Mientras se congeló el despido de 350 trabajadores en Easy en todo el país y peligran 600 puestos en la empresa Renault, desde el ministerio de Trabajo de la Nación impulsan un mecanismo denominado "procedimiento de crisis". Cómo funciona esta herramienta legal. Ayer el ministro Tomada se reunió con empresarios para analizar la situación.
La situación de crisis global está anticipando sus consecuencias en la Argentina. La semana anterior la intervención presidencial logró frenar el despido de 350 trabajadores de la empresa Easy, del grupo Cencosud, propietaria, además de Disco, Vea, Jumbo y el shopping Unicenter. Hoy, directivos de esta empresa se reunirán en la sede de Trabajo con el ministro Carlos Tomada para imponerlo de la situación por la que atraviesan.
El diario La Nación de ayer lunes, en tanto, dio cuenta del peligro que corre la continuidad laboral de unos 600 empleados de Renault y el martes está previsto que Tomada reciba a los presidentes de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), Jorge Brito; de la Asociación de Bancos de la República Argentina (ABRA), Mario Vicens; y de la Asociación de Bancos Públicos y Privados (ABAPPRA), Mercedes Marcó del Pont.
Los empresarios le prometieron al gobierno poner todos sus "esfuerzos" para evitar los despidos, pero admitieron que podría haber suspensiones y cesantías en el corto plazo.
“Si el derrumbe global se agrava –informó el diario porteño- podrán registrarse despidos en gran escala en los sectores de mano de obra intensiva: construcción, textiles y automotrices, entre otros”.
Leer todo el artículoPor todo esto, el gobierno impulsa la aplicación de una herramienta vigente en la ley 24013 y que establece la obligatoriedad de las empresas de presentar, con anticipación a la toma de medidas que afecten a sus trabajadores, un “procedimiento preventivo de crisis”.
Dice el artículo 98 de la mencionada ley, que es heredera de los principios de la “flexibilidad laboral”, que “con carácter previo a la comunicación de despidos o suspensiones por razones de fuerza mayor, causas económicas o tecnológicas, que afecten a más del 15 por ciento de los trabajadores en empresas de menos de 400 trabajadores; a más del 10 por ciento en empresas de entre 400 y 1.000 trabajadores; y a más del 5 por ciento en empresas de más de 1.000 trabajadores, deberá sustanciarse el procedimiento preventivo de crisis”.
Este mecanismo prevé, según explicó Gabriel Miró, -asesor del ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada- que las empresas que prevean la necesidad de disminuir sus plantas de personal “deben acreditar fehacientemente su situación mostrando, ante la Subsecretaría de Trabajo local, sus balances y pruebas documentales que acrediten su quebranto y la posibilidad del despido o suspensión de personal”.
Luego, la oficina pública establece una audiencia a la que se cita, con 48 horas de anticipación, al sindicato respectivo para que dé o no su conformidad.
En caso de no existir acuerdo en la audiencia, el mecanismo legal instruye a habilitar un período de negociación entre el empleador y la asociación sindical, el que tendrá una duración máxima de 10 días.
“Esto es un remedio que busca, precisamente, evitar despidos y suspensiones”, señaló Miró, aunque admitió que puede haber empresas que no cumplan con lo establecido por la ley y que, por lo tanto, deben atenerse a sanciones y consecuencias.
MDZ Online, 20 – 10 – 08
La Quinta Pata
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