Emilio Marín
El episodio Redrado, aún no concluido, expresa de forma concentrada cómo serán de conflictivos los próximos dos años. Las contradicciones entre oficialismo y oposición, al rojo vivo.
La lucha política entre los planes del gobierno y los de la variopinta oposición no se tomó vacaciones. Ante los remilgos o del presidente del Banco Central a transferir las reservas con destino al Fondo del Bicentenario, la presidenta terminó despidiéndolo.
El funcionario decidió quedarse y apelar a la justicia. Fue alentado por el monopolio Clarín y el vicepresidente Julio Cobos, más el resto de los opositores que volvieron presurosos de Punta del Este (caso de la sempiterna ociosa Elisa Carrió).
Como algunos argentinos tienen más suerte que otros, Martín Redrado consiguió que la jueza María José Sarmiento le hiciera lugar a la reposición en el cargo en dos horas. Otras causas, por razones mucho más urgentes y atendibles, demoran semanas, meses y años.
Cuando Aníbal Fernández quiso presentar la apelación, la jueza de feria no estaba; había cumplido un rol político y se había tomado el olivo. Mandó a decir por los medios que el lunes a las 7 y 30 horas estaría en su despacho, una hora en que en general los magistrados no llegan. Quizás mañana sea la excepción porque estarán todos los medios con sus cámaras encendidas.
El gobierno acusó al "golden boy" de mala conducta e incumplimiento de los deberes de funcionario público, porque había demorado ex profeso la provisión de las reservas (6.500 millones de dólares). Los abogados Gregorio Badeni y Juan Carlos Cassagne, alegaron que su cliente MR no había estado "ni a favor ni en contra" del Fondo del Bicentenario.
En los ´90 Cassagne fue director de Asuntos Jurídicos de Obras Públicas con Rodolfo Barra, preparando con éste y Roberto Dromi las privatizaciones. Luego le tocó presidir Aguas Argentinas como hombre todo terreno del grupo Suez.
Leer todo el artículoLos antecedentes de los involucrados en este diferendo deben ser tenidos en cuenta pues a simple vista uno podría confundirse. Por ejemplo, como Redrado se opuso a girar el 14 por ciento de las reservas del Banco, es presentado por el monopolio mediático como José de San Martín II. Y el banquero es lo opuesto por el vértice a la noción de patriotismo, ídem Cassagne y los intereses políticos que lo sostienen en esta pulseada con el gobierno.
No hay remedios infalibles contra las confusiones políticas en medio de conflictos complejos como el de esta semana, pero la brújula es el análisis político para evitar yerros de puntos cardinales, de ir al lugar opuesto.
Las dos bibliotecas
Hay que evitar la tentación de caer en tecnicismos administrativos, jurídicos y legales. No es por despreciarlos sino porque en ese plano, como se dice vulgarmente, hay una mitad de biblioteca que da determinados argumentos y la otra mitad o un cuarto o un tercio que dice lo opuesto.
Al fundamentar el despido de Redrado, el jefe de Gabinete dijo bien que el Decreto de Necesidad y Urgencia que creó el Fondo del Bicentenario el 14 de diciembre último (2010/09) y el que cesó a aquél en sus funciones (18/2010) son legales. Fernández recordó que tienen efecto de ley luego de la reforma constitucional de 1994.
Pero la otra parte, victimizándose ante los medios, arguyó que para despedir al titular del Banco Central la jefa de Estado debió antes informar a la Comisión Bicameral, cosa que no hizo.
Los oficialistas replican que tal comisión no tiene dictamen vinculante, de modo que aún en el supuesto que se hubiera pronunciado en contra no habría sido suficiente para voltear el DNU.
Desde antes de surgir este cortocircuito, la oposición estaba interesada en copar la presidencia de la Comisión Bicameral de seguimiento de aquellos decretos. Al final, por falta de acuerdo, se la integró con ocho legisladores kirchneristas y otros tantos de la oposición, sin presidente. Se acordaron dos secretarios: la diputada Diana Conti por el gobierno y el senador Luis Naidenoff por el radicalismo. Pero aún no se ha reunido y recién podría hacerlo en los próximos días.
En ese tire y afloja la oposición utilizó el atajo judicial. Federico Pinedo (PRO), Juan Carlos Vega (Coalición Cínica) y Ricardo Gil Lavedra (UCR) presentaron un recurso contra el Fondo del Bicentenario. Y el afectado Redrado interpuso otro contra su remoción. Oh casualidad, ambos tuvieron un tratamiento favorable en tiempo récord por la magistrada del apellido del polémico sanjuanino.
