Comunicado del Área de Recursos Naturales
Por tan sólo 20 días, Argentina fue el primer país en Latinoamérica en proteger por ley esta importante fuente de agua dulce como son los glaciares: sancionada el 22 de octubre pasado, este martes fue vetada por la Presidenta de la Nación. ¿Las razones para el abrupto cambio de decisión? De acuerdo a los términos del decreto del ejecutivo, no quedan dudas: la presión de las empresas mineras.
Se desperdició así una importante oportunidad de cambiar aunque sea en parte, las leyes y los tratados aprobados en la década del menemismo, de completa entrega de los recursos naturales de nuestra cordillera a las empresas extranjeras.
La Ley de Protección de Glaciares prohibía realizar en ellos actividades como la liberación de sustancias contaminantes, la exploración y explotación minera y la instalación de industrias; entre otras. Pascua Lama, el proyecto canadiense en construcción para extraer oro y plata en la Provincia de San Juan, ha intervenido ya varios glaciares. El tratado minero argentino-chileno, plantea cientos de proyectos en carpeta para ser aprobados en toda la cordillera.
El decreto establece que: "Gobernadores de la zona cordillerana han manifestado su preocupación con lo dispuesto por la norma sancionada, toda vez que repercutiría negativamente en el desarrollo económico y en las inversiones que se llevan a cabo en dichas provincias". "La prohibición de la exploración y explotación minera o petrolífera, incluyendo en dicha restricción aquellas que se desarrollen en el ambiente periglacial saturado en hielo, daría preeminencia a los aspectos ambientales por encima de actividades que podrían autorizarse y desarrollarse en perfecto cuidado del medio ambiente".
El agua de los ríos cordilleranos depende en gran parte de los glaciares y de la nieve, especialmente en Cuyo. Las actividades extractivas como la minería y el petróleo, causan un impacto irreversible. Afectar con ellas las reservas de agua más importantes que poseemos contradice la idea misma de desarrollo. Vincular a la actividad minera con un supuesto desarrollo de las regiones es un grave error: se llevan mucho más de lo que dejan, aun contando la recaudación fiscal para las provincias. El veto de esta ley significa una grave equivocación de la presidenta al momento de fijar prioridades.
Silvia Ferreira, Coordinadora del Área de Recursos Naturales, Movimiento Libres del Sur
Movimientos Barrios de Pie, 15 – 11 – 08
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