Salarios: el dinero que falta alguien lo tiene

Ramón Ábalo

Las protestas de los empleados estatales, con una fuerte incidencia en las necesidades de muchos mendocinos, el de los de la salud, tiene a mal traer desde hace una treintena de días al gobierno del Paco Pérez. Mejor dicho, desde que ascendió a jefe. La lucha por el salario es más que legítima, y la flaqueza de las arcas del estado también es una realidad. A tanto que para cubrir las obligaciones hasta fin de año, el gobierno necesita unos 700 millones de pesos, que acaba de negociar con bancos privados locales para recibirlos como préstamo.

Calculado el déficit por lo que se debe más lo que se necesitará para cubrir el presupuesto del corriente año, se habla de unos dos mil millones de pesos, los que difícilmente se puedan equilibrar con lo que se calcula que se recibirá por rentas generales. Sin embargo, gran parte de ese déficit podría estar cubierto sin sobresaltos en cuanto el fisco se decida a meter la mano en los bolsillos de quienes gozan de privilegios que generosamente les permiten algunas normas, y otros muchos más por la desidia de un estado con políticas de omisión y permisivas que privilegian a los que la tienen y les sobra, y otros con bolsillos olor a corrupción.

Y ya se sabe, allí donde hay mucho dinero, gran parte de él fue mal habido y aunque las leyes y otras decisiones oficiales estimulan y le dan pátina de legitimidad, si se escarban los antecedentes, a los tenedores de esos dineros en el marco del concepto empresarial los cubre un manto oscuro de sospechas. Simplemente con aquel concepto de cómo se forma el capital, que ya tiene más de un siglo, pero que existió desde siempre, la plusvalía, o sea lo que el capitalista deja de pagar al trabajador por su fuerza de trabajo que emplea para cumplir con su tarea, un margen considerablemente menor al salario real que percibe. Un verdadero despojo, la explotación del hombre por el hombre.
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El dinero para pagar lo que merece el pueblo trabajador, está, existe, y es responsabilidad de los gobernantes lograrlos. Es cierto que mucho se ha avanzado en la materia por el llamado modelo actual, popular y nacional, asegurando importantes reivindicaciones para los trabajadores, pero ello no justifica aquello de la presidenta cuando pidió "sensatez en los reclamos" y además que "cuando se arman los barullos y se pudre todo, los dirigentes se van, viven bien y los trabajadores se quedan sin trabajo". Lo que debe quedar en claro es que no son las reivindicaciones, las más que legítimas de los que realmente trabajan, las "culpables" de los desastres, de las cíclicas crisis del capitalismo, como queda demostrado palmariamente con la vieja Europa sumida en la desesperación.

El gobierno, tanto local como nacional tienen los mecanismos institucionales para que las arcas oficiales "derramen" justicia social, el salario especialmente, que siendo justo de toda justicia, al hogar del trabajador argentino le sería dable cubrir todas sus necesidades al calor de las responsabilidades sociales del estado. Con meter mano férrea en la especulación que no tiene miramientos para terminar con lo irracional del alza de los precios, especialmente de la canasta familiar. Leyes que le permiten el uso de la fuerza inclusive, evitarían que el mal humor provocado se extendiera masivamente para deleite de la contra. Es una cuestión de estado las medidas para asegurar la dignidad de los sectores populares. Y también de sobrevivencia del gobierno.

La Quinta Pata, 27 – 05 – 12

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