Quito. El ministro Coordinador de la Economía, Diego Borja, afirmó hoy que el gobierno ecuatoriano presentará en breve una solución integral al tema de la deuda externa declarada ilegitima e ilegal.
Estamos cerca de presentar una decisión en torno al débito calificado de ilegitimo por una comisión auditora en noviembre último, resaltó Borja.
Puntualizó que representantes de las firmas que asesoran al Ejecutivo en el tratamiento de este asunto aportarán sus criterios y sugerencias y será esta administración la que proponga una solución.
Se trata de dos empresas consultoras que trabajan con gobiernos, no con acreedores, por lo cual no va existir aquí problema de que una es juez y parte, como ocurrió antes, aseveró.
El frente económico del ejecutivo sostuvo ayer un encuentro con Michelle Lazard, principal de la firma francesa Lazard que asesora al país en el tema financiero y busca una salida a la moratoria de deuda declarada en noviembre último.
En dicha reunión participaron especialistas de la firma inglesa Clifford and Chance, contratada para examinar la parte jurídica de este asunto.
Borja destacó que estudiarán las propuestas de las dos compañías para luego entregar un informe al presidente del país, Rafael Correa.
El mandatario declaró a finales del año pasado una moratoria en el pagos a los bonos Global 2012 y 2030, al considerar que hubo irregularidades, anomalías y hasta presiones en las negociaciones de los mismos.
Estos dos tramos de la deuda ecuatoriana, ascendente a poco más de 10 mil millones de dólares, fueron declarados como ilegítimos.
Se trata de un monto comercial que totaliza tres mil 210 millones de dólares.
Analistas económicos señalan que la administración nacional debe anunciar una decisión antes del domingo venidero, cuando se cumple el plazo para cancelar 135 millones de dólares, correspondientes a intereses de los Global 2030.
Para Borja, esos papeles, los 2012 y 2030 tienen un origen ilegal, pues salieron de la reestructuración de los bonos Brady, cuya negociación es considerada ilegítima e ilegal.
PL, 13 – 02 – 09
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