La crisis destila aventurerismo político en la oposición y el Gobierno

Emilio Marín

La inestabilidad es uno de los rasgos típicos de una crisis política. Y en la semana que concluye hubo acuerdos que se rompen, elecciones que se adelantan y otras novedades, que mañana ya estarán desactualizadas.

El martes se reunió por tercera vez la Mesa de Enlace con la dupla integrada por el ministro del Interior y la de Producción. Pero el ánimo dialoguista no era el mismo de la semana anterior, pese a que en el interín el gobierno había publicado los acuerdos en el Boletín Oficial.

El jueves 12, con el acto de los ruralistas en Córdoba y los piquetes sojeros en varias rutas de Chaco, Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y La Pampa, parecía haberse arruinado casi definitivamente ese ambiente de negociación en la cartera de Débora Giorgi.

Esa ráfaga de aventurerismo político de la Sociedad Rural fue una muestra de que la definición que mejor se ajusta a la situación es la de una crisis política.

En momentos como este, lo que parece cierto y estable un día ya no lo es a las 24 horas siguientes. Por eso no debería haberse quejado tanto Florencio Randazzo. Por su función en Interior y su interlocución con los representantes rurales debió saber que el juego de estos era el que desarrollaron entre la segunda reunión y la tercera. Ellos querían embolsar todas las concesiones hechas por el gobierno, salir ante los medios a decir que eran insuficientes y convocar a un acto rupturista junto a la oposición política, con parte de sus bases "a la vera de las rutas" (eufemismo que en las provincias mencionadas se convirtió en cortes intermitentes y amenaza de volver con más duración el martes).

El acto en Córdoba tuvo de bueno que bajó notablemente la capacidad de convocatoria, repitiendo lo ocurrido en la Fiesta del Trigo en Leones. Forja daba para 8.000 personas y juntaron apenas 2.000, que no fueron fáciles de arrear: las crónicas dijeron que el acto había comenzado dos horas y media más tarde porque la gente no concurría.

Hugo Biolcati, Mario Llambías, Eduardo Buzzi y Carlos Garetto, los dirigentes de las entidades convocantes, hablaron pestes del gobierno. Lo que menos dijeron fue que la presidenta es una mentirosa. En las primeras filas aplaudían Francisco de Narváez, Margarita Stolbitzer, Gerardo Morales y otros políticos del PRO, el peronismo duhaldista, Coalición Cívica y UCR.
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Pero tanto o más negativo que esos epítetos provocadores fue el documento "El aporte del campo a la política". Allí reiteraron la exigencia de dejar sin efecto los controles y acuerdos de precios, y eliminar los derechos de exportación, que les parece "imprescindible". O sea que más que un aporte del campo a la política es el aporte dinerario que las patronales disfrazadas de gauchos quieren llevarse de la política.

El gobierno hasta ahora ha cedido a la mayoría de esas exigencias, no a la más importante de la soja. De allí la extorsión de la Mesa de Enlace para el martes. Es vox populi que si no logra su cometido ordenará cortar las rutas varios días.

No adelantar
Si Eduardo Buzzi dijo tener hinchazón de huevos por aprietes de su socio Alfredo de Angeli, se comprende que la presidenta tenga otras cosas infladas por la táctica desgastante de la Mesa de Enlace articulada a la oposición. Algunas respuestas de Cristina Fernández ante preguntas mal intencionadas de los cronistas de medios que son parte de aquella maniobra, trasuntan ese estado de ánimo.

Eso se comprende. Pero de allí a decidir el adelantamiento de las elecciones del 28 de octubre, para el mismo día de junio, media un largo trecho.

El viernes la mandataria hizo el anuncio del adelantamiento y lo explicó como parte de su esfuerzo para despejar el terreno de disputas lógicas en tiempo de elecciones. Según su interpretación, el segundo semestre del año será íntegramente para elaborar respuestas ante la crisis internacional.

Tanto ella como su marido quisieron justificar el cambio como una forma de zafar de la "irresponsabilidad" de la oposición que a todo dice que no porque ya está en campaña. Podrían haberse justificado también en que Mauricio Macri había dispuesto algo similar el día anterior, para la Capital.

En efecto, la oposición está embarcada en un rechazo visceral a todo lo que plantee el oficialismo. Por eso se cuelga de las bombachas de la Mesa de Enlace y hasta aparece vestida de gaucho, casos de Felipe Solá y Gerardo Morales. En la cerrada negativa a las retenciones a la soja, esos aliados están buscando una sesión especial para votar el programa agropecuario de la Sociedad Rural. Todo eso debidamente sazonado por los comentarios y la "manija" de la mayoría de los medios de comunicación.

