Los dramáticos hechos ocurridos últimamente en Mendoza han provocado un remezón en las filas gubernamentales y también en gran parte de esta comunidad, especialmente en la clase media.
El gobernador Jaque, quien lanzó en épocas de elecciones que el tema de seguridad lo arreglaría en corto plazo, ante la realidad actual convocó al “Pacto Social". Esto fue la semana pasada, pero omitió en esa reunión a los organismos de derechos humanos y también a los funcionarios del área, que dependen del Ministerio de Seguridad.
De inmediato se supo que los abogados, Diego Lavado, subsecretario de dicho Ministerio, y Alfredo Guevara, a cargo de la Dirección de Derechos Humanos, habían renunciado. Dichos funcionarios se fueron totalmente enojados y expresaron " que no habían sido consultados para nada sobre el contenido de la convocatoria", ya que siendo parte del Ministerio y sobre todo del área, correspondía hacerlo.
Conocido el mensaje, expresaron su total desacuerdo con algunos conceptos, entre ellos el que manifestaba que estaban en plena guerra, según los abogados un mensaje bélico, y por lo tanto peligroso.
Otro abogado que perteneció al área, Pablo Salinas, se fue hace unos meses atrás por su actitud pública de repudio al que entonces era ministro de seguridad, Carlos Aguinaga, de rancia estirpe conservadora y quien había designado genocidas en dicha cartera como Carlos Rico, entre otros.
Como consecuencia de lo ocurrido, se está dando un profundo debate al interior de los organismos de derechos humanos ya que se produjo un cambio profundo en la orientación política por parte del gobierno, en total contradicción con el tradicional posicionamiento en cuestión seguridad.
Con la renuncia de Lavado, Guevara y anteriormente Salinas, no se afirma el gobierno sino en todo caso se expresa tal como es en lo político y en lo ideológico.
Esta posición se dará a conocer en un documento y al mismo tiempo se siguen discutiendo y analizando los juicios a los genocidas, que están actualmente paralizados en el Juzgado Federal de Mendoza.
El punto más conflictivo es aquel por el cual el gobierno provincial se ha hecho parte querellante.
Ante este giro, se teme una presencia decisiva e inconveniente en los procesos a los que se les ha perdido toda la confianza. "Si el gobierno sigue siendo querellante en una de esas manda a tomar la posta a Aguinaga", decía muy afligido, un familiar de uno de los tantos juicios que esperan justicia.
Redacción La Quinta Pata, 08 – 09 – 08
lunes, 8 de septiembre de 2008
Mendoza-Sep2008
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