Son centenares, tal vez miles. Miembros de las tres Fuerzas Armadas, de fuerzas de seguridad y también civiles. Los más jóvenes tienen poco más de cincuenta años. Los mayores rondan los noventa. Un puñado está en prisión. Algunos enloquecieron. Varios trabajan en aerolíneas, nacionales y extranjeras. La mayoría disfruta de hijos y nietos, va a misa y recorre las calles como cualquier vecino. Sólo ellos y sus íntimos conocen el secreto que los degrada: arrojaron a personas vivas, drogadas, indefensas, desnudas, desde aviones en vuelo hacia el vacío. Treinta años después, los vuelos de la muerte aún rinden frutos. Existen casos probados a partir del hallazgo, en costas bonaerenses y rioplatenses, de cadáveres de personas que pasaron por Campo de Mayo, ESMA y Olimpo. Existen miles de desaparecidos a los que se privó hasta de una tumba sin nombre. Existen confesiones públicas y privadas que coinciden en la rotación del personal para sellar el pacto de silencio. No existe, sin embargo, ninguna estrategia judicial para identificar a pilotos y tripulantes.
Si la clandestinidad, la destrucción de pruebas y el silencio impiden poder investigar a fondo cada eslabón del Estado terrorista, identificar a quienes participaron en los vuelos tiene un escollo adicional: no hubo testigos en los aviones. Un sondeo entre querellantes, antropólogos y magistrados sugiere sin embargo que el fin no es utópico. Entre las pruebas disponibles tiene un valor central la confesional, la admisión ante terceros. ¿Alguien pudo no haber relatado la experiencia límite de arrojar a una persona al mar? ¿Morirán los confesores en la complicidad del silencio?
Página/12 publicó ayer la historia de dos aviones Electra en exposición, relatos sobre vuelos de los propios represores y la confesión de un suboficial naval que admitió su participación ante compañeros de trabajo. A cuatro años de concluida la instrucción sobre el relato del capitán de corbeta Emir Sisul Hess como piloto de vuelos de la muerte, la justicia no lo citó a declarar.
Nacido en Bahía Blanca en 1949 y miembro de la promoción 102 del comando naval, Emir Sisul Hess integró en 1976 y 1977 la Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros, con asiento natural en la base aeronaval Comandante Espora pero mencionada por el cabo Raúl Vilariño, que ya en 1984 denunció los vuelos, como una cobertura de represores de la ESMA.
Hess era aviador naval y paracaidista. Tenía el grado de teniente de corbeta. Sus jefes eran el capitán de corbeta Néstor Santiago Barrios y el teniente de navío Miguel Angel Robles. En 1978 pasó a la Escuadrilla Aeronaval de Propósitos Generales, bajo el mando del capitán de corbeta Enrique Carlos Isola y del teniente de navío Ernesto Proni Leston.
En 1984, citado a declarar por el contralmirante Horacio Mayorga en un sumario para desacreditar al cabo que describió la vida interna de la ESMA, dijo desconocer a Vilariño. Pasó a retiro en 1991 como capitán de corbeta, con 41 años, e incursionó en el rubro turístico como gerente del complejo Lago Espejo Resort S.A. en Villa La Angostura. En aquel paraíso y en pleno menemato, cuando la impunidad parecía irreversible, tuvo lugar su confesión, el primer relato de un piloto sobre los vuelos que llega a la justicia.
“Contaba en tono burlón cómo las personas pedían por favor y lloraban”, declaró José Luis Bernabei, que trabajaba en el complejo frente al lago. “Dijo que las arrojaban al Río de la Plata y que él era piloto. Nombró como compañero a (Ricardo Miguel) Cavallo. Decía que los vuelos salían de Palomar o Morón, que les ponían una bolsa en la cabeza, los subían a aviones y los trasladaban hasta que eran arrojados”, contó ante el juzgado de Juan José Galeano.
La base de Palomar es la misma que Rodolfo Walsh vinculó a los vuelos en su Carta Abierta a la Junta Militar. “Entre mil quinientas y tres mil personas han sido masacradas en secreto”, calculó en marzo de 1977. Detalló el hallazgo de cuerpos mutilados en costas uruguayas y acusó a las tres Fuerzas Armadas “de arrojar prisioneros al mar desde los transportes de la Primera Brigada Aérea”. Identificó como jefe al brigadier Hipólito Mariani, condenado a 25 años de prisión por crímenes en Mansión Seré pero libre hasta que la Corte Suprema de Justicia confirme la sentencia, y apuntó que “usaron transportes Fokker F-27”.
