APDH
Ante la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza que dispuso la libertad de los últimos represores detenidos en la Provincia de Mendoza, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (filial San Luis) hace público su apoyo a los Organismos de Derechos Humanos de Mendoza en su lucha por alcanzar Juicio y Castigo a los responsables de los más de doscientos detenidos desaparecidos, cometidos durante la última dictadura militar y que aún permanecen impunes.
Conmueve y alarma a esta Asamblea la ligereza con que se otorga la libertad a confesos represores, y aún más que entre los genocidas liberados están los responsables de la desaparición de dos puntanos, Aníbal Torres y Domingo Britos secuestrados en Mendoza y vistos en el D-2.
También preocupa la casi paralización de la causa por la desaparición del primer Rector de la Universidad de San Luis Profesor Mauricio Amílcar López quien fue visto secuestrado en el campo de tiro Las Lajas dependiente de la Fuerza Aérea, por lo que resulta responsable la cadena de mandos y el personal a cuyo cargo estaba la custodia de los prisioneros en el lugar.
Repudiamos el criterio adoptado por la Cámara que desconoce jurisprudencia nacional e internacional- y señalamos la peligrosidad procesal real y concreta de estos personajes y el grave peligro que su libertad conlleva. Sostenemos que la justicia debe aplicar acabadamente los criterios de peligrosidad procesal a estos acusados de cometer delitos de lesa humanidad que ofenden no solo al Código Penal Argentino sino al Derecho Internacional todo.
Son culpables de cometer las peores violaciones a los DDHH, en el marco de un plan sistemático e ilegal de exterminio de ciudadanos, han degradado la condición humana mediante la tortura, la clandestinidad, el asesinato. Igual que en el resto del país, jamás han demostrado arrepentimiento ni han colaborado con el esclarecimiento de esos delitos. Pertenecen a los sectores que siguen aún amenazando diariamente a los testigos, abogados querellantes, sobrevivientes y familiares de las víctimas quienes se obstinan en entorpecer el curso de la justicia, con su complicidad y su pacto de silencio.
Además sabemos de los riesgos que tienen las condiciones privilegiadas de detención, donde los represores se fugan o se suicidan.
El único lugar para que los genocidas cumplan sus condenas y esperen la realización de los juicios son las Cárceles Comunes. La justicia alguna vez debe estar a la altura de las circunstancias, cumplir con los Tratados y Convenciones, el Derecho Internacional y Nacional.
Nos unimos a la exigencia de los Organismos de DDHH de Mendoza para que todos los estamentos políticos se pronuncien ante la Justicia Federal, por la impunidad reinante.
San Luis, 10 de diciembre de 2008
CUYONOTICIAS, 10 – 12 – 08
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