Ramón Ábalo
La bronca acumulada en este casi año en que dieron comienzo los juicios (más los 35 de espera) por lesa humanidad contra los genocidas del 76, no se va a atemperar este jueves cuando se conozca el veredicto del tribunal oral No. 1, de esta ciudad de Mendoza. Entre medio es posible la satisfacción por esta primera puntada de la justicia federal.
En las últimas jornadas, la semana pasada, el ministerio público y los abogados de la querella, se introdujeron en hitos de la historia de un pasado reciente y mundial para afirmar los argumentos jurídicos en que se basarán las penas que pedirán para los que están en el banquillo de los acusados en este primer tramo que solamente alcanza a una decena de entre unas doscientas en que se sintetiza el accionar macabro del terrorismo de estado en Mendoza.
Trajeron a colación a los genocidios nazis, aquel de la segunda guerra mundial y los de la ex-Yugoeslavia, a las organizaciones criminales como las SS. Los cabecillas y líderes, en una serie de juicios llevados a cabo entre 1945 y 1946, fueron acusados y juzgados como criminales de guerra por un tribunal militar internacional, en Nüremberg, Alemania. Acusados por: 1) crímenes contra la paz (planear, instigar y librar guerras de agresión, violando pactos y normas internacionales); 2) crímenes contra la humanidad (exterminio, deportaciones y genocidio); 3) crímenes de guerra (violación de las normas de guerra) y 4) haber planeado y conspirado para cometer los actos criminales señalados. Hubo condenas menores y absoluciones, pero principalmente hubo condenas a cadena perpetua y muerte por ahorcamiento, el 16 de octubre de 1946. Algunos países y mucha gente consideraron que los juicios no habían sido justos. Negaban la validez jurídica de aquel tribunal. Se aducía que los vencedores no podían ser jueces justos de los vencidos. Medio siglo después, nadie discute ya la oportunidad de aquellos juicios.
Toda coincidencia que quisiéramos encontrar con los juicios actuales en nuestro país son valederas y más como apoyaturas históricas y jurídicas para condenar con penas máximas a los genocidas argentinos. Y no será necesario el transcurso de los años para legitimar esto que es una reivindicación universal de los derechos humanos. Por ello, la Argentina es un ejemplo en el mundo entero. En este primer grupo son juzgados siete genocidas por delitos contra 24 víctimas, entre ellos el poeta y militante Paco Urondo. Los imputados eran doce, pero tres de ellos murieron en el transcurso de los juicios y dos fueron apartados por motivos de salud. Entre los que quedarán tras las rejas se encuentran Salvador Lucero, del D2; E. Furió, ejército; Smaha Borzuk, D2; R. Migno, ejército; Oyarzábal, D2; Rodríguez Vázquez, D2. Abogados defensores son Andrea Duranti, Alejo Amuchástegui y Ramiro Dillon.
Este jueves 6 de octubre se concretará parte de los reclamos que flamean aquellas banderas de los organismos humanitarios argentinos: memoria, juicio y castigo , en coincidencia – el mes – con aquellas épicas de la revolución soviética, el octubre de 1917 y nuestro 17 de octubre de 1944.
La Quinta Pata, 02 – 10 – 11
No hay comentarios :
Publicar un comentario