Ramón Ábalo
En el banquillo de los acusados por delitos de lesa humanidad que se llevan a cabo en la jurisdicción de Mendoza de la Justicia Federal, en una mega causa que comenzó hace tres semanas, se sientan uniformados y jueces acusados de delitos de lesa humanidad. Y puede que también les toque a otros civiles, especialmente empresarios, como está ya ocurriendo en otras provincias, especialmente en Capital Federal, Jujuy y provincia de Buenos Aires.
Ello será posible si se concreta un proyecto de ley que impulsará La Liga Argentina por los Derechos del Hombre, filial Mendoza, y otros organismos humanitarios locales en la Legislatura, teniendo en cuenta algunas señales en ese sentido y que tienen origen en investigaciones de vieja data de dichos organismos, especialmente en el libro El Terrorismo de Estado en Mendoza, con pie de dicha organización y también de la Comisión de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Mendoza.
Dicho proyecto seguirá los pasos de uno similar que se acaba de presentar en la provincia de Río Negro por el que se trata de investigar a los actores económicos que “promovieron y/o facilitaron delitos de lesa humanidad, o que apoyaron la ejecución del plan criminal". Es una iniciativa del legislador Pedro Pesatti del FpV a partir de las correspondientes investigaciones del libro "Cuentas Pendientes" de Horacio Verbitsky y Juan Pablo Bohoslavsky. Se creará, según el proyecto, una comisión investigadora por la Verdad y la Justicia, la que funcionaría con amplias facultades para las etapas de investigación. El legislador expresa que "nuestra máxima aspiración es que la investigación tenga incidencia luego en la justicia, pero aún si eso no fuera posible es importante que la gente conozca cuál fue el comportamiento de los actores económicos durante la dictadura.
En los procesos por los crímenes de la dictadura, que ya tienen más 500 condenados, "han quedado fuera del radar -no se ha investigado todavía- a las personas, instituciones y empresas que suministraron bienes y servicios al terrorismo de Estado, o que obtuvieron beneficios a cambio de apoyar la ejecución del plan criminal. "Son sectores civiles y económicos y de peso integrados en el juego democrático, mientras sus vínculos con la dictadura son en gran medida desconocidos. EN ESTOS CASOS LOS COMPLICES FUERON LOS MILITARES. Agregamos que también hay un proyecto similar promovido por el legislador nacional Recalde para que se trate en el Congreso Nacional una investigación similar.
En el libro El Terrorismo de Estado en Mendoza se expresa en una parte que "antes de la fecha fatídica en una reunión de empresarios realizado en la Capital Federal, representantes de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM) y de la Cámara de Comercio de San Rafael, proponían "no pagar impuestos, hacer retenciones... ya que ESTAMOS EN MEDIA GUERRA con el gobierno y también con algunos dirigentes de la CGT HAGAMOS LA GUERRA ENTERA, hagamos algo, pero esto tiene que terminarse.." y se dirigían a las FFAA "para que vean que hay fuerzas infiltradas y ocultar que nos llevan a algo planificado contra la República y esas fuerzas están también solapadas en alto nivel..." En ese entonces el presidente de la UCIM era el empresario Jorge Aregali Álvarez, y presidía la Cámara de San Rafael, Mateo Martínez Smidt.
Y mayores elementos se van a acompañar con el proyecto que tienen que ver con sectores del derecho -abogados-, médicos, universitarios, políticos, gremiales.
MEMORIA ES RESCOLDO DEL PRESENTES Y CHISPA QUE
INCENDIARA LA PRADERA
INCENDIARA LA PRADERA
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