Juicios: fugas y jueces y militares cómplices

Ramón Ábalo

Tras el juicios histórico a genocidas en la justicia federal de San Juan, se produjo el último jueves, la fuga de dos de los condenados por el delito de lesa humanidad. De los siete condenados hace unos 20 días, dos son los evadidos: Antonio Olivera, condenado a perpetua y Gustavo De Marchi a 25 años de prisión. Este había sido jefe de la compañía comando e integrante del aparato represivo, mientras que Olivera había sido jefe de inteligencia del regimiento 22 de artillería de montaña.

De acuerdo a las primeras investigaciones la fuga se realizó desde el hospital militar central "Cosme Argerich", en la Capital Federal. Ellos habían sido trasladados desde San Juan al penal de Marcos Paz, Córdoba, a unos 1.000 kms. de la provincia andina donde se les hizo el juicio "para hacerse estudios" por cuestiones de salud. Para ese objetivo, el destino siguiente fue el hospital militar central, lo que ya se tiene como un primer indicio de que se desarrollaba una trama armada para facilitar las fugas. Una trama con actores de lo que son retazos de las corpos judiciales y militares que campean aún en función de facilitar la impunidad de los represores condenados. Otro indicio: habían pedido el traslado para ser atendidos por cuestiones psiquiátricas, dermatologías y kinesiologías. Una mezcla de psiquis y estética anatómica. Aún detrás de las rejas con buena presencia.

De inmediato, Agustín Rossi, ministro de defensa de la nación decidió separar a la cúpula que tiene la conducción de dicho hospital, o sea al general Marcelo Carlos Gutiérrez, los coroneles Eduardo Jacinto Alemanzor y Pedro Osores, este director del nosocomio; y el suboficial mayor Osvaldo Oscar Suárez. También prohibió el alojamiento y la atención ambulatoria en hospitales militares de quienes se encuentran con prisión preventiva o están condenados.
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En la mira están la esposa de De Marchi, que cumple funciones en el hospital militar central, y el juez federal del juzgado No. 2 de San Juan, Miguel Ángel Gálvez, quien dio el visto bueno para que se realizara el traslado de los condenados. En el análisis superficial que se realizó en el primer momento, para nada se justifica que el itinerario a cumplir por los "enfermos" fuera de casi mil kilómetros, y menos por los supuestos males que estaban sufriendo para que el itinerario terminara en el nosocomio central de los militares.

El fiscal general de Mendoza, Dante Vega, que ejerce su tarea como fiscal de estado en los juicios que se llevan a cabo en esta jurisdicción de la justicia federal, afirmó que no les va a ser fácil mantenerse evadidos. El juzgado a su cargo se encargó de pedir la captura y que también se investigue al personal del hospital, como lo ha instruido ya el ministerio de defensa de la nación. Ese mismo organismo ha ofrecido públicamente una recompensa de dos millones de pesos a quien o quienes den datos concretos y verosímiles que permitan la captura de los prófugos.

Tal como lo afirma Vega, no les va a resultar fácil mantenerse en fuga. Lo reiteramos: lo que queda de las corporaciones, o sea de la justicia y la militar, son apenas retazos de lo que fue. No obstante, hay que borrar de una vez por todas lo que queda, o sea lo que se presta a que todavía la impunidad sea una realidad enquistada en las complicidades.

La Quinta Pata