Cecilia Litvin
La policía hace de las suyas a lo largo del país.
Efectivos policiales dispararon balas al aire, golpearon y detuvieron a estudiantes y docentes del polivalente de Arte de La Rioja cuando finalizaban una movilización.
Los motivos de la marcha eran varios. El principal, reclamar que el dinero que se prevé gastar en la realización del paseo de entretenimientos Ramírez, que se calcula en 20 millones, sea destinado a construir acueductos que ayuden a superar la crisis hídrica. Al parecer, en la construcción del paseo estarían interesados, económicamente hablando, el gobernador Luis Beder Herrera, y otros funcionarios.
Además, varios profesores del polivalente fueron sumariados, con la amenaza de no cobrar sus sueldos hasta que se resuelva la situación. A esto debe sumarse que no se les permite ver el expediente, por lo que no cuentan con las herramientas necesarias para hacer una legítima defensa.
La semana pasada, integrantes de los colectivos Güemes, La Lonja y Biblioteca Popular Bella Vista, entre otras organizaciones barriales y estudiantiles, fueron salvajemente reprimidos por la policía cordobesa.
Las agrupaciones se encontraban en el terreno ocupado del barrio Güemes organizando un escrache “contra el abuso policial” a la comisaría local décima, señalada como un símbolo de la represión. En ese lugar, en el año 2000 mataron a siete chicos que estaban detenidos y que habían realizado un reclamo por mejores condiciones de detención. La décima es la seccional a donde van a parar las permanentes víctimas de criminalización de la pobreza y la protesta.
Mientras se organizaba el eschacre, llegó un móvil policial y comenzó a hacer preguntas. Con la excusa de un procedimiento de rutina y para “revisar que todo ande bien”, los efectivos pusieron a todos los presentes contra la pared.
Leer todo el artículo Fue en ese momento que una de las personas presentes, abogado de la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos Humanos, preguntó el motivo de la requisa. A partir de allí, fueron todos golpes. Los policías pidieron refuerzos, llegaron cuatro móviles, de uno de ellos bajó un efectivo tirando disparos al aire. En total, se llevaron detenidos a cuatro compañeros (entre ellos dos menores y un abogado).
Ante esta situación decenas de compañeros se acercaron a la comisaría 10 a exigir la liberación de los detenidos, quienes eran fuertemente golpeados dentro de la delegación policial. La cantidad de personas agrupadas en las afueras de la comisaría hizo que los golpes se detuvieran y que con el correr de las horas los detenidos fueran liberados.
Por otro lado, en Salta, desde hace varios años, un grupo de integrantes wichís trabajaba en forma informal para la municipalidad de la localidad de Coronel Juan Solá. Cansados de no ser blanqueados, de cobrar seis pesos por medio día de trabajo, de ser discriminados al momento de repartir las tareas, decidieron tomar el municipio.
En respuesta obtuvieron del intendente Atta Gerala un acta de compromiso, a partir del que se les daba 24 puestos de trabajo y se les financiaba un viaje a la capital provincial para dar cuenta de otras reivindicaciones.
Viajaron a principios de octubre, pero sólo fueron recibidos por autoridades del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas, cuyo único ofrecimiento fue darles 3 cajas de ropa y 40 bolsones de mercadería.
Ante los reiterados incumplimientos, el 26 de octubre más de cincuenta jóvenes indígenas tomaron nuevamente el edificio municipal y tras dos semanas de protestas fueron nuevamente convocados para dialogar con el intendente. El problema fue cuando en el medio del encuentro apareció violentamente la policía, disparando contra los indígenas.
El resultado fue cinco heridos con balas de goma y de plomo a comienzos de este mes. Uno de ellos aún permanece internado debido a la gravedad de las lesiones en sus piernas.
Según le comentó a Red Eco, Bernabé Aparicio, dirigente comunitario wichí, esperan para los próximos días la llegada desde Buenos Aires de una comisión del INADI y de la Secretaría de Derechos Humanos para realizar la denuncia de lo sucedido y para que los ayuden y orienten a encontrar una solución. También están en conversaciones con abogados de la zona.
Estos casos de La Rioja, Córdoba y Salta no son aislados, son tan solo ejemplos de hechos que están sucediendo en todas las provincias del país.
Red Eco, 20 – 11 – 09
La Quinta Pata
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