De todos modos esa campaña aventurera y maliciosa de la derecha empresarial, política y mediática no justifica que la mandataria anunciara el trastrocamiento de los comicios.

Lo negativo de la medida no estará – en caso de prosperar el proyecto que mañana aterrizará en Diputados – en la "violación de la ley", como cuestionaron varios representantes de la oposición. Entre los más virulentos, Patricia Bullrich y Felipe Solá.

No. El problema fundamental es que la decisión presidencial instalará tres meses antes la campaña electoral como el asunto crucial de la política. No es que ahora no haya esfuerzos concentrados en esa dirección por parte del Frente para la Victoria, de un lado, y la Coalición Cívica y el Pro-Peronismo, del otro. Los hay, pero la diferencia es que pasarán a ser casi el asunto decisivo hasta el último domingo de junio.

La presidenta supone que a partir del 1 de julio tendrá las manos libres para gobernar sin esa fuerte interferencia con signo destituyente. Pero su cálculo es erróneo. Desde hoy la oposición conservadora redoblará sus ataques y si pierde los comicios de junio, el 1 de julio dirá que hubo un fraude de la "cuasidictadura" kirchnerista. Y si gana, menos aún dejará gobernar a Cristina y buscará apresurar su salida de Balcarce 50.

Junto a ese error, y fruto del mismo, el gobierno no pondrá el acento en impulsar medidas para hacer frente a la crisis. ¿No hubiera sido mejor que mañana llegara al Congreso un proyecto de ley para crear una empresa estatal encargada de la exportación de granos y otros productos? ¿U otro disponiendo la estatización del sistema bancario?

Dos plazas
Se dice que todo es según el cristal con que se mire. Hace unas semanas, cuando la crisis internacional aún no había pegado con tanta crudeza en nuestro país, una encuesta ilustraba que para el 37 por ciento de los argentinos el problema principal era la inquietud por la desocupación. La gente temía perder el trabajo.

Sin embargo, para la "opinión publicada" de Susana Giménez, Marcelo Tinnelli y algunos figurones venidos a menos, el punto central es el de la "inseguridad". Políticos como De Narváez coinciden ampliamente con esa farándula que salta por los medios pidiendo la pena de muerte cuando muere algún escenógrafo amigo suyo pero nunca cuando se trata de la inseguridad de un grupo de trabajadores que pierde el empleo o es suspendido, o cuando mueren por causas evitables 25 chicos por día en un país que produce alimentos para 400 millones de personas.

Es lamentable que en lo que va del año hayan muerto 4 policías en Capital y Buenos Aires. Tan doloroso como que varios policías, más que 4, hayan sido pescados en ese lapso como integrantes de mafias que asaltaban, secuestraban y aún mataban personas que no portaban como ellos un arma reglamentaria.

La persistencia de escándalos de poli-ladrones, poli-narcos, etc., no merece los mismos comentarios por parte del espectro defensor de la pena de muerte, el mayor endurecimiento de penas y la "mano dura". En esto, para ser justos, hay que decir que no se trata solo de una propuesta de la derecha opositora. Daniel Scioli y Sergio Massa, entre otros integrantes del gobierno, son proclives a adoptar ese tipo de políticas, apañando a las policías en general y a la maldita bonaerense en particular.

Los fogoneros de la "seguridad" entendida como fruto del orden que dan los patrulleros, las cárceles y la pena de muerte, oficializada o no, se resisten a reflexionar que el día que no mueran en nuestro país esos 25 chicos por hambre y otras enfermedades conexas, probablemente tampoco morirán 4 policías en tres meses. Es que habrá bajado en forma apreciable la cota de delitos.

Cerrados a razonamientos como los que aquí se hacen, Susana Giménez y sus amigos están preparando una marcha por la "seguridad" para el miércoles 18 en la Plaza de Mayo. El lugar elegido denota la intención de afectar la figura presidencial (Juan Carlos Blumberg, precursor de esta campaña, fue primero al Congreso y Tribunales).

Aunque en principio los derechos humanos y la seguridad no tendrían que ser valores enfrentados, en la práctica muchas veces sí lo están, sobre todo por el enfoque troglodita del ingeniero trucho y la diva de los teléfonos. Este marzo no va a ser la excepción en materia de dicotomía entre esos dos conceptos. El 18 irán a la Plaza los defensores de la "mano dura" y el 24 de marzo quienes defienden los derechos humanos y siguen reclamando juicio y castigo a los genocidas de la dictadura. Cada quien sabrá cuál es su lugar. Y se verá la justeza o no de sus planteos. Y quiénes son y cuántos son unos y otros.

La Arena, 15 – 03 – 09

La Quinta Pata