El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Mendoza rechazó por unanimidad el pedido de prisión domiciliaria presentado por Otilio Romano, por lo que el ex juez federal continuará detenido en el Penal de San Felipe, a la espera de la sentencia que se pronuncie respecto del centenar de delitos cometidos durante la última dictadura militar, por los que se lo acusa.
La resolución, firmada por los jueces Juan Antonio González Macías, Alejandro Waldo Piña y Raúl Alberto Fourcade, admite que Romano tiene edad para acceder al beneficio, pero que este no es el único requisito que debe suplirse para ello.
En ese sentido, el escrito de 36 hojas, señala que Romano “se encuentra gozando de un estado de salud si bien complejo, compensado; y por el otro, que los padecimientos que le aquejan, no son de grado tal que requieran internación hospitalaria, y pueden ser y han sido controlados, y el interno ha sido asistido desde el Complejo Penitenciario”. Agrega que “no se advierte que el encarcelamiento esté produciendo alguna de las consecuencias que la ley pretende evitar; por lo tanto, no se encuentran razones que justifiquen la concesión de este beneficio excepcional”.
Igualmente, el fallo explica que los informes elaborados por los médicos dan cuenta de que Romano necesita de controles mensuales en varias especialidades por lo que exhorta al ministerio de Gobierno a que se dé “estricto cumplimiento con los controles médicos periódicos”, como así también a los directivos de San Felipe a disponer todo para que realicen los controles que Romano necesite y que han sido indicados por el Cuerpo Médico Forense. Por último, también señala que se debe autorizar el ingreso de cualquier médico particular que requiera el ex magistrado.
Además, los magistrados aclaran que en la decisión tuvieron que ver los antecedentes de Romano, pues “no puede soslayarse que Romano fue extraditado desde la República de Chile a la Argentina; esta situación, objetivamente, demuestra el grado de riesgo procesal”.
Romano fue imputado en agosto de 2010 por más de cien delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar bajo su desempeño como fiscal y como juez subrogante.
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