Jimena Catalá y Danila Bragagnini
Desde hace dos años, uno de los mejores equipos de antropólogos forenses del mundo escarba las tumbas del Cementerio de Capital en busca de restos de desaparecidos durante la última dictadura militar. Han encontrado a tres víctimas, pero el camino todavía es largo.
En el cementerio de capital en el cuadro 33 están enterrados los cuerpos de pobres, indigentes y presos. Hace seis años, familiares de desaparecidos de la última dictadura pidieron a la justicia que se investigara si entre esos restos estaban los de sus parientes. Gracias a su perseverancia, en 2010 comenzaron las excavaciones y comprobaron que tenían razón. En dos años se logró la identificación de tres personas.
Para la criminología en la investigación de un homicidio es fundamental como prueba el cadáver. Justamente los investigadores forenses dicen que el cuerpo de víctima "habla". Por eso los cuerpos enterrados en esas fosas pueden develar el misterio. Hay más de 200 tumbas, dentro de este sector. Allí yacen miles de cuerpos inermes que quieren "hablar".
Hasta el momento, los datos dan cuenta de que, en poco tiempo y gracias al empuje de familiares –considerando que han pasado 34 años de la última dictadura militar (1976-1983)- se lograron importantes avances.
El cuadro 33 tiene cerca de 500 tumbas, cada una contiene entre 11 y 12 cuerpos. A la fecha se han levantado casi la mitad de ellas. Terminada la sexta etapa de las excavaciones, a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense, se estima que continuarán el año próximo.▼ Leer todo
Entre 2003 y 2004, a través del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), María Rosario Carrera e Isabel Güinchul de Pérez recibieron documentación en relación a que en el sector 33 habían cuerpos de desaparecidos.
Tras esa pista, ellas mismas reorientaron la búsqueda que habían comenzado en los años '76, '77 y '78.
Ambas son querellantes en la causa judicial que se inició del cuadro 33 (2006) y confesaron que, a partir de las excavaciones, cada persona que ha sido identificada implica una alegría compartida y la fuerza para continuar.
Rubén Bravo era el esposo de Mariú y Emiliano Pérez el de Isabel. Los dos desaparecieron en 1976 y 1978.
Carrera también perdió a su hermano Marcelo Guillermo y a su cuñada Adriana Bonoldi, y dos sobrinos de Pérez también fueron secuestrados durante el proceso.
Tanto Carrera como Pérez confesaron que para ellas el cuadro 33 implica "excavar la realidad" y llegar a la verdad. Significa, en palabras de Pérez, "que un desaparecido recupere su identidad, identidad que le quitaron cuando le pusieron de nacionalidad ‘terrorista'".
Terror versus justicia; horror versus verdad; fantasmas versus realidad
"Excavar la realidad". Este es el camino que encontraron a lo largo de los años -de 34 años- Carrera y Pérez. Ambas iniciaron su búsqueda allá por el '77 formando parte de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos por Causas Políticas - grupo al que aún hoy pertenecen.
Al ver los documentos que fueron encontrando del Cuerpo Médico Forense y también del MEDH, se encontraron con personas "NN" y cuya nacionalidad era descripta como "terrorista". Como si estos datos no fueran contundentes, las mujeres explicaron que, a través de los forenses, se supo que muchos cuerpos provenían de la Comisaría Séptima y del D2. Todo lo cual fue crucial en la investigación que encararon y sentó evidencias imposibles de ignorar.
Estuvo todo planteado menos la disposición de la justicia.
Con todo listo: la causa iniciada, los documentos, los datos, los más de 200 desaparecidos en la provincia "el primer pedido nuestro fue que viniera el Equipo Argentino de Antropología Forense. Nosotros decíamos ‘están los datos, los cuerpos y tenemos desaparecidos’; lo lógico es que vengan los antropólogos, que empiecen las excavaciones y que vean qué es lo que hay", describió Carrera.
