Juicios: la democratización aquí comenzó antes

Ramón Ábalo

No tanto, pero algunas avanzadas, comprobamos ahora, están a tono con las exigencias de democratización que proclamó la presidenta en su discurso ante el congreso en la víspera. Y lo que exigió es un resumen de lo que hay que limpiar y la urgencia de que se concrete para desterrar las malas hierbas acumuladas en 150 años de existencia de la suprema corte de justicia, emblema de lo pérfido que es esa justicia que se quiere regenerar, tal como lo expresó Cristina: "Yo quiero en serio una justicia democrática, no corporativa, no dependiente de los factores económicos", y marcó los ejes de la reforma que exige, tomando lo que es conciencia en gran parte del pueblo, y puso como punto de partida una modificación del consejo de la magistratura, organismo que elige y sanciona a los jueces, por lo que es imprescindible que la totalidad de sus integrantes "sean elegidos por el pueblo" y que entre ellos pueda haber ciudadanos que no sean abogados o juristas, sino académicos o científicos, o de cualquier otro ámbito. Afirmó que se crearán más cámaras de casación, como tercera instancia de un fuero donde no existe un plan de descomprimir a la corte suprema para que ella se enfoque en cuestiones de constitucionalidad. La lista también incluye el ingreso por concurso al sistema judicial que permita su monitoreo y una ley que reglamente y limite las medidas cautelares, responsabilizando a la corte por dos cuestiones que el propio tribunal podría revertir: el ocultamiento de las declaraciones juradas de los jueces y la eximición del pago de impuesto a las ganancias.

El combo es muy vasto y de ser aprobado íntegramente, generará, sin dudas, un sacudón de raíz en el aparato judicial. "Acá se echaron gobernadores, se encarcelaron presidentes y se cerró este parlamento, pero la justicia nunca fue tocada". Esa frase reseña la esencia de clase y la impunidad que durante 150 años fue su razón de ser y que se refleja para abajo y todos los costados del estamento judicial.

Pero hace unos cuantos años que, gracias a los organismos de derechos humanos, por ejemplo, de Mendoza, levantando bien alto la bandera de verdad y justicia se logró el desplazamiento de la corporación instalada al interior de la justicia federal en esta provincia, y la mayoría de ella, está comprobado, que ha actuado a favor de las torturas y los torturadores, de los asesinatos y los asesinos y de los secuestros y los secuestradores-desaparecedores de personas.
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Y por ello el juez Walter Bento, el juez instructor de las causas que se juzgan en esta jurisdicción de la justicia federal, determinó que los ex-jueces Luis Miret, Guillermo Petra Recabarren, Evaristo Carrizo y Gabriel Guzzo, todos imputados por garantizar la impunidad de los responsables de haber cometido delitos de lesa humanidad comparezcan ante el tribunal oral y público No. 1 para ser juzgados. La fecha de los debates será fijada en los próximos días. Quedan pendientes de resolución la causa del ex juez Otilio Romano, que está huido en Chile, como también del ex-camarista Eduardo Mestre Brizuela, cuestionado en la causa de la primera nieta recuperada en Mendoza, Celina Manrique Terrera. En las demás jurisdicciones del país, con mínima excepción, no se ha tocado a la llamada justicia y al momento de condenar, los fallos contienen la evidencia de la lenidad y complicidad de los jueces, camaristas y fiscales con el sistema de profunda corrupción e impunidad, propia del capitalismo.

Tal vez las acciones y movilizaciones más fuertes para lograr lo que ahora se pide como democratización de la justicia, se desarrollaron en esta provincia desde los primeros momentos del terrorismo de estado que se instaló, incluso, mucho antes de la fecha clásica del 24 de marzo de 1976. Así, los dos o tres organismos de derechos humanos, como la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que antes de esa fecha ya organizaba a las víctimas y sus familiares. Al momento del 24, ya se tenía la información de las persecuciones, las detenciones y las desapariciones, como asimismo se tenía la percepción de que lo peor aún no llegaba, por eso, por ejemplo, la Liga, filial Mendoza, con la presidencia de Marta Rosa Agüero, hace pública la actividad y abre un local en un complejo de oficinas en la calle Urquiza, a metros de la avenida San Martín. Ya tienen presencia la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y el Movimiento Ecuménico, como también los familiares empiezan conformar su orgánica con la colaboración de la Liga, y en su local. Allí se conforma posteriormente la Comisión de Familiares de Presos y Desaparecidos por Razones Políticas. No importaban los riesgos de vida que ello conllevaba.

Lo primero que se hacía era presentar los respectivos habeas corpus y el pedido de audiencias a los jueces en los estrados federales como también de la provincia. No obstante el ahínco que poníamos, y la esperanza, ya percibíamos que los estrados a los que acudíamos por justicia, esto era, como concepto, un escenario donde el drama que nos acompañaba naufragaba en negación y menosprecio.

Y así fue todo en esos años negros. Y también inmediatamente después de recuperada la democracia. Acudimos a la suprema corte provincial y al ministerio de gobierno, planteando la necesaria purga en la justicia provincial. Afirmábamos que el 100% de los magistrados locales habían jurado por las llamadas actas de la dictadura en flagrante contradicción con su identidad de hombres de derecho. Hubo una sola excepción, la del juez Patricio Buteler, quien de inmediato fue jubilado. Pedíamos que se los declarara en comisión y la exigencia de que cada uno justificara tanta falacia. No hubo respuesta. Hace unos cinco años atrás pude hacer un relevamiento de los jueces en actividad y comprobé que el 70% provenía de la época nefasta...y de antes. Pretendí hacer lo mismo en el juzgado federal, y se me negó facilitarme el listado, pero lo que quedó en evidencia después, ya lo expresaba años antes en nuestro libro el Terrorismo de Estado en Mendoza (1a. edición, 1997), como asimismo señalaba a la totalidad de los responsables, aquí en esta provincia, del terrorismo de Estado, mucho más de cientos de genocidas, algunos de ellos están siendo juzgados recién desde hace tres años a la fecha.

Recuerdo, en cuanto a lo que promueve la presidenta, que en la década del ‘50 del siglo pasado, se destacaba como defensor de los militantes sociales, muy maltratados por el aparato represivo estatal, el abogado y presidente de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Fuad Toum, había iniciado una campaña para que los jueces sea nominados por medio del voto popular. Claro, era una utopía que se enmarcaba en la lucha por cambiar el sistema político, económico, social e ideológico. Socialismo por capitalismo. Y pese a las persecuciones, paulatinamente la Argentina viene profundizando los cambios de la estructuras del estado, aún dentro de ese mismo marco del estado burgués. Es que, además, el poder hegemónico tiene incorporado, aquí en este país, lo que los empresarios de la década del ‘40, escucharon de Perón, antes de las elecciones del ‘46, cuando lo creían comunista: " Yo vengo a parar al comunismo, pero para ello tenemos que dar algo para que no nos quiten todo". Es lo que ahora les reitera Cristina: "...cambien, porque si no...".

La Quinta Pata