Lucha contra el trabajo infantil en campo: Mendoza es ejemplo

Ricardo Nasif

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El área de trabajo de la provincia de Mendoza multó a empresarios por explotar menores, se crearon 70 centros socioeducativos para más de 3.500 menores de 15 años, y la Legislatura sancionó una ley que quita o impide el acceso a beneficios económicos a las empresas que exploten niños. Sin embargo la justicia federal mendocina aún no condenó a ningún empresario del campo por explotación laboral.

En febrero de 2005, en un boletín de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), escribí un artículo sobre la explotación infantil en el agro de la provincia de Mendoza, en el que denunciaba “la ineficiencia e indolencia de los organismos de control del estado y la ausencia de una clara intencionalidad política por concluir definitivamente con una de las peores formas de explotación de los más débiles”.

Por esos días, el gobierno mendocino constataba la existencia de pibes trabajando en las cosechas de uvas, manzanas, tomates, zanahorias, cebollas, y ajos, (entre otras actividades agrarias), “advertía” a los victimarios, pero no le aplicaba ningún tipo de sanción, consagrando así la naturalización de esta tradicional forma de violencia y la impunidad de los beneficiarios de la explotación.
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Recién en el año 2008, la Subsecretaría de trabajo y seguridad social (en adelante STSS) de Mendoza infraccionó por primera vez a un “empresario” por la utilización de mano de obra infantil. Desde entonces, muchas e importantes acciones se han realizado desde el estado en pos de la prevención y erradicación de la explotación de nuestros niños, niñas y adolescentes.

El continuo crecimiento de la tarea inspectiva se ha consolidado a partir del funcionamiento de un área específica dedicada a la problemática del trabajo infantil dentro de la estructura de la STSS y de la tarea de un cuerpo de inspectores, que ejerce el poder de policía del trabajo en todo el territorio de la provincia.

Al poder punitivo del estado, la legislatura de Mendoza le ha sumado un nuevo instrumento institucional: la ley provincial 8.374, que establece la quita o la imposibilidad de acceso a beneficios fiscales, financieros y económicos a los empleadores que registren antecedentes por sanciones laborales de carácter "muy grave", entre ellas, por explotación infantil. De esta manera, se ha avanzado en una sana lógica de no financiar desde la administración pública a aquellos actores del sector privado que violan las leyes que protegen la infancia.

Desde el año 2010 el estado provincial, junto a la nación, los municipios locales, empresarios, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, ha implementado el “Programa Buena Cosecha”. Durante este año se invertirán $ 8.970.000, en 70 centros socioeducativos que contienen, alimentan, recrean y educan a más de 3500 niños y niñas de hasta 15 años de edad, hijos de trabajadores rurales de Mendoza y de obreros migrantes que llegan a nuestra provincia para realizar actividades estacionales. A través de este programa se pretende hacer un aporte para evitar que los chicos trabajen o se expongan a los riesgos de permanecer junto a sus padres en el ámbito laboral.

La lucha contra el denominado “trabajo esclavo”, donde comúnmente participan menores, le ha dado otro impulso y complejidad a la tarea del estado. En los últimos años, desde la STSS, se han realizado numerosos e importantes operativos laborales y de higiene y seguridad en el trabajo que, más allá de las implicancias administrativas para los sancionados, han derivado en un correlato en los medios de comunicación, lo que favoreció la promoción de investigaciones judiciales desde el fuero federal mendocino para establecer la posible comisión del delito de trata de personas.

Si bien aún no hay condenas por este delito en relación con la explotación laboral, los allanamientos en las fincas, las causas pendientes en proceso y la detención y encarcelamiento preventivo de un “empresario” prófugo de la justicia, han ejercido una papable influencia disuasoria en los empleadores, acostumbrados a estas prácticas.

Recientemente, la Subsecretaría de derechos humanos de la provincia puso en marcha el “Equipo Interdisciplinario de Contingencia para el Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata”, que, entre otras funciones, buscará procurar y dar impulso a los procesos judiciales y restituir los derechos de la víctimas.

No resulta menor puntualizar la resistencia de determinados sectores corporativos del agro mendocino, quienes han llegado al extremo de oponerse sistemáticamente a la aplicación de legislación básica sobre condiciones de habitabilidad de los trabajadores, como es el caso de la resolución 11/2011 de la Comisión nacional de trabajo agrario.

Tampoco se pueden soslayar las coacciones y agresiones padecidas por funcionarios del estado mientras desempeñaban su trabajo, ni mucho menos los golpes y amenazas con armas de fuego recibidos por trabajadores de prensa durante la realización de investigaciones periodísticas sobre explotación laboral.

En suma: pasos decisivos con resultados concretos. El flagelo del trabajo infantil, invisibilizado a veces y naturalizado en otras tantas ocasiones, está instalado fuertemente en la agenda política, mediática y social. Los distintos poderes del estado en los últimos años han participado, con mayor o menor impulso según cada caso, en acciones favorecedoras de la prevención y disminución de la explotación de los pibes. Es común que entre las noticias y análisis de las radios, diarios y televisión, el tema de la explotación laboral ocupe un espacio recurrente y que, novedosamente, se señalen y muestren a los victimarios. En el discurso social “de la calle” y en el de un sector creciente del empresariado local, comienzan a observarse mayores niveles de conciencia sobre la necesidad de la erradicación del trabajo infantil en las actividades económicas y expresiones de condena hacia quienes explotan a los chicos. Este cambio cultural es quizás la transformación más importante.

Todavía resta un inmenso camino por recorrer, sobre todo si tenemos en cuenta que aún persisten miles de comprovincianos sumidos en la indigencia, la pobreza y la desigualdad social. Son justamente estas condiciones de vulnerabilidad las que siguen representado un terreno fértil para la explotación laboral en todas sus formas, entre ellas la infantil y que continúan desafiando al estado a profundizar cambios estructurales y acciones multidisciplinarias que incidan sobre sus causas.

Personalmente, hoy quiero decirle a Blanca Coredo Uscucil, (hermana boliviana de 17 años, fallecida en enero de 2008, en Campo Los Andes, Tunuyán, aplastada por un árbol que cayó sobre las carpas donde vivía junto a otros obreros migrantes), que después de importantes esfuerzos, en este 2012, por primera vez en muchas décadas, esas indignas carpas ya no forman parte de aquel paisaje desolador y doloroso de las chacras y fincas de nuestro departamento.

Si hemos logrado evitar la muerte o el sufrimiento de otros tantos niños, niñas y adolescentes, bien ha valido la pena esta lucha, que apenas comienza.

* Jefe de la Delegación Tunuyán de la Subsecretaría de trabajo y seguridad social de Mendoza y miembro de la Corriente Agraria Nacional y Popular (CANPO)

Agenda Oculta, 06 – 09 – 12

La Quinta Pata