Ahora bien, mientras la causa se inició en 2006 a través del juzgado nº1 de tribunales federales y con el juez de instrucción Walter Bento, las excavaciones comenzaron cuatro años después. Este proceso -entre el inicio de la causa y el comienzo de las excavaciones- fue duro, sobre todo en relación a la indiferencia que –aún en pleno ejercicio democrático- sostuvo la justicia.
Dante Vega, fiscal a cargo de la Oficina Fiscal de Derechos Humanos de Tribunales Federales, se expresó sorprendido por la lentitud y la demora de la justicia en comenzar los trabajos de excavación.
Justamente a esto se refirió Pérez como "el primer obstáculo" que tuvieron que sortear al comienzo de la investigación en el cuadro 33.
"Empezamos nosotros aunque, al principio, no fuera nadie del juzgado a observar de qué hablábamos. Todo ese trabajo tuvimos que hacerlo nosotros, midiendo el terreno con nuestros pasos. Llevando la información al juzgado y al Equipo Forense", comentó Pérez.
Así es como la justicia hizo oídos sordos durante cuatro años más. Las excavaciones se iniciaron recién en febrero de 2010. En solo dos años, Carrera y Pérez confirmaron sus sospechas gracias a la identificación de otros "compañeros desaparecidos", tal como ellas los nombraron.
Los restos de Antonio Molina, Sabino Rosales y otro joven no identificado vieron la luz luego de extensivos procedimientos, análisis e investigaciones de algunos cuerpos que se encuentran en el cuadro.
En junio del 2009, a propuesta del ministerio fiscal, se designó a la antropóloga Anahí Ginarte para realizar la investigación sobre las tumbas. Las excavaciones comenzaron en febrero de 2010, en la primera etapa. Luego, se realizó la segunda en junio del 2010, la tercera en abril de 2011, la cuarta en diciembre de 2011, la quinta en mayo de 2012 y la sexta en septiembre de 2012.
"Hasta ahora se han completado seis etapas, la ultima concluyó el viernes 5 de octubre. No estoy seguro si tienen previsto un número específico de etapas, porque se trabaja sobre la marcha. De todas formas, solo tenemos datos oficiales de las dos primeras", explicó Daniel Rodríguez, fiscal ad hoc en la causa.
Generalmente, apenas hay información nueva, se hace pública y se avisa a la prensa. "El grupo hace excavaciones y sacan los restos que llamen la atención, como gente joven o personas que hayan sufrido muertes violentas, se las llevan y remiten las conclusiones, al cotejarlas con el Banco Nacional de Datos Genéticos. De todas formas, si hay datos llamativos, nos avisan incluso antes de las conclusiones", indicó Rodríguez, sobre un proyecto que implica una investigación histórica sobre las desapariciones y el destino de los cuerpos, la exhumación arqueológica de las tumbas y en análisis de laboratorio de los cuerpos recuperados.
En la primera etapa, se encontraron dos esqueletos enterrados en la misma sepultura, con la misma fecha de fallecimiento, con heridas de arma de fuego. El análisis se cotejó con los datos de dos personas muertas en un supuesto enfrentamiento armado en diciembre del 76, un hombre llamado Antonio Molina y una persona no identificada, y hubo coincidencias.
“Hallaron los restos de Molina y de un NN, de quien se conoce el episodio por el cual fue ejecutado, una muerte violenta. Aparentemente, habrían desaparecido juntos. No se pudieron hacer los estudios genéticos de Molina porque no hay familiares vivos que lo permitan, pero se compararon los restos hallados con las autopsias de la época que realizó el Cuerpo Médico Forense de la Nación y coincidían”, describió Rodríguez.
