El derecho a un educador con salario digno

Évelin Torre

Se avecina el comienzo de clases y, como todos los años, comienzan las pujas salariales entre los gremios docentes y los gobiernos provinciales. Y paralelamente con esta contienda, se escuchan las voces de padres indignados que tachan a los maestros de vagos, haciendo eco de las críticas que reciben los maestros por parte de nuestros políticos.

Lo cierto es que los funcionarios plantean la cuestión como una contienda entre dos derechos antagónicos: el derecho de nuestros niños a la educación y el derecho de los maestros a un salario digno. Y es lógico que en una sociedad individualista como en la que vivimos, que ha sufrido las peores consecuencias del capitalismo salvaje, los padres defiendan el derecho de sus hijos, sin importarle cuál es la realidad del docente que lo va a acompañar en el aula a diario. Si ese docente no llega a fin de mes, no es problema suyo.

¿Pero realmente existe ese enfrentamiento? ¿Son derechos independientes entre sí? ¿Puede brindarse una educación de calidad, cuando los docentes reciben salarios que a duras penas pueden cubrir sus necesidades más básicas?

El derecho a la educación está consagrado en una amplia red de tratados internacionales, y todos estos distintos marcos jurídicos afirman que el derecho a la educación solo se cumple cuando esa es universal, obligatoria y gratuita. Además, la obligación del estado de respetar, proteger y cumplir este derecho debe responder a cuatro dimensiones interrelacionadas: la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y adaptabilidad de la educación [1].
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Así, el derecho a la educación se cumple si la educación es disponible en el sentido de que haya instituciones y programas de enseñanza en cantidad suficiente y en condiciones necesarias; accesible en el sentido de que la educación esté accesible geográfica y económicamente a todos y todas, sin discriminación; aceptable en el sentido de que la educación debe contar con estándares mínimos para maestros y maestras, los estudiantes, las facilidades escolares, el currículum, las relaciones entre los sujetos de la comunidad escolar y la gestión de la escuela; y adaptable en el sentido de que la educación debe tener la flexibilidad capaz de responder a las necesidades de los estudiantes, en sus distintos contextos sociales y culturales.

De manera que no garantizarle a los docentes su derecho a un salario digno, también importa una violación al derecho a la educación en distintos aspectos, pues la calidad educativa necesariamente se verá afectada cuando los docentes no logran satisfacer sus necesidades más básicas con el sueldo que reciben. Los maestros ante todo son seres humanos, y difícilmente puedan olvidarse de sus problemas económicos cuando dictan clase.

Además, si el sueldo no es aceptable, no logran cubrirse los cargos en las zonas alejadas, afectando directamente el derecho de los niños a recibir una educación de calidad.

Por otro lado, y con respecto al contenido del derecho a la educación, el Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, prescribió que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Prescribió, además, que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad.

¿Cómo puede cumplirse este objetivo cuando los chicos están viendo que desde el gobierno se vulneran los derechos fundamentales de su educador? ¿Por qué se intenta cohibir toda manifestación de lucha por parte de los maestros y trabajadores en general? ¿Acaso el maestro que lucha no educa?

Lo cierto es que una educación basada en el pleno respeto por los derechos humanos implica, necesariamente, inculcar los valores de solidaridad y compromiso social, valores que no solo deben conocer los chicos sino también los grandes, especialmente aquellos padres que se desinteresan de las necesidades que sufren de los maestros de sus hijos, tachándolos de “vagos” cuando exigen lo que les corresponde.

[1] La idea fue planteada por Katarina Tomasevski, relatora especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la educación entre 1998 y 2004, y adoptada por el Comité de derechos económicos, sociales y culturales en su Comentario general N° 13 en el año 1999.

La Quinta Pata