesta del Ministerio Pública y del Poder Judicial ante la necesidad de investigar y sancionar a la responsables de estos delitos.
Considera que existe suficiente información documentada, así como elementos de prueba aportados por organismos nacionales e internacionales que permitirán avanzar en la investigación.
Al mismo tiempo la Comisión reitera que es deber del Estado contar con mecanismos idóneos y efectivos que permitan sortear algunos de los obstáculos mencionados y espera que haya prontos avances en la investigación y que ello posibilite la recuperación de la confianza necesaria para una mayor participación de las víctimas en el proceso.
La Comisión igualmente observó que otro problema institucional relevante vinculado con la administración de justicia en Bolivia es la falta de integración del Tribunal Constitucional.
Este tribunal cumple un rol fundamental como garante de la aplicación de la Constitución boliviana y el Estado de derecho, y entiende en diversas controversias constitucionales vinculadas con la normativa sobre propiedad de la tierra.
La CIDH manifiesta su profunda preocupación por esta situación irregular e insta al Congreso Nacional a darle solución a la mayor brevedad.
ABI, 13 – 06 – 08
La Quinta Pata
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