Ramón Ábalo
En 1984, por decisión del poder ejecutivo nacional, se crea la Comisión Nacional de Personas Desaparecidas (CONADEP) la que dio a conocer el “Nunca más”, una elaboración dirigida por el escritor ya fallecido, Ernesto Sabato. El informe representa uno de los testimonios sobre el terrorismo de estado más amplio y exhaustivo de lo que fue uno de los genocidios más dramático en nuestra América. Tal abundancia de testimonios y tan estremecedores son sus capítulos que son como destellos del horror que sufrió el pueblo argentino, ese descenso al infierno, como lo afirma el mismo Sabato en el prólogo de dicho informe.
Los relatos de los testigos, la mayoría ex presas y ex presos fueron terminantes y se repite con el exhaustivo decir de los abogados querellantes, los que representan a las víctimas o familiares ante el tribunal que juzga, aquí en Mendoza, a los genocidas del ' 76, reitera aquel descenso al infierno. La oralidad de unas y otros, ese contar los momentos padecidos, ese hálito de persecución y muerte que se incrusta, como una daga, en la sensibilidad de los asistentes. Los signos de la vida sepultados en la paz de los cementerios. Y se repite en el decir exhaustivo, y en gran parte exaltado, de los abogados querellantes, percibido angustiosamente en las jornadas de la semana pasada. A tanto, que hasta los mismos abogados querellantes, en determinados momentos, no pueden ocultar o disimular signos de angustia y dolor. Un ejercicio que se emparenta con un descenso al infierno.
El martes 2, fue Pablo Salinas el primero en tomar la palabra como querellante de las víctimas, quien conoció también, en carne propia, la represión a raíz del secuestro de su propia madre cuando era niño. Hizo un recorrido por los antecedentes de la represión a partir de 1955 y que tuvo un pico en 1956 con el fusilamiento del general Valle y el asesinato masivo en José León Suárez de militantes peronistas. De ahí en más la persecución fue permanente durante 20 años a gran parte del pueblo argentino. Dio cuenta de la transferencia de las experiencias y "doctrinas" de la escuela francesa - la "lucha anti-insurgencia"- y la Escuela de las Américas, el más sucio bebedero ideológico instaurado por el imperialismo yanqui, junto al surgimiento de la "doctrina de la seguridad nacional", cuyos enunciados dieron lugar a la diagramación del esquema utilizado en la Argentina. Expuso las características del denominado "Plan de Represión Sistemática". También hizo hincapié en la complicidad del poder judicial en la justicia Federal, y en referencia al juez Otilio Romano, imputado por cerca de un centenar de causas por delitos de lesa humanidad, señaló irónicamente: "Ahí está presidiendo la cámara federal de Mendoza ahora y aquí arriba, mientras yo alego en este juicio". Recorrió la normativa internacional a partir, por ejemplo, de los juicios contra los criminales de guerra nazis en Núremberg, durante la segunda guerra mundial; el genocidio de los armenios por el estado turco, con más de un millón de asesinados; el de la ex-Yugoeslavia, el exterminio en Ruanda y el estatuto de Roma. Luego caracterizó a los delitos de lesa humanidad como el ataque generalizado o sistematizado contra cualquier grupo de una población civil, tanto en tiempos de guerra como en tiempos de paz. Siguiendo el hilo de lo establecido, Salinas afirmó que el asesinato, el exterminio, la tortura, las violaciones, las persecuciones por motivos políticos, las desapariciones forzadas y otros actos inhumanos, como delitos de lesa humanidad y genocidio.
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