Presentación en defensa ley de medios

Héctor Jorge Alvaro

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Mendoza, 30 de diciembre de 2009

Con el patrocinio de la Dra. María Angélica Escayola, en el día de la fecha me he constituido como parte ante el Juzgado Federal de la provincia de Mendoza, cuya titular es la Dra. Olga Pura de Arrabal, en los autos Nº 44656/3 caratulados “Thomas Enrique c/ Estado Nacional Argentino por Amparo”.

Lo hago en exclusiva defensa de la vigencia de la ley Nº 26.522, de Servicios de Comunicación Audiovisual, apelando la medida cautelar dictada por la titular de ese juzgado, aceptando prima facie los argumentos que en tal sentido presentó mi colega, el diputado nacional Thomas y ordenando la suspensión de la vigencia de dicha norma en todo el territorio nacional.

Hace poco más de sesenta días que el Congreso Nacional votó en pleno uso de sus facultades legales y con toda legitimidad esta norma que vino a poner fin a la ominosa ley de medios audiovisuales de la última dictadura militar. Fue promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional y un diputado nacional por la provincia de Mendoza (Thomas) ha recurrido a la justicia solicitando se deje sin efecto su aplicación invocando defectos formales en su tratamiento en diputados.

Aduce no haber tenido tiempo suficiente para compenetrarse de la misma; que no se publicaron los despachos por siete días y luego que la sesión especial en la que se aprobó es nula por haber transcurrido más de media hora desde la hora en que fuera convocada sin que diera comienzo.

Todos estos argumentos fueron discutidos (y rebatidos por varios diputados) en la sesión del día 16/9/09.

Hubo diputados que presentaron cuestiones de privilegio con estos fundamentos (no estuvo Thomas entre ellos) y algunos se retiraron de la sesión sin participar en el debate ni en la votación (es el caso de Thomas).
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El resultado de la votación en general fue 147 votos afirmativos; 5 negativos y una abstención. O sea que había un total de 153 diputados presentes (el quórum para sesionar son 129) luego de más de doce horas de debate.

Lo que está detrás de esta demanda es la intención de utilizar al Poder Judicial para impedir la vigencia de esta ley que sin duda afecta a unos pocos pero muy poderosos grupos oligopólicos de los medios de comunicación audiovisual de nuestro país.

Es poco serio argumentar falta de tiempo para estudio, cuando el Poder Ejecutivo Nacional nos entregó a todos los legisladores nacionales en MARZO de 2009 el proyecto que luego fue presentado en mesa de entradas del Congreso el 27 de Agosto de 2009.

Se da el caso de obnubilación opositora en la diputada radical Silvana Giúdici que argumenta lo mismo que Thomas en su cuestión de privilegio, pero firmó uno de los cuatro despachos en minoría que se consideraron. ¡No tuvo tiempo de estudiar el proyecto, pero presentó un despacho en minoría con 157 artículos!

Subestima nuestra inteligencia el diputado Thomas al argumentar la no espera de los siete días entre la publicación de los despachos y el tratamiento en el recinto. Pretende que ignoramos que se trató de una Sesión Especial que no requiere de esas exigencias.

Igual que las sesiones especiales que los diputados de la oposición (incluido Thomas) convocaron recurrentemente desde mediados del 2008 para tratar las retenciones a las exportaciones de granos sin tratamiento en comisión ni despachos firmados por nadie , como lo admite el reglamento.

Se hace eco de esta intencionalidad la jueza Arrabal, al prejuzgar en sus considerandos supuesta inconstitucionalidad de la ley por facilitar la censura; violar la libertad de expresión; etc.

No es aceptable la intromisión de la magistrada en lo legislado por otro poder de la República. No obstante, es notorio que la ley no condiciona en ningún artículo los contenidos de la información a difundir. Sólo fija pautas mínimas de contenidos y producciones de origen Nacional; Regional y Local. A eso se opone cuando ordena suspender su vigencia.

En realidad se opone al derecho que tiene el Estado Nacional y que reivindico en toda su extensión y profundidad, de regular el espectro de comunicación audiovisual permitiendo la expresión de todas las voces de la República Argentina. No sólo la de los que tienen desde hace mucho tiempo el monopolio comercial y de contenidos de los medios gracias a los favores prestados a dictadores y gobernantes civiles devenidos en sus títeres.

*Diputado Nacional

La Quinta Pata, 31 – 12 – 09

La Quinta Pata