El testimonio ante la Conadep de Arnoldo Bondar, empleado civil en Palomar, sugiere que no sólo los cautivos de la Armada despegaban desde la base de la Fuerza Aérea. “En reiteradas oportunidades vi llegar camiones de la policía de la provincia cargados de jóvenes de ambos sexos que eran embarcados en aviones a motor de dos hélices, generalmente de la Armada. Desconozco el destino. Esta operación se realizaba al costado de la pista principal y casi siempre llegaban antes algunos patrulleros para montar guardia alrededor del avión”, declaró.
Cuando Galeano comenzó a investigar a Hess descubrió que no sólo Bernabei había escuchado la confesión. Un empleado sacó el tema después de leer el Nunca Más y Hess reiteró el relato. “Hablaba con bronca y resentimiento. Tenía necesidad de hablar, era un tipo íntimamente trastornado”, recordó.
– ¿No sentía lástima por esa gente? – le preguntaron.
–No, no sufrían. Los llevaban dopados y los tiraban al río –respondió Hess en tercera persona. Eran tipos muy pesados. Esos boludos no sabían a dónde iban a parar: al Tigre, al Riachuelo o al río Paraná. Iban cayendo como hormiguitas.
En 2002, cuando trascendió en la prensa que la Cámara Federal porteña había ordenado investigar el caso, el almirante Horacio Zaratiegui afirmó en una carta de lectores de La Nación que en la Armada no existió nunca un oficial Hess. “No sé si existe pero no importa. Sería un capitán de corbeta retirado, aviador naval”, lo invocó con precisión el fallecido Florencio Varela en una conferencia ante militares. El abogado, que según el condenado general Santiago Riveros tardó seis años en comprender la lógica castrense, citó un escrito de Hess en el que renegaba por la impopularidad de su oficio. “Un militar se capacita para matar o morir, por supuesto que en salvaguarda de valores superiores. Perder de vista nuestra razón de ser nos puede convertir en cirujanos con aversión a la sangre”, lo citó Varela.
La causa por la confesión de Hess, que tiene 60 años, se inició en marzo de 2002. Se sentía perseguido por el juez Baltasar Garzón desde fines de la década del ‘90, cuando el español pidió las primeras detenciones. Su temor aumentó en 2004, cuando la policía comenzó a rondar su casa en El Atardecer 4491, barrio Las Colinas, a cuatro kilómetros de Bariloche. “Para la policía o la Justicia no estoy escondido. Lo que quiero evitar son periodistas y gente relacionada con los derechos humanos”, le explicó a un amigo en un llamado que interceptó la justicia.
En septiembre de 2005 el juez federal Julián Ercolini, que reemplazó a Galeano tras su renuncia, declinó la competencia y le envió la investigación a su par Sergio Torres, a cargo de la megacausa ESMA, donde ya existía la causa 3227/02 sobre los vuelos, una recopilación de listados y legajos de marinos sin procesar. Allí, en un despacho de Comodoro Py, descansa desde hace cuatro años.
Los vuelos probados
Víctimas de cuatro vuelos de la muerte fueron devueltas a las costas e identificadas. Las primeras, arrojadas al Río de la Plata en mayo de 1976, estuvieron secuestradas en Campo de Mayo. Las segundas, en diciembre de 1977, fueron vistas en la ESMA. El tercero, en febrero de 1978, habría estado también en El Campito. Los últimos, a fines de 1978, pasaron sus días finales en El Olimpo. Los casos evidencian una práctica común y prolongada entre militares que dependían del Comando de Institutos Militares, de la Armada y del Primer Cuerpo de Ejército. También es común la respuesta de los magistrados a cargo de las causas: ninguno investiga quiénes participaron de las desapariciones.
En mayo de 1976 el Río de la Plata arrojó en playas del Uruguay los cuerpos de María Rosa Mora y Floreal Avellaneda, secuestrados un mes antes en Vicente López. Tenían signos de torturas y estaban atados de pies y manos. Las huellas dactilares de Mora y el tatuaje con forma de corazón y las iniciales de Avellaneda permitieron identificarlos. El joven de quince años fue visto en cautiverio en Campo de Mayo, donde funcionaba el Batallón de Aviación 601. El año pasado, a pedido del abogado Pablo Llonto, se abrió en el Juzgado de San Martín el caso 323, “Irregularidades en el Batallón de Aviación 601”. Tras la renuncia de Martín Suares Araujo la megacausa está a cargo del juez subrogante Juan Manuel Yalj, que manifestó su voluntad de investigar y reclamó “que la Corte Suprema nombre personal, para poder salir a buscar pruebas y no tener que trabajar sólo con las que traen los querellantes”.
