Samuele Mazzolini
El Presidente ecuatoriano Rafael Correa ya ha dado claras señales acerca de la intención de su gobierno de tomar pasos decisivos para encarar el problema de la deuda externa, que ha sido y sigue siendo una de las cargas más grandes que inciden en la economía y sociedad ecuatorianas.
En los últimos 25 años, el Ecuador ha gastado aproximadamente el 40% de su presupuesto anual para cancelar la deuda, un proceso que ha contribuido al desmantelamiento gradual de la provisión estatal de los servicios más básicos. En vez de dedicar sus recursos a la mejora de los sectores estratégicos, como la salud, la educación y la infraestructura, en los cuales ha sido negligente como mínimo, el Ecuador ha sido extremadamente puntual y obediente en el pago de la deuda. Este celo ha sido también la causa de un ulterior endeudamiento por el frente interno. La falta de fondos para encauzar hacia la banca extranjera ha llevado a la acumulación de deuda interna. En la década de los noventa, la emisión de bonos del Tesoro ha sido el mecanismo básico a través del cual la deuda externa fue disminuida al coste de incrementar la interna, con el resultado neto de aumento a la deuda total, en un círculo vicioso donde el papel jugado por políticos y burócratas corruptos ha tenido un impacto muy importante.
En un evento emocional al frente de un público compuesto por activistas políticos y sociales que por años han luchado contra la deuda externa en el país, el reporte de la Comisión de Auditoría de la Deuda Externa, una iniciativa lanzada por el gobierno al principio de su mandato, ha sido entregada al Presidente.
El reporte de la comisión ha suscitado reacciones muy fuertes. La comisión ha adoptado una visión diferente de la norma convencional que trata cualquier contrato estipulado como una obligación que hay que honrar a toda costa, y ha adoptado el concepto de la deuda ilegítima, avanzada por el académico Joseph Hanlon. Esta nueva noción hace referencia a todos esos tramos de la deuda que han sido contraídos en violación abierta de la ley vigente, o que son simplemente inmorales, injustos, y perjudiciales para el bien público. De tal manera, todas las deudas externas e internas que hayan sido contraídas a través de fraudes, tasas de interés flotantes, o a través de actos de corrupción, diseñados claramente para favorecer los intereses de los acreedores a expensas de los de los deudores, han sido consideradas ilegítimas.
Leer todo el artículoEl reporte ha también atribuido responsabilidades individuales en la contracción de deudas fraudulentas e ilegítimas, poniendo bajo el reflector la complicidad de casi todo los ex-presidentes a partir del retorno a la democracia en 1979. Entre estos, la actuación de Sixto Durán Ballén, también ex embajador ecuatoriano en Londres, sobresale. Bajo su presidencia entre 1992 y 1996, el Ecuador renunció unilateralmente al derecho de no pagar un tramo de su deuda, concedido por la prescripción. No es descartable que algunos ex oficiales y políticos sean enjuiciados pronto en el Ecuador.
Correa no ha dudado en lanzar una campaña internacional sobre la deuda externa, y de momento está tratando de encontrar los instrumentos legales para anular la deuda ilegítima. Según el reporte, la ley internacional provee al Ecuador con un número de instrumentos para abogar la cancelación de algunas partes de sus obligaciones monetarias. El concepto Rebus Sic Stantibus, presente en la Convención de Viena del 1960, declara que si un cambio radical ocurre en las circunstancias vigentes en el momento de la estipulación del contrato, y este cambio influencia las obligaciones pendientes programadas por el contrato mismo, entonces el partido afectado puede pedir su suspensión o cancelación. La declaración más ambiciosa de Correa sin embargo, ha sido su llamado a la creación de un tribunal internacional sobre el arbitraje de la deuda soberana en la búsqueda de una solución global al problema de la deuda externa. Ha declarado que “no habrá una solución integral al problema de la deuda externa si la arquitectura financiera internacional no es reformada.”
Es también importante mirar al lado de la oferta del problema, y analizar cómo la contracción de la deuda ha sido a menudo inducida por la presión de los bancos internacionales, que han visto los políticos del mundo en vía de desarrollo como unos clientes fáciles con una escasa inclinación a ser transparentes hacia el propio electorado.
La medida del gobierno ecuatoriano ha conducido a una dura reacción por parte de Brasil. Brasil, a través de su banco estatal de desarrollo BNDES, ha prestado al Ecuador una sustancial cantidad de dinero en los últimos años. El pago de una parte de esta cantidad ha sido cuestionada por Correa: en particular, el Ecuador ha avanzado una demanda de arbitraje en la Cámara de Comercio Internacional en París, contra un préstamo que sirvió para la construcción de una central hidroeléctrica. Las obras fueron asignadas a Odebrecht, una empresa constructora brasilera.
La central, que fue entregada al gobierno con anticipación, demostró estar plagada por una serie de fallas técnicas, que paralizaron sus operaciones por varios meses. Consecuentemente, Odebrecht fue expulsada del país, por no querer asumirse la responsabilidad del entero coste de reparación. El embajador brasilero en Quito ha sido retirado hace algunas semanas, en una clara intensificación de las tensiones entre los dos países. Algunas noticias no confirmadas han sugerido que Brasil podría haber amenazado el Ecuador con represalias comerciales.
La propuesta ecuatoriana ha encontrado una reacción muy diferente por parte de los países afiliados a la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), durante su última reunión en Caracas, en la cual Correa ha participado como miembro observador. Particular entusiasmo entre los países centroamericanos ha surgido hacia la propuesta, tanto así que Correa ha sido invitado por el presidente hondureño Manuel Zelaya, a explicar el caso ecuatoriano en una próxima conferencia internacional sobre la deuda externa.
La iniciativa de Ecuador podría jugar un rol importante en una nueva negociación colectiva de los países del Sur contra los intereses de los banqueros internacionales. Desde el estallido de la crisis de la deuda en 1982, no ha habido ningún serio intento por formar un cartel entre las naciones deudoras. Aunque los días más duros de la crisis han pasado, la deuda sigue siendo un obstáculo muy pesado para los países en vía de desarrollo, impidiendo la inversión en las áreas sociales, obligando el estado a no pagar los salarios y las pensiones de la gente, y reduciendo las posibilidades para una intervención positiva del estado en la economía.
En contraste, la posición de Brasil no ayuda de ninguna manera, y mina la propuesta ecuatoriana de gozar del apoyo y de la legitimidad regional que merece plenamente.
KAOSENLARED (Tomado y traducido de London Progessive Journal), 12 – 12 – 08
La Quinta Pata
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