Emilio Marín
La justicia ya venía con una mala nota por su tolerancia con la impunidad en las violaciones a los derechos humanos, la corrupción y privatizaciones escandalosas. Ahora sumó nuevos cuestionamientos.
Excepto Carlos Menem, nadie duda que la justicia de estos años es comparativamente mejor que la los supremos encabezados por Julio Nazareno y otros impresentables. Eran los tiempos en que el máximo tribunal consideraba que las leyes de Punto Final y Obediencia Debida eran perfectamente constitucionales. Y había aceptado gustoso el "per saltum" con que el neoliberalismo abordó la nave de Aerolíneas Argentinas para hundirla en un mar de privatizaciones. Los "robos para la corona" estaban a buen resguardo con Nazareno, el ex jefe de policía de La Rioja.
Uno de los logros del kirchnerismo fue el cambio de esa Corte que Horacio Verbitsky había bautizado "de los milagros". Las salidas, forzadas por la perspectiva cierta de juicios políticos o por renuncias, permitieron oxigenarla con incorporaciones de juristas de prestigio y apegados a los derechos humanos, como Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay.
De todos modos, la que quedó en pie después de esas modificaciones dista mucho de ser una Justicia con mayúsculas. Si bien hubo avances en las causas por derechos humanos e incluso condenas en varios juicios, quedó impertérrita la Cámara Nacional de Casación Penal para dilatar las causas, conceder la mayoría de las chicanas de los letrados de los genocidas y otorgarles el beneficio de la prisión domiciliaria a represores aún después de haber sido condenados a cadena perpetua.
Esos fallos fueron un pelotazo en contra de la justicia, en causas que interesan a gran parte de la sociedad, no a toda por supuesto, porque los genocidas vieron reducir su base de sustentación pero mantienen un sector duro de sostenedores cívico-militares.
Otras críticas, en cambio, dependen del cristal con que se mire. La derecha y segmentos conservadores, estimulados por los prolongados lock out de las patronales agropecuarias, tomaron la bandera de la "inseguridad" como si Buenos Aires fuera Medellín o, peor aún, Bagdad. Y reclamaron penas más duras o directamente la pena de muerte. Desde allí criticaron a la justicia y al gobierno nacional con la falsa muletilla de que los delincuentes "entran por una puerta a la comisaría y salen por la otra". Algunos delitos cometidos por personas que habían salido en libertad condicional le dieron de comer a esa campaña, aún después de salir de escena el desprestigiado "ingeniero" Juan Carlos Blumberg.
Leer todo el artículoLa clase media y la pequeña burguesía asustada (que saca a relucir el enano fascista que lleva adentro), apuntaron contra la justicia garantista y por elevación contra el gobierno K.
Esas objeciones por derecha a los jueces se dieron en simultáneo con las críticas que les llueven por izquierda, por el retraso notable en hacer justicia contra los genocidas del proceso, o por fallos tibios como el de este miércoles contra el cura pedófilo Julio César Grassi, que aún condenado por graves delitos conserva su libertad.
La politización
Desde el punto de vista de la oposición de derecha, la situación de la justicia es desastrosa por ser dependiente de cada una de las órdenes supuestamente impartidas por el Ejecutivo.
Al opinar de ese modo la oposición es cuanto menos subjetiva y desagradecida. Es que Elisa Carrió fue en su momento absuelta en uno de los tantos juicios que se ganó con sus denuncias generalmente infundadas. ¿Y se queja de supuesta parcialidad pro-oficialista de esos magistrados?
Otro exponente de la oposición, Mauricio Macri, fue beneficiado por la justicia federal que dejó prescribir una causa en su contra por contrabando de autos donde la Aduana le reclamaba a Sevel 600 millones de dólares. A fines de 2008 se supo que dos camaristas federales de Córdoba, que tuvieron que ver con esa prescripción, pidieron jubilarse cuando vieron que en el Consejo de la Magistratura avanzaba una denuncia en su contra.
Néstor Kirchner, entrando de lleno en la polémica con el diputado Francisco de Narváez, que se negó a comparecer ante el juez Federico Faggionato Márquez como imputado en la causa de la efedrina, le recordó al jefe de gobierno porteño ese antecedente judicial de contrabando.
La polémica tiene que ver con las actuaciones de ese magistrado de Zárate-Campana que ha sido recusado por De Narváez, quien se amparó en sus fueros para no declarar personalmente.
El interesado y su socio Macri, con el concurso de toda la prensa que sirve a la campaña de Unión PRO, han jurado que se está frente a una campaña de persecución política contra esa lista, a pocos días del comicio.