En base a los resultados de la segunda etapa, los análisis que se llevaron a cabo en restos óseos de un esqueleto resultaron en la identificación de Osvaldo Sabino Rosales, un joven desaparecido el 16 de enero de 1977 muy buscado por su familia, considerado un hallazgo emblemático: "Fue lo más importante hasta ahora. En mayo de 2011 se entregaron los restos a sus familiares, a través de un acto oficiado por el juez Walter Bento", recordó el fiscal.
El trabajo consiste, de forma general, en excavar las fosas y determinar qué material es relevante para ser estudiado: principalmente restos óseos de personas jóvenes y que hayan sufrido una muerte violenta, explicó Vega.
El desorden del terreno y los "cuerpos de más"
Los fiscales confiesan que es frecuente encontrar más cuerpos de lo esperado y que los hallazgos no se condigan con los registros de la época. Las irregularidades se deben a los cambios en el terreno a través de los años, en un lugar que no recibe ningún tipo de mantenimiento por ser una zona judicializada.
"En una fosa puede haber dos víctimas de terrorismo de estado junto a un indigente. No había un sistema, era de acuerdo a la necesidad” confiesa Vega y agrega: “Lo que sí creo que hay que puntualizar es que estas excavaciones no abarcan la totalidad de desaparecidos en Mendoza, hay muchos de los que no sabemos nada”.
Pérez y Carrera aclaran que no están buscando a personas en particular, sino a cualquier víctima de la dictadura. "Estamos como voceras, somos querellantes en función del resto de los familiares", indican. "Primero, esperás que vuelvan a casa. Pero el tiempo pasa y en eso vamos aprendiendo que ya no es la búsqueda de tus familiares, es la búsqueda de tus compañeros, que no importa cómo se llamen pero que les tocó pasar por lo mismo".
Las mujeres tuvieron que forjar su propio aparato de conocimiento legal día a día, porque la opción de seguir sus vidas sin una respuesta no era viable. "Tuvimos que aprender qué era un habeas corpus, y sobre todo que sí importaba si no te lo contestaban", apuntó Carrera.
La complicidad de la justicia incluso en democracia
El fiscal Rodríguez recalcó que la deuda de la Justicia argentina es, más allá de las condenas, saber qué pasó con los desaparecidos y sus cuerpos, porque para la fiscalía todos fueron asesinados. “Nosotros estamos enjuiciando hoy a los magistrados cómplices que son con los que lidiaron los familiares a la vuelta de la democracia cuando buscaron justicia”, indica Rodríguez.
Con la llegada de la democracia, cambió el gobierno pero no la justicia. El aparato judicial siguió funcionando y no hubo dirigencia política enérgica para movilizar las causas de los familiares de desaparecidos. Tanto la fiscalía como las querellantes opinan lo mismo.
Rodríguez confesó que "a todas las causas les costó mucho, horrores, habían muchos obstáculos hasta hace muy poco tiempo. Para nosotros, es clara la complicidad del poder judicial como estructura durante la época de la dictadura. Muchas de esas personas son las que tramitaron estas causas durante el inicio de la democracia, y hoy están enjuiciados. Ahora, por suerte, las causas avanzan".
Con la finalización de cada etapa de búsqueda, las mujeres comentaron no sentirse ansiosas esperando los resultados. Carrera expresó que, directamente, ni piensa si va a encontrar o no a alguien en cada nueva búsqueda "porque es tan duro una cosa como la otra: que estén desaparecidos y encontrar sus restos".
Mendoza protagoniza de un tiempo a esta parte un histórico proceso judicial que pretende terminar con la impunidad de los actores que llevaron a cabo delitos de lesa humanidad.
La reconstrucción de los hechos de desapariciones y las condenas a los culpables son el eslabón que falta para, si no cerrar, al menos reivindicar la lucha de quienes fueron víctimas fatales del terror, del genocidio y la injusticia. Sin embargo, el hecho de que los familiares reciban los restos de los jóvenes asesinados por la dictadura permite concluir -o, para muchos, comenzar- un duelo que, ya lleva más de 30 años.
MDZ, 16 – 11 – 12
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