El fin de un negociado es positivo, pero no hay que olvidar que subsisten varios

Emilio Marín

Por mera coincidencia, el rescate previsional se produjo el 20 de noviembre, día de la soberanía. No hay que pensar por eso que los senadores tienen la voluntad patriótica de Lucio Mansilla y los defensores de Obligado.

Al cabo de once horas de debate, sin Cleto Cobos en la presidencia del Senado y sin el gran entregador de la jubilación estatal en su banca, Carlos Menem, una votación de 46 senadores contra 18 sepultó el sistema de administradoras privadas. El delirio de estas, de que la votación fuera similar al de julio, cuando el mendocino ladino desempató a favor de los sojeros, no tuvo visos de realidad. Cómo habrá sido de despareja esa pulseada que el kirchnerismo no se sintió en la obligación de movilizar ni un solo colectivo con simpatizantes a la puerta del Congreso. Lo vio como un mero trámite.

Dos factores de gran peso habían predeterminado ese final anunciado desde el momento en que la presidenta anunció el rescate desde la carpa del ANSES.

Uno, el descrédito de las administradoras, que no podían levantar ninguno de los tantos argumentos en su contra. Por caso el de las elevadas comisiones que cobraban por una gestión que podía ser deficitaria, como lo era.

Dos, la debilidad de la llamada "Patria Financiera" -dueña en verdad de las diez AFJP sobrevivientes del experimento neoliberal de 1994-, en medio de la crisis financiera internacional. Arrastrando un desprestigio extremo, aquí y en el mundo, no pudo articular una campaña fuerte para impedir que el Estado volviera a administrar los fondos jubilatorios.

Eso no quiere decir que no tuviera hasta el final algunos defensores acérrimos, como Elisa Carrió, Mauricio Macri y el diario "La Nación", entre otros. La pitonisa del fin del mundo instruyó a sus senadores, especialmente a la hija del fallecido privatizador de YPF, para que votara en forma adversa. El PRO llegó a enviar una carta a Cobos donde hacía este insólito pedido: "en caso de vetar dicho proyecto usted hará un bien enorme a la República Argentina y obrará en defensa de la libertad y de la propiedad privada de los ciudadanos". Y Joaquín Morales Solá, en la tribuna de doctrina financiera, aseguró que "Argentina, en efecto, se despidió del mundo por mucho tiempo porque rompió cualquier noción de reglas del juego previsibles y desconoció el derecho a la propiedad".
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Más recatados, pero igualmente dolidos por la reestatización previsional, estuvieron los dirigentes de la Asamblea Empresaria Argentina y la Unión Industrial. Sin embargo estos capitalistas son pragmáticos y setenta de ellos estuvieron en la comitiva encabezada por Cristina Fernández que recorrió el norte de África. El vice de la UIA, De Mendiguren, estaba chocho por la posibilidad de radicar armadurías en Túnez porque desde allí podría exportar a Europa sin pagar aranceles. Ellos también criticaron el final de las AFJP.

Que la nueva ley sea positiva y abra una perspectiva mejor para los jubilados no quiere decir que sea la panacea para la tercera edad. El ombudsman Eugenio Semino pidió que se fijara el haber mínimo de los jubilados en el mínimo de los activos: 1.280 pesos. Eso no ocurrirá, lamentablemente, por falta de decisión política del gobierno.

También fue interesante escuchar levísimas autocríticas a varios privatistas de 1994, como los senadores Julio Miranda y César Gioja, y la defensa bíblica que hizo Nanci Parrilli de su hermano Oscar, en su momento miembro informante del proyecto privatizador. Algunos políticos deben ser el material más fácilmente reciclable que existe.

La crisis sigue andando
La crisis sigue andando en el mundo. Un dato de la economía global es que el Citigroup decidió recortar 52.000 empleos en el mundo, como quien dice que va a podar un rosal en primavera. Del lado político, la continuidad del problema se advierte en el mal trago que debió pasar estos días George Bush en la cita de la APEC en Perú, mal tratado por la mayoría de las organizaciones sociales limeñas.

Otras muestras de esa crisis tienen su impacto casi directo en Argentina, como la amenaza de las tres grandes automotrices de Estados Unidos, que claman por créditos de la administración de su país bajo amenaza de que tres millones de empleos caerán al abismo.

Y antes de que se produzca esa tragedia, ya en nuestro país empezaron a empujar personas a ese destino, como hizo General Motors con 438 operarios de su planta de cercanías de Rosario. Ahora la firma pretende una solución similar, con despidos de la mitad de esa cifra y suspensión hasta mediados de 2009 de la otra mitad.

Estas terminales tienen previsto terminar 2008 con una producción y venta de 620.000 unidades, el cincuenta por ciento más que en 1994, año del boom automotriz de Menem y Domingo Cavallo.

