El ex jefe del área de Inteligencia del RIM 22, Jorge Antonio Olivera debe responder por delitos cometidos durante el proceso.
San Juan. El mayor retirado del Ejército y abogado Jorge Olivera fue llevado ayer a los tribunales federales de la provincia para prestar declaración indagatoria por primera vez en las causas en que está acusado de secuestros, torturas y desapariciones y luego fue trasladado nuevamente a la cárcel, informaron fuentes judiciales.
El traslado de Olivera, que llevaba gorra y chaleco antibalas, desde el penal a la sede del juez federal Leopoldo Rago Gallo, se hizo a primera hora, las 7 de la mañana, pese a que la audiencia estaba prevista a partir de las 9.30, aparentemente para evitar escraches al militar.
Así, Olivera llegó pasadas las 7 y alrededor de las 13 salió a bordo de una camioneta de la fuerza especial GERA de la policía provincial rumbo al penal de Chimbas, donde está detenido en un pabellón especial desde el viernes pasado.
A las puertas de los tribunales se congregaron algunos familiares de las víctimas y militantes de organismos de derechos humanos, algunos de los cuáles golpearon una de las ventanas de la planta baja de la sede judicial, por lo que hubo un refuerzo de la guardia policial en el lugar.
Olivera, ex jefe de Inteligencia del Regimiento de Infantería de Montaña (RIM) 22 que estaba prófugo y fue capturado la semana pasada en la ciudad bonaerense de Vicente López, está imputado en la causa que investiga 47 casos de torturas y desapariciones en San Juan durante la dictadura militar.
Entre otros, por el caso de la jueza Margarita Camus (nieta del ex gobernador peronista Eloy Camus), secuestrada desde 1976 a 1981, y el de la joven franco-argentina Marie Anne Erize Tisseau, secuestrada el 15 de octubre de 1976 y desaparecida desde entonces.
En 2000, Olivera, que en los últimos años trabajó de abogado en el foro porteño defendiendo, entre otros, al represor Guillermo Suárez Mason, fue detenido en Italia a pedido de un juez francés por el caso Erize, pero fue liberado gracias a un certificado de defunción falso de la joven, que desde Buenos Aires supuestamente habría enviado su defensa.
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