En una audiencia incidental se trató el pedido de prisión domiciliaria solicitada por la defensa de Otilio Ireneo Roque Romano. Fueron citados a comparecer ante las partes, el director del Servicio Penitenciario; el Procurador de las personas privadas de la libertad de la Provincia; así como el perito forense de la Corte Suprema de Justicia, cuyo informe fue la base de la insistencia en el pedido de domiciliaria del ex Magistrado. Los Organismos de DDHH temen que se fugue, nuevamente, para no ser sentenciado por su complicidad con la Dictadura.
Los miembros del Tribunal presentes en esta audiencia fueron el Presidente, Dr. Alejandro Piña y los jueces Raúl Forcade y Héctor Cortez. Por la Fiscalía, el Dr. Dante Vega y Daniel Rodríguez Infante; por la querella permaneció Carlos Varela, quien preguntaba por medio de la Fiscalía. En cuanto a la Defensa, asistió el abogado particular de Romano, Ariel Civit y, además Pérez Videla, por el Ministerio Público.
En un tramo de la audiencia el Fiscal Dante Vega hizo pública su molestia porque no había conseguido acceder al expediente por el que Romano solicitaba prisión domiciliaria, situación desventajosa frente a la defensa del acusado que hacía preguntas en consonancia con su contenido.
La inquietud de los Organismos
El temor de que las enfermedades de Otilio Romano sean una argucia para evadir la prisión y nuevamente se profugue, sobrevuelan el sentir de los organismos de Derechos Humanos de la provincia de Mendoza.
Son muchos los antecedentes del reo Romano para evadir la Justicia. A fines del 2009, victimas y organismos de derechos humanos denunciaron ante el Consejo de la Magistratura a Otilio Romano por no haber investigado delitos de lesa humanidad cometidos entre 1975 y 1983. Por entonces la Cámara de Apelaciones tenía como hombre fuerte al ex juez, y su presencia era un factor determinante para que no se concretaran Juicios por Delitos de Lesa Humanidad en la provincia. Al planteo de los organismos se sumó el ministro de Gobierno en 2010, Mario Adaro, quien realizó la misma denuncia con el fin de que se los destituyera de sus cargos; desde ese momento, Romano utilizó todo tipo de artimañas para no someterse al Consejo de la Magistratura.
En abril de 2010 el fiscal de delitos de lesa humanidad, Omar Palermo, llevó adelante la investigación y presentó una denuncia penal acusándolo de partícipe primario en 103 delitos de lesa humanidad; cuatro meses después el juez Walter Bento lo imputó junto a juez Miret, también camarista. Ante la factibilidad de que el Consejo de la Magistratura lo suspendiera, Romano huyó el 25 de agosto de 2011 a Chile, un día antes que se tomara la decisión. Allí, pidió refugio en condición de perseguido político. Días después, al no presentarse a una citación de juez Bento, éste lo declaró prófugo y gestionó su captura internacional. Una vez formalmente destituido enfrentó el rechazo a su pedido de asilo político, fue capturado y extraditado, llego a Mendoza en septiembre de año pasado. Desde ese momento, ya sin fueros, quedó a disposición de la Justicia.
En síntesis, Romano urdió para evitar el jury, eludió el fallo del Consejo de la Magistratura huyendo a Chile, quedó prófugo por negarse al proceso judicial, intentó el asilo político; todos antecedentes que siembra un manto de dudas sobre la futura conducta de Romano si consigue irse a la casa. Ni la hipertensión, ni la diabetes, le impidieron alejarse del país y perderse en la playas de Reñaca, Chile, apenas un año atrás.
A través de las preguntas de fiscales y defensores, el Director del Servicio Penitenciario Enrique Orellana, dio cuenta de las condiciones de detención en el Pabellón 6 A del Complejo San Felipe, donde se encuentra alojado Otilio Romano. Se trata de un módulo para 60 personas, ocupado por 56 internos la mayoría acusados por Delitos de Lesa Humanidad, a los que se suman policías que cometieron ilícitos de otra índole. Las celdas son para tres, con camastros y colchón, un baño al fondo con agua fría y caliente. Disponen de 6 heladeras, algunos televisores y teléfono público.
