La acumulación de causas por derechos humanos posibilitaría el avance de los juicios en Córdoba

Natalia Calderón Álvarez

Esto fue reconocido por el fiscal General del Tribunal Oral 2 de Córdoba (TOF2), Fabián Asís. Cerca de 400 causas por delitos de lesa humanidad podrían ser agrupadas en tan sólo 4 “megacausas”, si se sigue la recomendación de la Procuración General de la Nación.

La posibilidad de acumular las causas por delitos de lesa humanidad -crímenes cometidos durante la última dictadura militar argentina- en la provincia de Córdoba se da a partir de la recomendación hecha por la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado, dependiente de la Procuración General de la Nación.

Precisamente, el titular de dicho organismo, Esteban Righi, lanzó en la resolución 13/08 las recomendaciones pertinentes a la acumulación de causas judiciales para acelerar los procesos judiciales -sobre todo en lo respectivo a la etapa de instrucción-. Y así “poner fin a la situación de incertidumbre que conlleva toda investigación penal abierta” y que “se cumpla en un plazo razonable con el deber del Estado de investigar y sancionar las graves violaciones de los derechos humanos”, tal como rezan las consideraciones de dicha resolución.

En mayo de 2008, la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento acordó con la Fiscal a cargo de la instrucción de las causas por delitos de lesa humanidad en la provincia de Córdoba, Graciela López de Folñuk, la promoción del reagrupamiento de una serie de casos para poder lograr “juicios significativos” (en cantidad de hechos e imputados).

En diálogo con Télam -citado por el diario virtual patagonico.net, de Chubut-, Asís afirmó que "la Procuración de la Nación instruyó a los fiscales federales (…) por lo tanto, nosotros no podemos hacer caso omiso a una instancia superior, pero también porque no veo otra forma para avanzar en los procesos judiciales" y agregó que "no hay que verlo solamente desde el punto de vista de la economía procesal, sino también porque se debe velar por la integridad de las víctimas, sus familiares y los testigos".
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La recomendación de la Unidad Fiscal prevé cuatro grupo de casos en los que “cabe concentrar esfuerzos” y estudiar sus características por separado. El primer grupo corresponde a los casos de secuestros, torturas y homicidios anteriores al golpe de Estado de 1976, con epicentro en el Departamento de Informaciones Policiales D2 y el Centro Clandestino de Detención (CCD) “La Ribera”, con participación de miembros de la policía provincial y de fuerzas del Destacamento de Inteligencia 141. En segundo lugar se encuentran los casos relacionados con personas detenidas y trasladadas al D2 con posterioridad al 24 de marzo de 1976. El tercer grupo lo componen los casos estudiados en la causa número 10361, relacionados con la cárcel de barrio San Martín. Por último, se ubican los casos de los detenidos en el CCD “La Perla”, correspondiente a la mayor cantidad de víctimas de la dictadura en Córdoba. La recomendación señala que “si se quiere reflejar procesalmente lo sucedido en la provincia durante la dictadura debe ponerse inmediatamente atención en La Perla”.

Es importante destacar que esta medida fue bien recibida por todos los involucrados en la búsqueda de justicia. El secretario de Derechos Humanos de la provincia de Córdoba, Raúl Sánchez, según cita patagonico.net, calificó como "correcta" la recomendación y necesaria, ya que permite "ganarle al tiempo para que los responsables de los delitos enfrenten los juicios y sean condenados". Afirmó así lo imperioso que resulta la acumulación de causas judiciales de similares características, para evitar procesos judiciales individuales excesivamente largos y la imposibilidad de juzgar a los culpables –muchos de ellos de avanzada edad o ya fallecidos-, favoreciendo así la impunidad de los mismos.

También desde los sectores defensores de los derechos humanos se ha reconocido que "en el 2011 podrían comenzar a cerrarse los juicios en Córdoba", como indicó el abogado Martín Fresneda, integrante de la agrupación Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.) y querellante en el juicio que condenó al represor Luciano Benjamín Menéndez.
Entretanto, resta esperar la implementación de esta resolución de la Procuración General de la Nación en las causas por lesa humanidad correspondientes a la provincia de Mendoza, en donde cerca de 140 causas aún se encuentran en proceso de instrucción y sólo 4 tienen pedido de elevación a juicio oral. Al tratarse de una resolución a nivel nacional, dictada por el Ministerio Público y Fiscal, debe aplicarse en todos los juzgados federales del país, tal es el caso del juzgado número 1 a cargo del Dr. Walter Bento. Sin embargo, esta dependencia aún no se ha pronunciado en cuanto a implementar un reagrupamiento de causas similar a lo que planea hacerse en Córdoba.

ATPA, 14 – 11 – 08

La Quinta Pata