Juicios: en septiembre otra tanda en la picota

Ramón Ábalo

Estábamos siendo medio pesimistas en torno a que se reinicien en esta jurisdicción de la justicia federal, antes del fin del año corriente los juicios contra los genocidas del ‘76, y de antes también, como asimismo de sus cómplices civiles tales los casos de los ex-jueces Miret, Romano, y otros más. De ninguna forma los organismos humanitarios, celosos y firmes militantes de que no haya nada que interrumpa lo que tanto ha costado, como lo es la concreción mediante los juicios de memoria, verdad y justicia, que desde nuestra inquietud se vislumbrara una crítica a la judicatura responsable, o sea jueces, fiscales, fiscales oficiales, miembros del tribunal, los que sin excepción, son expresión de una conciencia jurídica en la que impera la concepción de que la aplicación de la ley debe ser para que nunca más, es decir que nunca más la Argentina, Latinoamérica, el mundo todo, sean territorios de genocidios por fuerzas oscurantistas que hacen culto de la discriminación, del color de la piel, del poder económico hegemónico, que es poder mal habido, como lo es el capitalismo.

Una de las causas es la de Roberto Vélez, ex preso político, contra Enrique Gómez Saá, quien fuera el segundo jefe de inteligencia del III Cuerpo de Ejército. Vélez lo acusa de su privación abusiva de libertad y de torturarlo. Este genocida aún anda suelto pese a que desde los organismos se lo tiene como tal desde siempre. Este cuarto juicio a iniciarse, que sería a partir del próximo 11 de septiembre, como se ha anunciado en el ámbito del juzgado federal, incluirá a decenas de causas más, decenas de incriminados y también decenas de testigos. Según también lo trascendido, es posible que se incluya la causa de Otilio Romano una vez que se logre su extradición de Chile, donde pretendió obtener asilo político que la justicia del país trasandino le ha rechazado firmemente por lo que no escapará a la justicia de nuestro país.

Un prófugo menos
Más de uno, como Otilio Romano, pusieron distancia de la justicia para eludir las penas que les corresponde por haberse comprobado que formaban parte de los genocidas del ‘76. Uno de esos ha sido Miguel Colicigno, un ex comisario de la bonaerense que estaba prófugo desde octubre del 2011. Fue detenido durante un allanamiento realizado al domicilio de un familiar en la ciudad de La Plata y fue trasladado a la cárcel de Marcos Paz.

Durante 1976, Colicigno fue jefe del centro clandestino de detención y tortura conocido como Protobanco o Cuatrerismo, que funcionó en el Camino de Cintura y Autopista Riccheri, de la Matanza. El juez federal Daniel Rafecas, quien está a cargo de la investigación, le imputó a Colicigno, entre otros delitos, la tortura y posterior muerte de Jorge Marcelo Scelso, y la responsabilidad por el asesinato de Ricardo Vázquez quien, luego de ser sometido a brutales torturas, murió en una celda del centro clandestino.

Un ex-coronel detenido
▼ Leer todo

El ex coronel Antonio Cunha Ferré, que fuera responsable del centro clandestino conocido como Sheraton -una ironía referida a los famosos hoteles yanquis- fue detenido en la ciudad de Rosario. Allí estuvo en cautiverio el escritor Héctor Oesterheld, pero también decenas de víctimas. Antes en esa área, había actuado como jefe el entonces teniente coronel, Hugo Ildebrando Pascarelli, quien ya fue condenado por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino Vesubio.

Banco de datos tiene nueva sede
El banco nacional de datos genéticos, organismo que tiene como misión identificar a los hijos desaparecidos se trasladará desde el hospital Durand, donde funciona desde 1987, a un nuevo edificio de tres pisos donde funciona el ministerio de ciencia y tecnología, en el microcentro porteño.

Los objetivos del banco son garantizar la obtención, almacenamiento y análisis de la información genética para el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad, tanto de hijos de desaparecidos como de restos de víctimas de la represión. Vale señalar, que aquí en Mendoza el ente realiza una tarea en el mismo sentido, especialmente en el llamado cuadro 33, del cementerio de la capital. Los resultados de esta investigación se conocerán a la brevedad.
También cabe resaltar que por gestión de los organismos humanitarios se va a canalizar, con sectores del estado provincial y nacional, que se ofrezca públicamente una recompensa en dinero para quienes puedan dar referencias concretas de lugares de enterramientos. Es que, como dijo ante el tribunal oral y público de aquí Elba Morales, dirigente del MEDH, los "desaparecidos, algo más de 300, no han sido fantasmas... sus restos deben estar en alguna parte, seguramente, en el territorio provincial…".

La Quinta Pata