El diputado Héctor Recalde, asesor de la CGT, ha sido uno de los más filosos críticos de los "despidos por si acaso" y de los despidos decididos por las multinacionales en Detroit y efectivizados en ciudades argentinas.

Recalde es autor de un proyecto de ley, ya entregado a Hugo Moyano, que prevé penalizaciones y multas para las compañías que despidan arbitrariamente y que dispone de doble y hasta triple indemnización a los cesanteados, según quién y cómo hubiera despedido.

Moyano puso ese proyecto "al frío", según propia confesión, o sea a medio camino entre el frezeer y el calor de estos días, superior a los 30 grados. Aún con ese trámite dilatorio, que obedece a una negociación con el gobierno nacional, la actitud del secretario de la CGT empieza a ser otra respecto a la pusilánime que tuvo hace tres semanas, cuando negaba la existencia de despidos y suspensiones. Ahora duda en qué hacer frente a un problema que ya está inventariado por el ministerio de Trabajo: hay 11.974 despidos, suspensiones y personal con vacaciones adelantadas. Sería mejor que la CGT, la CTA y el gobierno reaccionen ahora que el drama recién empieza. Después puede ser tarde.

Dos políticas
Encima el director gerente del FMI, Dominique Strauss-Khan, ha declarado que la crisis durará al menos hasta finales del año próximo y que puede haber nuevas "catástrofes" según como se comporten los banqueros.

Los empresarios argentinos realizarán mañana y pasado su XIV Conferencia de la UIA, donde expondrán cuál es su política para la coyuntura: que el gobierno les asegure una reforma de la ley de ART para bajar costos laborales, que les permita más desgravación de ganancias y que les ofrezca créditos ventajosos. Se supone que si el Estado les concede todas estas condiciones y ventajas, los industriales presididos por José Luis Lascurain, que se reporta al grupo Techint, harían "todo lo posible" para mantener las fuentes de trabajo.

En realidad buena parte de esos industriales está chantajeando a su personal, y a los respectivos sindicatos -que no necesitan recibir mucha presión para ir hacia atrás- para que admitan congelamiento salarial e incluso suspensiones con rebaja de salario, a cambio de no despedir.

Para esas mentalidades no precisamente del siglo XXI, no se pueden impedir los despidos, llegado el caso. En un debate de TV con Recalde y el secretario de ATE nacional, Pablo Miceli, el abogado de empresas Julián de Diego llegó a decir que prohibir por ley los despidos era tan ridículo como "prohibir la ley de gravedad".

Ciertos defensores del capitalismo, aún el de la cara más salvaje, creen que sus lacras son comparables o idénticas a las leyes de la naturaleza. Sin embargo, como quedó dicho, en su XIV Conferencia Industrial no le van a pedir créditos a la pachamama sino a la presidenta de la Nación.

Néstor Kirchner, al hablar en el acto de reelección de Moyano al frente de la Federación de Camioneros, en Necochea, expresó que "sería lamentable pensar que este problema se soluciona ajustando trabajadores". Prometió que "la variable de ajuste no va a ser el empleo".

Sería muy bueno que esa promesa no quede en meras palabras y se lleve a la práctica, como ocurrió con la ley suprimiendo las AFJP y también con la reestatización de Aerolíneas. Esta última fue intervenida judicialmente, luego que los españoles de Marsans designaran un nuevo gerente y desconocieran la valuación de la compañía hecha por el organismo competente del Estado y avalada por la Comisión Bicameral.

Por cierto que elegir un rumbo nacionalista no será como caminar sobre un lecho de pétalos de rosas. En ese caso ya se vio que Marsans, carta de por medio a la presidenta, dio un plazo de una semana, en un ultimátum, antes de acudir al tribunal arbitral del Banco Mundial (Ciadi).

Para medir cuál es el grado de voluntad que tiene el gobierno de Cristina para enfrentar la crisis internacional no hay que detenerse a ver cuánto maltrata ella y su marido a Cobos, ni en si trae o no de Egipto la muestra artística de Tutankamon. El test sería si anula o no el sistema de ART, mellizo del curro de las AFJP. Si recupera o no el petróleo y el gas, de manos de Repsol, Petrobras y Pan American Energy. Y, la prueba de fuego, si se anima a dejar de pagar la deuda externa, previa auditoría, como acaba de hacerlo Rafael Correa en Ecuador. Por ahora el pronóstico es que no se atreverá a tanto. Para entrar o para salir de la crisis hay dos políticas básicas, pero ya se sabe que el justicialismo se precia de ser la tercera posición.

La Arena, 23 – 11 – 08

La Quinta Pata