Matías Perdomo
Asistimos a una de las recurrentes crisis globales del capitalismo. En Argentina, parece menos apremiante que en otros sitios. Sin embargo, la embestida neoliberal de la que fue víctima nuestro país nos propinó una pobreza estructural que las altas tasas de crecimiento económico no pudieron contrarrestar. Al contrario, el núcleo de miseria con mayores problemas se intensificó.
En este contexto, el gobierno nacional anuncia la medida social más importante de los últimos 50 años: la asignación universal por hijo para protección social. Se admite así, que el “derrame” capitalista es extremadamente tacaño y se vuelca una gran masa de recursos al sujeto social que germinó tras décadas del neoliberalismo más feroz: el desocupado/subocupado, una especie de borbollón intrínseco al modelo.
Análogamente a lo acontecido con la Ley de Servicios Audiovisuales, el gobierno tiene el enorme mérito de llevar a la acción política concreta una iniciativa que surge de la organización social. La Central de Trabajadores Argentinos fue pionera en avistar el brete al proporcionarle representación, espacio y organización al desocupado. Durante años persiguió y presionó en pos de la implantación de la asignación. El conflicto transparentó la necesidad y esta conquista social, como la mayoría, carga en sus espaldas la sangre derramada de muchos luchadores del campo popular.
De todas maneras, la medida, aislada, corre peligro de desvanecimiento. Mientras la estructura económica y la matriz productiva no sufran rigurosas modificaciones, los 180 pesos de hoy serán hambre para mañana. Resultará imprescindible, entre otras cosas, ponerle coto a la concentración económica en el área alimenticia, pues el alza de precios de los alimentos es la principal causa del crecimiento de la pobreza. El capital concentrado vernáculo es perverso en su lógica: a mayor demanda (la habrá, pues los pesos de la asignación se dirigen directamente al consumo) igual oferta y mayores precios.
La asignación universal es un logro de una mayoría. Cierto es que para las minorías pudientes, esa mayoría, organizada y predispuesta a la disputa política, es muy peligrosa. Eventualmente un gobierno de derechas intentará restringir el acceso al beneficio, mientras uno de izquierdas pretenderá que sea financiado de otra manera. Lo común es que la asignación trasciende como derecho y es lo que hay aquí y ahora. Más adelante veremos si hay que defenderla o verdaderamente hay margen para mejorarla. Por lo pronto, en unos 12 días, alrededor de 5 millones de chicos deberían tener un pan sobre su mesa. La historia indicará que este fue el momento en el que un derecho más se hizo realidad. Mal que les pese a muchos.
Río de Palabras, 23 – 11 – 09
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