A fines de 1977 aparecieron en costas de San Bernardo y Santa Teresita los cuerpos de varios familiares de desaparecidos, secuestrados en la iglesia de la Santa Cruz el 12 de diciembre de 1977. Fueron enterrados como NN en el cementerio de General Lavalle. El Equipo Argentino de Antropología Forense identificó en 2005 los restos de la monja francesa Léonie Duquet, de Angela Aguad y de tres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo: Azucena Villaflor de De Vicenti, Esther Ballestrino de Careaga y María Ponce de Bianco. “Las fracturas son compatibles con la caída desde una altura determinada y el impacto contra un cuerpo duro”, dictaminó el EAAF. En la causa ESMA, a partir de los casos Scilingo y Hess, se abrió hace siete años la causa conexa 3227 para investigar los vuelos. Hasta el momento es una masa voluminosa de legajos sin procesar.
El 18 de febrero de 1978 apareció en Las Toninas el cuerpo de Roberto Ramón Arancibia, ex miembro del comité central del Partido Revolucionario de los Trabajadores y fundador del Ejército Revolucionario del Pueblo. Fue enterrado como NN en el cementerio de General Lavalle, a metros de las Madres fundadoras. Había sido secuestrado en mayo de 1977 y la principal hipótesis de los investigadores es que permaneció en cautiverio en Campo de Mayo. El diagnóstico del EAAF es idéntico al de las Madres.
En diciembre de 1978 el mar arrojó en playas bonaerenses los cadáveres de los últimos cautivos de El Olimpo, enterrados como NN en General Lavalle, General Madariaga y Villa Gesell. Un informe de la época del Departamento de Estado norteamericano detalla gestiones realizadas por tres Madres y una investigación de un enviado de Clarín, archivada cuando un llamado de la oficina de prensa de la dictadura alertó sobre la “inconveniencia” de publicarla. Los cuerpos fueron exhumados por el EAAF y nueve fueron identificados: Helios Serra, Cristina Carreño, Isidoro Peña, Nora Haiuk de Forlenza, Oscar Forlenza, Jesús Peña, Santiago Villanueva, María Cristina Pérez y Carlos Pacino. A pedido de Lorena Pacino, hija de la víctima, el fiscal federal Federico Delgado inició una instrucción preliminar centrada en las bases aéreas de El Palomar y Morón.
Al mejor postor
Página/12 informó ayer que uno de los aviones Electra usados por la Armada en los vuelos de la muerte está en el museo de la base aeronaval Comandante Espora de Bahía Blanca, otro en manos de un empresario en el partido de Esteban Echeverría, y que “el tercero habría sido desguazado y convertido en chatarra”. No todavía. El aparato, matrícula 5-T-1, bautizado “Antártida Argentina”, está desde la semana pasada en exposición, con vistas a su remate, en la base aeronaval Almirante Zar de Trelew, célebre por la masacre de 1972. El diario El Chubut informó el lunes sobre la “exposición para remate”, dispuesta por el Ministerio de Defensa, de tres aviones Electra. Consignó que “la venta forma parte de una emergencia económica de las Fuerzas Armadas”, que “por su aluminio duro” los aparatos de 17 toneladas “podrían ser comprados por Aluar”, o bien para ser usados “en forma ‘llamativa’ como discoteca o casino, o para filmar películas de catástrofes aéreas como Lost”. El detalle de los modelos que debe rematar el Banco Ciudad lo aportó el spotter (historiador aeronáutico) Carlos Abella en su blog Roll Out. Dos de los aparatos fueron adquiridos en 1982 y 1983, cuando el trabajo sucio de las Fuerzas Armadas había concluido. El tercero es el “Antártida Argentina”, que la Armada compró durante el gobierno de facto de Agustín Lanusse, llegó al país a fines de 1973 y fue destinado durante la dictadura a la 1ª Escuadrilla de Sostén Logístico Móvil, con base en el área militar del aeropuerto de Ezeiza, escala previa a la muerte de una cantidad indeterminada de detenidos-desaparecidos.
Página 12, 07 – 09 – 09
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