viernes, 17 de abril de 2009

Carta de Adolfo Gilly a Eduardo Galeano: Grenoble, Atenco y el secuestro equiparado

En Francia, los trabajadores de Caterpillar, empresa estadounidense que fabrica máquinas para construcción, retuvieron en las oficinas a cinco ejecutivos. La empresa ha decidido despedir a 733 trabajadores (sobre un total de 2.500). El sindicato pide reanudar la negociación interrumpida por la empresa. No puedo negociar mientras no tenga libertad de movimientos, declaró a la prensa el director. Tendrá libertad si acepta reabrir la negociación. Lo retenemos para discutir, sólo pedimos desbloquear las tratativas, dice el delegado sindical de la Confederación General del Trabajo.

Dos historias
Una: La señora Jacinta Francisco Marcial, indígena del estado de Querétaro, ñahñú, apresada el 26 de marzo de 2006 durante un asalto brutal y pretextuoso de la policía contra los puestos de las vendedoras del mercado de Santiago Mexquititlán, ha sido condenada a 21 años de cárcel después de un proceso de tres años en el cual no contó siquiera con traductor a su idioma, el otomí. La señora Jacinta tiene 42 años de edad. Cometió, dice el juez, un secuestro equiparado, cuando ni siquiera participó en los hechos sino que sólo fue su víctima. Pero alguien tiene que pagárnoslas, dicen la policía y la justicia.

Dos: El 3 de mayo de 2006, rompiendo un acuerdo previo, el gobierno municipal de Texcoco impidió con su policía que los floristas del mercado local vendieran sus flores en lugares especiales en esa fecha, Día de la Santa Cruz, cuando los trabajadores de la construcción celebran y hacen bendecir sus trabajos. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), que años antes (2001) había frenado con su movilización la expropiación a precio vil de sus tierras en San Salvador Atenco para construir un nuevo aeropuerto (y frustrado así un gigantesco negocio de funcionarios y desarrolladores), se movilizó ese día en apoyo de los floristas. Unos funcionarios del municipio, en el forcejeo, fueron retenidos breves horas.

El gobernador del estado de México (Enrique Peña Nieto) y el gobierno federal (Vicente Fox) lanzaron entonces, el 4 de mayo de 2006, un operativo policial conjunto sobre el pueblo de San Salvador Atenco. Detuvieron a 207 personas con golpizas, fracturas, violencia de todo tipo, vejaciones y humillaciones. Entraron en las casas, rompieron los enseres y los recuerdos, mataron a dos muchachos, cometieron violación sexual en los camiones policiales que llevaban mujeres y hombres apresados, todo esto documentado con creces por organismos de defensa de los derechos humanos, internacionales y nacionales. Nadie fue castigado por estos delitos.
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Hoy, tres años después, 12 de aquellas personas siguen presas, acusadas de secuestro equiparado. Algunos son miembros del FPDT, otros simples pobladores de la zona que no habían participado en ningún movimiento social o político. Pero hay que hacer un escarmiento.

Nueve han sido condenados a 31 años de prisión. Están en la cárcel de Molino de Flores, en el estado de México. Los otros tres: Ignacio del Valle, Héctor Galindo y Felipe Álvarez, están en un penal de alta seguridad (para narcotraficantes y especies símiles) en el Altiplano, bajo condiciones de prisión mucho más rigurosas. Ignacio del Valle tiene una condena de 112 años; los otros dos, nomás 67 años cada uno.

Ninguno de los 12 cometió delito alguno. Son presos políticos, es decir, están encarcelados por motivos puramente políticos. En una recta aplicación de justicia deberían salir ahora mismo. Y deberían ser procesados los funcionarios mandantes y los policías ejecutantes de las golpizas, las violaciones, las muertes y los destrozos de viviendas del 4 de mayo de 2006 en el poblado de San Salvador Atenco.

En Montevideo, cuéntales a todas y también a todos que aquí, en México, hay muchos presos políticos. Cuéntales, hermano, que viniste a México y, con otros nombres de cárceles, de presos y de gobernantes, volviste a topar con la misma historia.

Red Eco Alternativo, 17 – 04 – 09

La Quinta Pata

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