Un dato relevante es que cuentan con un régimen de puertas abiertas, debido a la buena convivencia de esa población, lo que les permite desplazarse con libertad dentro del pabellón. En cuanto a la atención médica puntualizó que disponen de un Equipo de Intervención Interhospitalaria compuesto por 20 personas. San Felipe cuenta con un jefe Médico y un profesional de guardia las 24 horas.
Orellana no pudo ofrecer precisiones, por no ser médico, sobre si lo existente era adecuado para este caso. Recordó, sin embargo, que Romano sufrió un pico de presión la semana pasada y el sistema funcionó, porque fue trasladado al Hospital Central para su atención y permaneció internado hasta su alta. En síntesis, el Director del Servicio Penitenciario evaluó la condición general del pabellón 6 A como de regular a buena.
Fabricio Imparado es el Procurador de las Personas Privadas de la Libertad con competencia sobre los detenidos por causas provinciales, ya que para la región están designados Carlos Duch y Mauricio Ledone como procuradores de la Nación.
Inparado relató que en febrero del presente año, los tres funcionarios inspeccionaron el Modulo 6A y elaboraron un informe. La resultante fue un escrito de similar tenor al ofrecido por el Director Orellana.
Por otro lado, el Procurador dio a conocer una solicitud de la ONG “Diálogo, Justicia y Futuro” que encabeza Sergio Miranda, hijo del Ex Com. Ricardo Miranda, jefe del D2 en 1977, ya condenado en anterior juicio.
Imparado compartió en esta audiencia lo puntos planteados por la ONG y reiteró que algunos de ellos se estaban cumpliendo, como el ingreso de médicos particulares y dietas alimentarias especiales, así como la práctica de actividad física. Ratificó, asimismo, el régimen de puertas abiertas en el pabellón y las buenas condiciones de habitabilidad, que atribuyo al nivel socio-económico de los internos.
El médico generalista Florencio Casavilla, especialista en ginecología, es el perito forense de la Corte Suprema de Justicia que informó que el penal de San Felipe no reúne las condiciones adecuadas para alojar Romano. En esta aseveración se montó la defensa para solicitar la prisión domiciliaria.
El perito se presentó en la penitenciaría el 14 de agosto último para revisar a Romano y otros cinco internos. En la ocasión debió atravesar un sinnúmero de dificultades por la falta de colaboración del personal penitenciario, experiencia que sin dudas lo predispuso a la hora de evaluar las condiciones generales del penal.
El médico, con buen manejo de la retórica respondió ampliamente a las múltiples preguntas. Las del defensor Civit, sobre pronósticos y complicaciones, apuntaban a la idea de un Romano en grave riesgo de salud, apreciaciones que los abogados difícilmente puedan estimar por falta de conocimientos en esta materia.
Por lo dicho se pudo saber que el ex juez sufre de hipertensión, diabetes y “polistemia vera”, la sumatoria de dolencias requeriría controles, una dieta adecuada y el seguimiento de médicos especialistas: hematólogo, cardiólogo y diabetólogo. Al cierre, el fiscal ad hoc Daniel Rodríguez Infante, muy oportuno preguntó si Romano podría permanecer detenido si se le ofrecieran las condiciones sanitarias prescriptas por el perito. Casavilla fue contundente al responder “sí, bien controlado”, podría continuar detenido.
El tribunal tiene la tremenda responsabilidad de decidir si otorga o no la prisión domiciliaria a Otilio Romano. Detrás hacen fila otros procesados: el ex Comisario Armando Guevara y dos miembros de la patota del D2, Pablo Gutiérrez y Francisco López. Éste último se mantuvo prófugo hasta que fue detenido poco tiempo atrás. Los tres policías, cuya representación la ejerce el defensor oficial, también pidieron prisión domiciliaria pendiente de resolución.
Cabe recordar que Mendoza tiene el record nacional en prófugos por delitos de Lesa Humanidad que evidencia un círculo de complicidades difícil de desentrañar; de modo que la inquietud de los familiares, victimas y organismos de DDHH pasa por el temor a ser, nuevamente, burlados por un Romano que ya dio muestras de gran influencia para no someterse a la Justicia. Antecedentes que se espera que el Tribunal tome en cuenta los próximos días, a la hora de resolver su situación.
Fuente: http://juiciosmendoza.wordpress.com/
