Pese a que el oficialismo aprobó la ley el martes en el Congreso, el presidente no la acepta. Voces a favor y en contra de la decisión.
El aborto seguirá siendo una práctica clandestina y penalizada por la ley, a pesar de que el Parlamento se pronunció el martes último por una legalización parcial que contemplaba algunos casos particulares y permitía que la interrupción de algunos embarazos no deseados.
La mayoría oficialista del Frente Amplio –a excepción de la fracción que integran los demócratas cristianos- apoyó la sanción de la Ley de Defensa a la Salud Sexual y Reproductiva que incluía esta despenalización parcial. No obstante, el presidente Tabaré Vázquez, quien integra la misma coalición que conduce el Poder Ejecutivo y es mayoría en el Legislativo, objetó los tres artículos polémicos (II, III y IV de la Ley) y hoy, mandó su veto al Parlamento según informó la agencia EFE.
De acuerdo con las leyes uruguayas, los legisladores sólo pueden levantar el veto presidencial con tres quintos de los votos de la Asamblea General -esto es, la suma de las dos cámaras- un número que supera al oficialismo y al que los impulsores de la ley, no llegarían.
Si a los 30 días de enviado un veto el Parlamento uruguayo no se pronuncia, la decisión del Presidente queda firme.
Voces encontradas
La sanción de la ley y su posterior veto despertaron una fuerte polémica en Uruguay, donde se estima que se practican al menos, unos 33.000 abortos al año.
Los representantes de la Iglesia Católica, que amenazaron con excomulgar a los legisladores que aprobaran la iniciativa, y de los partidos políticos de la oposición, manifestaron su apoyo al veto presidencial en tanto varios organismos sociales, como Mujeres en Democracia, lo cuestionaron duramente.
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