Ya lo habían planteado abiertamente los dos columnistas de La Nación, Mariano Grondona y Joaquín Morales Solá. Ahora fue el turno del que escribe sobre temas jurídicos de ese medio. Adrián Ventura sostuvo: "Néstor Kirchner y un juez funcional, Federico Faggionato Márquez, intentan convertir al adversario Francisco De Narváez en un peligroso narcotraficante".
Si De Narváez es un personaje tan peligroso como ironiza Ventura o bien un beatífico legislador con más de 100 millones de dólares en su caja, eso lo podría haber aclarado el interesado con una simple concurrencia al juzgado y contestando las preguntas de rigor. No lo hizo. Se victimizó con esos apoyos políticos y mediáticos, pero con algo más, que el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández puso de relieve: "el mayor problema, en este caso, es que el juez está más sospechado que la persona juzgada". Este cronista opina que Fernández exagera; quizás lo correcto es afirmar que el juez y De Narváez están igual de sospechados.
El Consejo de la Magistratura
El ex presidente Kirchner no acepta esas críticas, y ha declarado que el candidato de origen colombiano debe comparecer ante la justicia.
Esa conclusión es correcta, pero no así la primera parte de sus afirmaciones, que se derivan de su creencia de que las cosas en los juzgados están razonablemente bien. "Nadie ha hecho más que nosotros por la justicia independiente", declaró esta semana.
Aún admitiendo esos cambios, que ya fueron mencionados, no es cierto que el estado de la justicia haya remontado todo ese pasado condenable que arrastra por haberse prosternado ante la dictadura primero y el menemismo más tarde.
El ministro del Interior, Florencio Randazzo, admitió que el 20 por ciento de los jueces tiene denuncias ante el Consejo de la Magistratura. Y Faggionato Márquez, según detalló la kirchnerista Diana Conti, tiene denuncias por haberse quedado presuntamente con el dinero de la venta de una cosecha de un campo de soja en una causa donde entendía su juzgado y por haber supuestamente concretado maniobras ilegales en conjunto con otro abogado y dos policías.
Faggionato podrá decir que se trata de 12 causas y no de 38 como lo acusan De Narváez y el ejército mediático al que da de comer el dueño de América TV y fondos suyos depositados en paraísos fiscales. Como sea, no parecen buenos antecedentes para un magistrado que va a entender en causas tan importantes y complejas.
Lo que sí es importante aclarar es que si Faggionato está allí no es por culpa del gobierno de Kirchner primero ni el de Cristina Fernández posteriormente. Fue elegido por sus filiaciones radicales durante el gobierno de Fernando de la Rúa. Si no fue removido antes del Consejo de la Magistratura, eso podrá ser por la complejidad de las investigaciones ante tantas acusaciones, pero también tendrá algo para decir el senador mendocino Ernesto Sanz, representante de la UCR y el cobismo. Él acumula esas denuncias contra el polémico juez y aún no llevó una propuesta al seno del Consejo.
Con esas facilidades que les proporciona la cadena opositora de medios, Macri, De Narváez, Carrió y Federico Pinedo quieren hacer creer a la opinión pública que el gobierno protege a Faggionato M. Y no parece ser así pues Conti ha expresado que a su juicio las acusaciones contra este juez de "olor radical" son lo suficientemente graves y que está "bajo la lupa" de la Magistratura.
Si los hechos prueban que el presidente del PJ está equivocado cuando pinta un panorama idílico de Tribunales luego de los cambios introducidos en los últimos seis años, más equivocado están los partidos opositores que quieren identificar el Consejo de la Magistratura con el Ejecutivo. Según Morales Solá, se trata de "un Consejo de la Magistratura que el kirchnerismo maneja a su antojo". La legisladora oficialista Conti, replicando esa afirmación, recordó que "el Consejo está compuesto por 13 personas. El oficialismo somos cinco y para acusarlo (a Faggionato) se necesitan ocho votos".
Desde la reforma de ese Consejo en 2006, los partidos y medios de la oposición batieron el parche con que los K buscaban amordazar y cooptar a la justicia. Pero no pudieron dar un solo testimonio de esa clase de manejos en todo este tiempo.
Otra cosa sería si se cuestiona al gobierno, la oposición, los centristas, los colegios de abogados, las asociaciones de magistrados, los legisladores y demás sectores que intervienen en la conformación del Consejo de que, en estos años, la justicia con mayúsculas, sin colores partidarios, sigue siendo una asignatura pendiente. Ese es uno de los debates pendientes en esta elección.
La Arena, 14 – 06 – 09
La Quinta Pata
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