Comienzo de juicios y reivindicación ética

Ramón Ábalo

El sol alumbró, este 1ºde julio, como pocas veces en estos días de invierno en la sureña ciudad de San Rafael, Mendoza. Una especie de alumbramiento de un momento histórico para esta provincia al darse comienzo al primer juicio oral y público contra genocidas del terrorismo de estado implantado por la dictadura cívico-militar del ' 76.

Más de 200 personas se instalaron a partir de las 9 de la mañana frente al local de la facultad de ciencias aplicadas a la industria, de la Universidad Nacional de Cuyo, las que llegado el momento, entraron por tandas cada tanto dado que la capacidad del salón donde se dio el puntapié inicial, y será sede permanente hasta la culminación de los juicios, es para capacidad de unas 70 personas. Hubo cánticos, bombos y redoblantes, y la lógica expectativa de lo que ocurría en el interior. Al filo del mediodía, se conformó una columna de jóvenes pertenecientes a sectores políticos, como la juventud peronista, la juventud comunista, de la CTA, del SUTE, de HIJOS, y se dirigieron hacia el centro de la ciudad para conmover a la pequeña city. Fue más que llamativo, porque lo que dejaban en claro con sus presencias y algarabías esos jóvenes fue la de una fuerte reivindicación de la política, la solidaridad y el repudio comprometido con la acción a los genocidas que pretendieron sesgar con la muerte y la persecución, los ideales de aquella juventud setentista metida hasta la médula con esos valores, enarbolados para la defensa de la vida y la dignidad de los pobres, de los humildes, de todo el pueblo trabajador y productor. Una reivindicación de la política en el centro de una población cuya conciencia es atacada por el oscurantismo de una iglesia católica que irrumpe con ferocidad cavernícola. Pero como todos los pueblos, su resistencia proviene de las fábricas, de los talleres, de las aulas, y avanza construyendo presente y futuro con bases en la memoria de un pasado con resonancias dramáticas, sin embargo rica en experiencias de vida y muerte.

Las víctimas
Francisco Tripiana Funes: Fue secuestrado el 24 de marzo de 1976 en una operación conjunta de Ejército y policía. Su esposa Haydée Pérez, le llevó comida hasta que el 1 de abril de ese año, le dicen que lo habían liberado, y que no vuelva más. Desde entonces está desaparecido. Era pintor de obra y obrero de la viña. Simpatizaba con el peronismo –

Roberto Osorio: Fue secuestrado el 25 de marzo del 76 por un grupo armado al mando del mayor Luis Suárez. A partir de ese momento nunca más se supo de él. Era empleado de una farmacia perteneciente al ex-gobernador Martínez Baca, que también fue víctima de los genocidas .
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Pascual Sandoval: Fue detenido en una finca de Colonia Elena, de San Rafael, el 26 de marzo del 76, por fuerzas del Ejército - Quedó detenido en la Casa Departamental. Su madre le llevaba comida hasta el 29 de marzo, día en que le dicen que lo habían dejado en libertad, sin embargo nunca más apareció. En más de un caso la represión aplicó esta forma de hacer desaparecer.

José Berón: El 28 de agosto de 1976 fue detenido mientras se encontraba en una fiesta familiar. Tenía 20 años y militaba en el peronismo de izquierda. Su padre lo visita, a los dos días, en la Seccional Octava, y comprueba que su hijo había sido torturado, luego lo trasladan a bomberos y después al Comando donde afirman que nunca estuvo. Desde entonces está desaparecido.

Los acusados
Aníbal Guevara: ex teniente coronel, es mendocino y actualmente reside en Buenos Aires. En esta ocasión es el único militar en el banquillo. En el momento de las desapariciones era uno de los jefes del centro de detención clandestino ubicado en bomberos de la ciudad de San Rafael.

Raúl Ruiz Soppe: Es uno de los tres miembros de la Policía de Mendoza que está acusado. Al momento de las desapariciones era jefe de la Unidad Regional II de la Policía. Desde su cargo aportó personal policial y lugares y participó en operaciones clandestinas, de acuerdo a la acusación.

Juan Labarta: En marzo del 76 era oficial integrante de la Policía de Investigaciones D2 de San Rafael. Habría tenido participación en los interrogatorios que se hacían bajo tormento. Aportaba, principalmente, información de dirigentes de izquierda. Es oriundo de San Rafael, donde vive actualmente.

José Mussere: Se desempeñó como oficial de policía de San Rafael al momento de producirse las cuatro desapariciones. Actuaba como enlace entre las fuerzas militares y policiales. Era el responsable del manejo de los detenidos. Es mendocino, y actualmente reside en Godoy Cruz.

Cristóbal Ruiz Pozo: Es uno de los dos civiles acusados en estas causas. Al momento de los hechos, era médico de la Policía. Su firma aparece en el acta de liberación de Tripiana, que resultó ser falsificada, ya que la víctima nunca la había firmado a pesar de figurar su nombre en ella. Es oriundo de San Rafael donde aún allí reside.

Raúl Egea Bernal: Junto a Ruiz Pozo formaba parte del cuerpo civil que servía de apoyo a la policía. Se desempeñaba como abogado de la fuerza. Está acusado de falsedad material e ideológica por el acta de liberación de Tripiana. Junto con Ruiz Pozo son los que tienen las acusaciones más leves, aunque no se descarta que se produzcan otras para los dos acusados.

Los centros clandestinos
En la Provincia fueron numerosos los lugares que se utilizaron como centros clandestinos de detención. En San Rafael lo fueron el edificio de Tribunales, bomberos, Radio Municipal, Ex Bodega Pico de Oro, Sanidad del Hospital Schestakow, Regimiento 7 de Caballería, Infantería de la Policía, Penitenciaría y Unidad Segunda de Policía.

Por otra parte, fueron numerosos los empresarios que colaboraban económicamente para mantener a integrantes de los llamados "grupos de tareas" y a los civiles que conformaban los grupos parapoliciales y paramilitares.


La Quinta Pata, 03 – 07 – 10

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