Genocida prófugo cuesta $100.000 más

Agustín Sur

En la decisión final de los juicios, que por lesa humanidad se realizan en todo el país, no aparece ninguna precisión de que los condenados deban también devolver lo robado a las víctimas, sea esto dinero, joyas o propiedades inmuebles. Imperfecciones de la justicia, como también lo son las cárceles VIP, o el cumplimiento de condenas en sedes domiciliarias. Ya que los costos de los procesos aumentan cuando alguno de los condenados se fuga.

En efecto, el ministerio de justicia de la nación ofrece una recompensa de $ 100.000 (cien mil pesos) para quiénes brinden información sobre el paradero del suboficial (re) del ejército Walter Tomás Eichhorn. Este genocida está involucrado en una causa que investiga el juzgado federal 1 de Mendoza, y como tiene la certeza de ser condenado como consecuencia de las pruebas que en contra de su persona se han presentado, se ha fugado. Pero no escapará a la justicia. Ya está sentenciado.

Cómplices secundarios
El juez federal de Jujuy Luis Poviña, procesó a dos ex-directivos de la compañía minera El Aguilar S.A., Alfredo Luis Arzuaga y Telésforo Zurita, por "prestar colaboración" para el secuestro de 27 trabajadores de esa empresa el 24 de marzo del 76. Poviña consideró que los imputados son cómplices secundarios “del secuestro de los trabajadores” por haber intervenido en carácter de directivos o personal jerárquico en los delitos de privación ilegítima de libertad agravada por su duración mayor a un mes, y torturas cometidas en perjuicio de las víctimas. También prestaron colaboración para el traslado de las víctimas, delito que fue perpetrado por personal de las fuerzas de seguridad y del ejército, y haber facilitado los datos personales para posibilitar las capturas y de proveer los vehículos en que se trasladó a los trabajadores, los que en su mayoría figuran como desaparecidos.

Reclamo en el caso de monseñor Angelelli
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Los querellantes en la causa en que se investiga el asesinato del obispo Enrique Angelelli reclamaron que no se demore el comienzo del proceso oral y público. Lo hicieron teniendo en cuenta que varios imputados y testigos fallecidos fueron apartados de la causa por problemas de salud "lo que dejó en la impunidad la autoría criminal de estos militares". Vale recordar que en diciembre fue la propia justicia federal de La Rioja que anunció que el inicio del juicio iba a ser en marzo, pero hasta hoy se desconoce una fecha cierta y próxima para comenzar el juicio.

España y la dictadura
En nombre de los organismos de derechos humanos de nuestro país, Estela de Carlotto recibió de Baltasar Garzón los archivos, que hasta ahora la embajada española se había negado a dar, donde constan distintas denuncias, pedidos de ayuda y de refugio que se realizaron en los consulados de ese país durante la dictadura. Se trata de 607 carpetas correspondientes a idéntico número de casos de personas que pidieron auxilio a la embajada y consulados españoles. Los archivos, a partir de su entrega, fueron depositadas en el archivo nacional de la memoria. Ellos van a permitir una aproximación a distintos casos en los que intervino la delegación diplomática española. Al respecto, Garzón recordó que España se negó a entregar estos documentos pese a que hubo varias órdenes judiciales que intimaban a hacerlo. "Es difícil, como español, asumir que durante tantos años esta documentación ha estado en la embajada española y nadie con responsabilidad política se haya ocupado en saber qué había sido de estos 607 ciudadanos españoles", afirmó Garzón.

La Quinta Pata