Bogotá. Con la reciente destitución de 13 militares en Colombia por ejecuciones ilegales y graves violaciones a los derechos humanos, ya son 40 los funcionarios destituidos por casos de “falsos positivos”.
El anuncio de las nuevas destituciones lo realizó el cuestionado ministro de la Defensa, Juan Manuel Santos, quien ha sido objeto de diversas críticas, entre ellas la exigencia de que renuncie por parte algunos sectores sociales colombianos.
Los destituidos son 4 oficiales, 6 suboficiales y tres soldados pertenecientes a la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre, adscrita a la Brigada XI del Ejército colombiano.
Además, varios agentes de Policía del departamento de Córdoba serán procesados judicialmente por su presunta relación con bandas criminales al servicio del narcotráfico.
Diversos voceros de la oposición en Colombia han manifestado que Santos, en calidad de ministro de Defensa, no puede desligarse del accionar de funcionarios militares que han cometido los citados crímenes, razón por la cual han exigido la renuncia del titular de Defensa.
El vocero de la bancada del Partido Liberal en el Congreso, el senador Juan Fernando Cristo, dijo días atrás, luego de la destitución del primer lote de 27 militares que Santos “no puede lavarse las manos y deslindarse de la responsabilidad de lo que hacían los militares”.
“La situación es muy delicada y venía desde hacía mucho tiempo. Eso tiene que ver con la política que ha implementado el ministro. Él no puede lavarse las manos y tiene que asumir una responsabilidad política”, argumentó.
El Polo Democrático Alternativo (PDA) advirtió antes de las 40 destituciones que existen denuncias sobre más de 150 casos similares y pidió entonces una investigación a fondo para sancionar a los culpables.
El jefe del PDA, Carlos Gaviria, se sumó al pedido del Partido Liberal y dijo que Santos debe renunciar al cargo y asumir la responsabilidad política por las actuaciones de esos oficiales.
El portal oficial del Ejército de Colombia, contiene frases como “Defender y preservar los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario”, sin embargo en las zonas rurales de ese país, de acuerdo a las innumerables denuncias, pareciera que sobraran los casos de vidas de familias campesinas e indígenas destrozadas por las acciones de la fuerza pública, formada para protegerlas.
ABN, 17 – 11 – 08
No hay comentarios :
Publicar un comentario