El gobierno apelará, según dijo Fernández sin esperar al lunes, pero si la jueza sigue jugando a las escondidas deberá ser ese día. Eso llevará las cosas a la Cámara de Apelaciones. Y quizás sigan viaje hasta la Corte Suprema de Justicia, según la parte que vea frustradas sus pretensiones.
¿Quién saldrá perjudicado por esos recursos y apelaciones tribunalicias? En principio el gobierno, que debe tomar decisiones y atender problemas concretos. Las demoras le facturarán en contra, por más que alegue no haber sido culpable de las dilaciones. En esto el tiempo juega a favor de la oposición. Aunque Redrado pudiera quedarse solo una semana más, el eventual triunfo kirchnerista sería casi pírrico.
En las heterogéneas filas de la oposición hay quienes quieren que el daño sea mayor: que el incidente haga que se retiren los depósitos bancarios, haya corrida al dólar, baja de los títulos argentinos, fuga de divisas e inflación. Los destituyentes más provocadores llaman a nuevos cacerolazos y agitan falsas denuncias de que la presidenta prepara un nuevo corralito bancario. Este clima de provocación es negativo para la democracia y la economía; es mucho más negativo que la errónea decisión presidencial de crear el Fondo del Bicentenario.
Es la política, Pino
Para no extraviarse en los laberintos de la Carta Orgánica del Banco Central y los reglamentos de las Comisiones Bicamerales, y ser llevado a cualquier lado de la mano por Clarín, hay que asirse al hilo político democrático.
La presidenta parece tener razón en la cuestión formal de que sus dos DNU son legales: para crear el Fondo y despedir al banquero. En cambio es muy discutible el fondo del asunto: Cristina y Amado Boudou piden esa parte de las reservas para abonar vencimientos de la deuda externa. Y entre tanto, para dar muestras de voluntad de pago a los acreedores externos, los bonistas y el FMI.
Ese destino tan poco patriótico para 6.500 millones de dólares, junto con el rechazo casi visceral de los Kirchner a la movilización de la población, explica que hasta ahora la Plaza de Mayo sea un lugar desierto. O a lo sumo, un sitio de interés para los turistas, despoblada de manifestantes. No es un problema de calor; es difícil llenarla pidiendo apoyo para honrar una deuda de muchos visos de fraude.
Los argumentos oficialistas, secundados por diputados de centroizquierda como Carlos Heller, de que al apelar a esas reservas el gobierno se ahorra intereses de los préstamos que debería pedir, suenan a sofisma. Es que si no se paga esa cuestionada factura, no se debería pedir crédito alguno: se tendrían las reservas y los fondos del presupuesto, como hasta ahora.
El gobierno ha tomado una iniciativa distinta a la resolución 125 y la de las AFJP. En ambas el fin y los medios estaban en armonía, porque el impuesto a los sojeros sería invertido en planes sociales y el fin del curro de la jubilación privada derivaba fondos hacia el control del Estado.
Ahora, en cambio, se piden reservas para pagar una deuda que Alejandro Olmos y el juez Ballestero tildaron de ilegal. No hay nada progresista en eso.
La dualidad del kircherismo, capaz de hacer alianzas con Hugo Chávez y al mismo tiempo sonreír con Barack Obama en el "G-20", explica que la presidenta haya retomado su intención de reabrir el canje con los bonistas holdouts y pagar al Club de París. Ese, y no otro, es el destino del Fondo del Bicentenario, que por eso mismo fue avalado por los banqueros Jorge Brito (Macro), Adeba y Abappra.
Pero hay formas y formas de oponerse a esa política oficial conciliadora con el capital financiero internacional. La derecha puso el grito en el cielo, con hipócritas alegaciones a la "la normalidad institucional", la "división de poderes" y hasta la "autárquica" Carta Orgánica del BCRA, derivada en 1992 del Consenso de Washington y la pluma de Domingo Cavallo.
Frente al yerro de la presidenta, lo que un político progresista podía hacer era reclamarle que se modifique esa Carta Orgánica, se apruebe otra ley de Entidades Financieras y se designe otro titular que no sea del perfil neoliberal.
Pero de una crítica de ese sesgo, a unirse de hecho con Julio Cobos, Mauricio Macri, Gerardo Morales, Elisa Carrió, Felipe Solá y Francisco de Narváez, todo bajo la tutela de Clarín, media un abismo. Lástima que Pino Solanas no lo viera y se sumara a la troupe destituyente deseosa de pagar mucho más deuda externa y en los términos que disponga Washington, achicando el gasto social y dando más poder a los monopolios.
El mayor yerro de un estratega político o militar es pifiar de blanco y no pegarle al enemigo principal. En la ficción, en cambio, hasta el director y parte del público pueden simpatizar con el malo de la película.
La Arena, 10 – 01 – 10
La Quinta Pata
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