Waldo Mendiluza
La Paz. La aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de ley de nuevo régimen electoral y la cruzada gubernamental contra la corrupción dominaron esta semana el panorama de Bolivia.
Con menos polémica de lo esperado, la cámara baja pasó la iniciativa encaminada a garantizar los comicios generales del próximo 6 de diciembre y los regionales de abril de 2010.
Sobresale en el texto el establecimiento de mecanismos para elegir al presidente y vicepresidente de la República y a los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), nombre del Congreso a partir del siguiente año.
También destacan el procedimiento para permitir por primera vez el voto de los residentes en el exterior y el igualmente novedoso acceso de indígenas al futuro Parlamento.
Los diputados acordaron dotar a la ALP de 14 curules para los pueblos originarios, satisfaciendo así un viejo reclamo, aunque los beneficiados esperaban obtener una mayor cantidad.
Tal vez pudieran considerarse perdedoras las legisladoras, quienes demandaron sin éxito la equidad de género en el hemiciclo.
Este viernes el proyecto de régimen electoral llegó al Senado, donde el dominio opositor amenaza con poner en riesgo el plazo dado por la nueva Constitución para sancionar esa norma.
La cámara alta tiene 30 días para aprobarla, o de lo contrario el Poder Ejecutivo buscará variantes en aras de garantizar los comicios, entre ellas la emisión de un Decreto Supremo.
Respecto a la lucha anticorrupción, el presidente Evo Morales fortaleció la estructura estatal para combatir el flagelo, al crear dos viceministerios adscritos a la Cartera de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, encabezada por Nardy Suxo.
Por su parte, una reunión nacional del gobernante Movimiento al Socialismo, celebrada el jueves último en Cochabamba, ratificó el enfrentamiento a conductas torcidas como la máxima prioridad de la Revolución iniciada en enero de 2006.
En la semana que termina continuó el debate político en torno a las irregularidades reportadas en la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.
Mientras el Ejecutivo, la Fiscalía y la Contraloría avanzaron en las investigaciones sobre el caso, la oposición aprovechó su mayoría en el Senado para impulsar un informe que acusa al gobierno de ser responsable de la presunta corrupción descubierta en la petrolera.
PL, 07 – 03 – 09
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