Qué hacer tras la reestatización de las AFJP

Claudio Lozano

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Cinco definiciones que podrían adoptarse para parar a la Argentina de manera adecuada frente al contexto de la crisis mundial.

La decisión oficial recupera una de las fuentes de financiamiento público que se había perdido en el marco de la regresiva experiencia de los noventa. Decimos una porque sigue quedando pendiente la posibilidad de restituir las contribuciones patronales a los niveles que estas tenían en 1993. Debe consignarse que esta sola decisión, en caso de adoptarse excluyendo a las pequeñas y medianas empresas, implicaría recuperar casi $10.000 millones anuales de recaudación previsional. Obsérvese que esta cifra sumada a los casi $15.000 millones que se recuperan por aportes de los trabajadores a las administradoras que a partir de ahora irán a financiar el sistema público supondrían un financiamiento anual de $25.000millones. Además, la reestatización implica absorber cerca de $43.000 millones de deuda pública (títulos que están en poder de las administradoras) y casi $10.000 millones de fondos en plazos fijos. De más está decir que esta decisión sumada a la puesta en marcha de una reforma impositiva y a la recuperación de la renta petrolera podría ser el punto de apoyo para una agenda que permita parar a la Argentina de manera adecuada frente al contexto de la crisis mundial. Para todos los que bregamos desde siempre y que acompañamos esta decisión, sería deseable precisar cinco definiciones que podrían adoptarse de manera inmediata:

1) Debería darse de baja la deuda pública con los fondos de pensión ahorrando vencimientos futuros de capital e intereses, consolidando la posición fiscal y asumiendo el compromiso por parte del Estado con respecto a afrontar los déficits futuros del sistema previsional. Esto sería factible ya que las cuentas particulares que pasan al Estado no pasan como cuentas de ahorro individual sino como años de servicio reconocidos. Por tanto, en el marco de un sistema de reparto intergeneracional donde los aportes de hoy financian los haberes de hoy, la propuesta planteada sería factible.
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2) En el marco del nuevo financiamiento disponible, los mayores ingresos previsionales permiten también abrir la discusión sobre el reparto de los fondos entre la Nación y las provincias. Está claro que hay recursos provinciales que comenzaron a financiar el sistema previsional luego de la privatización del mismo. A partir de ahora, si bien debe mantenerse un aporte impositivo como condición de un sistema que no posibilita la jubilación de todos (hay 15 millones de afiliados al sistema y sólo 6 millones de aportantes, por lo tanto más de 8 millones tendrán problemas para jubilarse), parecería posible restituir financiamiento a los Estados provinciales en un contexto donde esto resulta indispensable y donde las provincias siguen concentrando una parte significativa del gasto destinado a resolver los problemas de la gente ( Ej: Salud, Educación, Desarrollo Social, Seguridad, Justicia.).

3) Los mayores recursos posibilitan también replantear seriamente la discusión sobre la movilidad de los haberes previsionales no sólo garantizando el vínculo entre aumento salarial e incremento de las jubilaciones sino también recuperando la estructura y terminando con la situación vigente en la cual casi el 80% de los jubilados percibe la mínima. Es decir, llevando la estructura de los haberes al nivel que les correspondería en base al pago de la movilidad. Esto supondría una inversión de unos $7.000 millones anuales.

4) Tendríamos recursos también para ampliar el concepto de Seguridad Social y poner en marcha una estrategia de atención a la niñez, reemplazando el actual sistema de asignaciones familiares por la puesta en marcha de una asignación universal por hijo que permitiera eliminar ya la indigencia en el país, y desterrando las propuestas fascistoides que se escuchan y que promueven el objetivo de bajar la edad de imputabilidad de los mejores ( Ej. Caso Scioli en la provincia de Buenos Aires).

5) Habría recursos también para retomar el control sobre la petrolera estatal (YPF), para –al tiempo de recuperar soberanía sobre un recurso estratégico– estar en capacidad de disponer de una renta petrolera que supera los U$S13.000 millones.

En síntesis, ahorrar deuda, coparticipar recursos, dotar de movilidad al sistema previsional, instituir políticas universales sobre la niñez y recuperar nuestra empresa petrolera son definiciones para una agenda estratégica que nos permita enfrentar el nuevo contexto mundial. Agenda que se basa en el criterio de que la crisis abre una oportunidad y que aprovecharla requiere de cuatro lineamientos fundamentales. A saber: proteger a la población más vulnerable, defender el mercado interno y la producción local, reubicar al Estado como actor central en el proceso de inversión y profundizar la integración de América Latina.

* Diputado de Buenos Aires para todos en Proyecto Sur
Crítica digital, 16 – 11 – 08

La Quinta Pata